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Los diputados René Alinco y Alejandra Valdebenito iniciaron una campaña de firmas para impulsar una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, con el fin de indagar las condiciones de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) en la Región de Aysén y en todo el país. Esta iniciativa surge como respuesta al incendio del 11 de septiembre en el hogar El Edén de Pitrufquén, donde fallecieron 16 personas mayores, y a denuncias recientes en el ELEAM de Coyhaique, donde se han cuestionado las condiciones de atención y funcionamiento. Alinco afirmó que “en Chile, los derechos humanos de nuestros adultos mayores no están siendo respetados”, criticando la respuesta hasta ahora de las autoridades, asegurando que “no se anunció absolutamente nada” por parte del ministerio. La solicitud busca revisar la actuación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Salud, Senama y otros organismos en casos de negligencias o vulneraciones a la dignidad de las personas mayores entre 2019 y 2026. En el caso de Coyhaique, Alinco ha señalado presuntas irregularidades como la falta de insumos básicos, ausencia de profesionales y posibles abusos, derivadas a organismos como la Contraloría Regional de Aysén. La iniciativa menciona 993 establecimientos autorizados y otros 505 sin resolución sanitaria, además de 1.659 fiscalizaciones desde 2023 y cientos de sumarios sanitarios pendientes. Alinco y Valdebenito han planteado que Chile podría enfrentar un “caso Sename de las personas mayores” y han llamado al Congreso a actuar antes de nuevas vulneraciones. Si la iniciativa es aprobada, la comisión tendrá 180 días para investigar y presentar conclusiones, un plazo que busca garantizar transparencia y responsabilidad en la atención de los derechos de los adultos mayores en la región y el país, según se informó en Viento Patagón., según se mencionó en El Divisadero.

La velocidad con la que los países pueden tomar decisiones ha cambiado la forma en que interactúan. Gracias a los avances tecnológicos, lo que antes tomaba meses ahora se resuelve en días e incluso horas. Esta dinámica ha abierto una nueva etapa para América Latina, donde la afinidad entre gobiernos vecinos se ha convertido en un motor de crecimiento. En Brasil, la ciudadanía ha manifestado un despertar frente a décadas de ineficiencia y retroceso, culminando en un resultado inesperado que lleva a la primera vuelta a las posiciones libertarias. Este triunfo, que dejó en claro el descontento con administraciones que, según el análisis, solo enriquecieron a sus líderes y olvidaron el desarrollo sostenible, ha sido recibido con aliento por otros países como Chile, Colombia y Perú, que también se han desvinculado de sistemas autoritarios. Para la Región de Aysén, esta noticia llega como un recordatorio de que los cambios políticos no se limitan a la capital; ellos impactan directamente en servicios, seguridad y calidad de vida de las comunidades. Mientras Brasil celebra un futuro prometedor con una unidad libertaria, en nuestro territorio aún queda por rescatar, y por ahora, como se señaló en el análisis, nos encontramos “al aguaite”. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué harán los gobiernos locales para aprovechar esta ola de cambios y garantizar que los derechos y la estabilidad lleguen también a las zonas rurales y a los municipios más alejados? La noticia fue difundida por medios regionales que han seguido de cerca el proceso electoral brasileño, destacando cómo la voz del pueblo puede transformar escenarios políticos en tiempos récord., según se mencionó en El Divisadero.

La portada de Clarín que circuló en aquellas horas refleja la confusión inicial: llegó a señalar a un supuesto exdetective, José Mosella, como posible autor. De hecho, el propio director de Investigaciones desmintió entonces que Mosella estuviera detenido. La investigación posterior reveló una trama muy distinta y mucho más profunda.

El 22 de octubre de 1970, el comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, fue interceptado cuando se desplazaba por Santiago. El objetivo original era secuestrarlo, no porque Schneider estuviera conspirando, sino precisamente por lo contrario: representaba el principal obstáculo militar para quienes pretendían impedir que el proceso constitucional culminara con Salvador Allende en La Moneda. Schneider sostenía que el Ejército debía respetar la Constitución y la decisión soberana del Congreso Nacional.
La conspiración estuvo encabezada por el general en retiro Roberto Viaux y contó con civiles y militares involucrados en una operación destinada a provocar un hecho de tal gravedad que generara caos político, quebrara la disciplina constitucional de las Fuerzas Armadas y permitiera desencadenar un golpe antes de la ratificación presidencial por el Congreso. Los antecedentes judiciales de la época establecieron que Viaux ordenó reiteradamente el secuestro de Schneider después de fracasar intentos anteriores.

En torno a esa conspiración participaron sectores civiles de ultraderecha y nacionalistas vinculados al naciente movimiento que daría origen a Patria y Libertad. Conviene hacer una precisión histórica: el Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad ya apareció en septiembre de 1970, mientras que el Frente Nacionalista Patria y Libertad, en su organización más conocida, se estructuraría posteriormente. Por eso, atribuir todo el crimen simplemente a “Patria y Libertad” sin mencionar la red de Viaux y los militares conspiradores deja incompleta la historia.

El plan terminó en tragedia. Schneider intentó defenderse con su arma cuando los secuestradores rodearon y atacaron su automóvil. Le dispararon y quedó gravemente herido; falleció tres días más tarde, el 25 de octubre de 1970. El secuestro que debía generar el pretexto para quebrar la institucionalidad terminó convertido en el asesinato del propio comandante en jefe del Ejército.

Y existe además un capítulo internacional que hoy está abundantemente documentado. Los archivos estadounidenses desclasificados muestran que, bajo el denominado Track II, la CIA buscó estimular a militares chilenos para impedir la llegada de Allende al poder. Documentos de la propia Agencia registran contactos con los conspiradores, planes para secuestrar a Schneider, entrega de material al grupo relacionado con el general Camilo Valenzuela y la disposición de recursos económicos para operaciones golpistas. La Biblioteca Nacional de Chile resume que el plan tuvo, en su fase inicial, apoyo financiero y logístico de la CIA. Eso no equivale a afirmar que la CIA haya apretado directamente el gatillo aquella mañana, pero sí demuestra que la conspiración golpista tenía una dimensión internacional que durante décadas fue materia de controversia y que hoy consta en documentación desclasificada.
Schneider no murió por enfrentarse a la democracia.
Murió defendiendo una concepción constitucional del Ejército. Querían sacarlo del camino porque se negaba a convertir las Fuerzas Armadas en instrumento para desconocer el resultado político de 1970. El plan era secuestrarlo, provocar el caos y abrir paso a una ruptura institucional. Schneider se defendió.
Los conspiradores dispararon. Y Chile perdió a su comandante en jefe.
La historia es especialmente incómoda por eso: el hombre que debía ser eliminado para provocar un golpe fue precisamente quien defendía que los militares no podían decidir quién debía gobernar Chile.

La decisión unánime, por 3 votos a 0, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt de acoger el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto abre ahora una nueva etapa judicial.

Y ya no es solo una presunción basada en la estrategia seguida anteriormente por su defensa: desde el entorno del senador confirmaron que recurrirá ante la Corte Suprema para intentar revertir la resolución, repitiendo el camino que utilizó cuando fue desaforado como diputado.

La estrategia contrasta con el discurso público inicial del parlamentario. Cuando la investigación avanzaba, Calisto sostuvo su inocencia y afirmó haber colaborado con el proceso; incluso desde su sector se aseguró públicamente que había entregado antecedentes para facilitar la investigación.

Sin embargo, durante la tramitación posterior, su defensa ha utilizado los mecanismos procesales disponibles para cuestionar actuaciones de la Fiscalía, solicitar reaperturas de la investigación y recurrir a resoluciones adversas. Por ejemplo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó en junio una cautela de garantías con la que su defensa pretendía reabrir la investigación.

Por eso, conviene separar el juicio político de los hechos judicialmente acreditados: ejercer recursos y acciones de defensa es un derecho del imputado y no constituye, por sí mismo, una falta de colaboración ni una admisión de responsabilidad.
Lo que sí está establecido hoy es que otro tribunal de alzada ha considerado que existen antecedentes suficientes para levantar su fuero, esta vez como senador. Calisto mantiene su presunción de inocencia y será la justicia penal —no el desafuero— la que deberá determinar finalmente si existe responsabilidad en los delitos que le atribuye la Fiscalía.