Autor: Víctor Reyes

La sociedad chilena suele definirse a sí misma a través de una épica de la solidaridad, somos el país que se levanta de los terremotos y el que comparte el pan cuando la desgracia aprieta. Sin embargo, en el reverso de esa medalla dorada habita un ecosistema de malas prácticas y vicos culturales tan arraigados que ya forman parte de nuestra identidad nacional. Vivimos bajo la sospecha constante de que el entorno intenta estafarnos, una paranoia justificada por la realidad cotidiana. Desde el taxista que decide hacer un tour panorámico no solicitado para inflar la tarifa al turista o al pasajero distraído, hasta el mecánico que diagnostica una falla catastrófica que se soluciona apretando un tornillo, la sensación de estar a punto de ser embaucado es una constante. Esta cultura de aprovecharse con malas prácticas de los otros se profesionalizó con las estafas telefónicas. Es casi un rito de iniciación recibir una llamada desde algún centro penitenciario donde un supuesto policía, con un tono de voz sorprendentemente amable, te informa que un familiar sufrió un accidente y que la única forma de salvarlo es transfiriendo dinero a una cuenta. O peor aún, el clásico mensaje de texto de una empresa de encomiendas que retuvo un paquete que jamás compraste, esperando que hagas clic en el enlace de la perdición. En el centro de estas prácticas opera una distorsión de la verdad. La mentira en Chile es un lubricante social. Está la “mentirita piadosa”, el “voy saliendo” cuando apenas estás saliendo de la ducha, o el “te transfiero al tiro” que estira el pago hasta el próximo mes. Hemos normalizado el engaño de baja intensidad como una forma de cortesía o de supervivencia, transformando la palabra empeñada en un pagaré sin fondos. A esto se suma el arribismo, esa necesidad neurotizante de aparentar un estatus económico y social que no se tiene. El chileno promedio es capaz de endeudarse a cien cuotas con un interés usurero para lucir el último modelo de celular o para ostentar unas vacaciones en el extranjero. El arribismo se manifiesta también en el lenguaje, en el esfuerzo cómico por matizar el acento según el código postal o en el uso pretencioso de tecnicismos en inglés para validar términos que perfectamente pueden explicarse en español. Y si el arribismo es el motor del consumo, la envidia es el freno de mano emocional del país. El éxito ajeno se perdona poco. Cuando a alguien le va bien, la primera reacción colectiva rara vez es el apoyo, es la sospecha. “¿En qué andará metido?”, “Seguramente en algo malo”, son las frases comunes para procesar el triunfo del otro. Finalmente, no se puede obviar el egoísmo vial y el desprecio por el espacio público. El peatón que no respeta la luz roja, el conductor que bloquea una intersección porque “su tiempo vale más que el del resto”, o la persona que arroja basura a la calle asumiendo que el espacio común es responsabilidad de un tercero invisible. Estas conductas revelan una alarmante falta de civismo, una desconexión con la idea de comunidad. Preferimos el beneficio inmediato y microscópico antes que el bienestar colectivo. Al final del día, estas malas prácticas configuran un paisaje social complejo: un país que sueña con el desarrollo y la modernidad, pero que tropieza a diario con los vicios de su propia idiosincrasia. Según lo informado por El Divisadero, esta crisis de confianza y ética no solo afecta a los servicios básicos como transporte y comunicaciones, sino también la percepción de seguridad en comunidades rurales y urbanas, donde la desconfianza se convierte en un obstáculo para la colaboración y el desarrollo sostenible.

Las autoridades gubernamentales y municipales de la Región de Aysén se ven cada vez más presentes en redes sociales, donde registran reuniones, visitas y actividades como si fueran contenido para un diario digital. Esta práctica, aunque legítima, plantea una cuestión: ¿comunicar es suficiente para gobernar? Según se mencionó en El Divisadero, una publicación cuidadosamente editada puede mostrar una imagen impecable de una actividad, pero no refleja las conversaciones, las demandas ni las expectativas de quienes habitan las comunidades. En contextos como Aysén, donde el acceso a servicios es limitado y las problemáticas locales son complejas, la distancia entre lo que se muestra y lo que se vive en terreno puede generar desafíos reales para la ciudadanía. Trabajar en el territorio no consiste solo en grabar un video y publicarlo; implica escuchar, recoger demandas y responder a las necesidades cotidianas de las personas, desde el acceso a la salud hasta la seguridad en las carreteras. La ciudadanía tiene derecho a informarse por sus canales preferidos, pero también a que sus autoridades estén disponibles para conversar, explicar y escuchar, no solo para mostrar gestión. El verdadero desafío es que la gestión pública exista más allá de las publicaciones digitales, garantizando un enfoque territorial y ciudadano que aborde las necesidades reales de la región.