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El caso de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, ha llegado a una de las etapas más importantes del proceso penal. Pero conviene separar los titulares de la realidad jurídica: Barriga aún no ha sido condenada y el juicio oral todavía no comienza. Lo que existe es una acusación formal del Ministerio Público, respaldada por un volumen extraordinario de antecedentes que ahora deberán superar el control judicial correspondiente.
La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a la exautoridad por hechos presuntamente cometidos durante su administración municipal entre 2016 y 2021. Actualmente se le atribuyen fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y negociación incompatible. Según la tesis del Ministerio Público, durante aquella administración se habría desarrollado una estructura destinada a realizar gastos irregulares, ocultar déficits y utilizar recursos municipales para finalidades distintas de aquellas legalmente autorizadas, provocando un perjuicio que la Fiscalía sitúa por sobre los $30 mil millones.

La dimensión probatoria explica por qué estamos frente a un proceso particularmente complejo. La Fiscalía ofreció 15.876 antecedentes documentales, 232 testigos, 13 peritos, 142 pruebas materiales y 3.307 elementos probatorios de otra naturaleza. Por eso es más preciso hablar de 15.876 documentos ofrecidos como prueba que simplemente de “15 mil pruebas”, porque el conjunto probatorio es bastante mayor.
También es necesario corregir una información que ha circulado profusamente en redes sociales: no es la Fiscalía la que está solicitando 37 años de prisión. El Ministerio Público pide penas que en conjunto superan los 23 años de cárcel, además de multas e inhabilitaciones. Los 37 años son solicitados por el Consejo de Defensa del Estado, que interviene en calidad de querellante. Medios nacionales actualizados este 7 de octubre coinciden en esa diferenciación.
Este miércoles 7 de octubre de 2026 debía comenzar ante el 9.º Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de preparación del juicio oral. Sin embargo, ni las acusaciones ni las pruebas alcanzaron a ser discutidas: el juez Juan Carlos Silva acogió una recusación amistosa y se inhabilitó debido a su relación de cercanía con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona. Ambos habían representado anteriormente a Barriga y actualmente representan a su marido, Joaquín Lavín León, investigado en una causa surgida de una arista relacionada. La Municipalidad de Maipú planteó la recusación y tanto la Fiscalía como el CDE adhirieron a ella. La nueva audiencia fue fijada para el 19 de octubre, a las 09:00 horas.
Desde el punto de vista jurídico, esta audiencia es fundamental, pero no decide si Barriga es culpable o inocente. Conforme al Código Procesal Penal, en ella las partes pueden discutir las pruebas ofrecidas y el juez de garantía debe determinar cuáles podrán ingresar al juicio. Puede excluir prueba manifiestamente impertinente, obtenida con vulneración de garantías fundamentales o proveniente de actuaciones declaradas nulas. Concluida esa discusión, corresponde dictar el auto de apertura del juicio oral, que delimita las acusaciones y las pruebas que posteriormente conocerá el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

La inhabilitación del juez tampoco puede presentarse jurídicamente como una absolución, un fracaso de la Fiscalía ni una prueba de culpabilidad. Precisamente el debido proceso exige imparcialidad del tribunal, incluso en causas de enorme exposición pública. Que un magistrado se aparte cuando existe una circunstancia capaz de generar dudas sobre su independencia fortalece, y no debilita, la legitimidad de la decisión que finalmente adopten los tribunales.
POLÍTICAMENTE, EL CASO ES MUCHO MÁS QUE UNA FIGURA TELEVISIVA
Lo que está en discusión no es la personalidad pública de Cathy Barriga, ni su exposición mediática, ni si genera simpatía o rechazo. Se trata de determinar judicialmente qué ocurrió con recursos pertenecientes a una de las municipalidades más grandes de Chile, quién adoptó las decisiones, si existió una estructura destinada a ocultar déficits y, fundamentalmente, si esas conductas constituyen los delitos que sostiene la acusación.
La magnitud de las penas solicitadas impresiona, pero una petición fiscal no equivale a una sentencia. Los 23 años solicitados por la Fiscalía y los 37 reclamados por el CDE son pretensiones de los acusadores. Para convertirse en condena deberán demostrar ante un tribunal oral, más allá de toda duda razonable, los hechos, la participación penal de Barriga y la concurrencia de cada uno de los delitos imputados.
Y esa distinción es esencial en un Estado de Derecho: ni la condena popular reemplaza al tribunal, ni la presunción de inocencia convierte una acusación de esta magnitud en algo irrelevante.
Barriga ha reiterado públicamente su inocencia y hoy corresponde a su defensa controvertir la acusación con todas las garantías que establece la ley.
Por eso la verdadera pregunta no debería ser si la justicia “hará la pega o se hará los Larrys”. La pregunta institucionalmente seria es otra:
¿Será capaz el sistema judicial chileno de someter más de 15 mil documentos, centenares de testigos y una acusación por un eventual perjuicio superior a $30 mil millones a un juicio riguroso, imparcial y suficientemente transparente como para que, cualquiera sea el resultado, la ciudadanía pueda entender por qué se condenó o por qué se absolvió?
Ese es el estándar que corresponde exigir.
Porque combatir la corrupción también significa respetar el debido proceso. Y respetar el debido proceso jamás puede significar impunidad.
Causa penal en curso: Cathy Barriga mantiene la presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria firme.

El manuscrito del 9 de septiembre que pone en cuestión el mito de Pinochet como gran arquitecto del 11 de septiembre
9 de septiembre de 1973.

Faltaban apenas 48 horas para el golpe de Estado que terminaría con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.

En una pequeña hoja manuscrita, José Toribio Merino envió un mensaje a dos hombres:
Gustavo Leigh y Augusto Pinochet.
«Bajo mi palabra de honor el día D será el 11 y la hora H 06.00».

No es una frase reconstruida cincuenta años después.

El texto aparece reproducido en las propias memorias de Merino, Bitácora de un almirante, y ha sido corroborado posteriormente por investigaciones históricas y por publicaciones vinculadas a la propia historia militar chilena.

Pero el reverso resulta todavía más revelador. Merino escribió directamente a Pinochet:
«Augusto: Si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para ver el futuro».

Aquellas palabras modifican una de las imágenes más repetidas durante décadas: la de Augusto Pinochet como cerebro originario y gran planificador del golpe militar.

La conspiración era bastante más compleja.

Dentro de la Armada existía una organización golpista desarrollada antes de que Pinochet siquiera llegara a la Comandancia en Jefe del Ejército.

Memoria Chilena recoge que, de acuerdo con las memorias del propio Merino, en la Armada se había planificado y decidido participar en el golpe, mientras diversos mandos presionaban para actuar contra el gobierno de la Unidad Popular.

Y existe una paradoja histórica todavía mayor.
Pinochet había sido nombrado comandante en jefe por el propio Salvador Allende apenas 19 días antes del golpe, el 23 de agosto de 1973, después de la renuncia de Carlos Prats.

Hasta poco antes se había mantenido dentro de la línea institucional del Ejército e incluso había participado en la derrota del Tanquetazo de junio.

El 9 de septiembre, en cambio, la decisión llegó a su punto de no retorno.

Merino ya hablaba del “día D”, fijaba el 11 de septiembre, establecía la hora H y exigía saber si Pinochet pondría a disposición del movimiento toda la fuerza del Ejército en Santiago.

Pinochet finalmente aceptó.

Dos días después encabezaría operacionalmente al Ejército durante el golpe y, posteriormente, acumularía un poder muy superior al de sus compañeros de Junta, hasta convertirse en la figura central de los casi diecisiete años de dictadura.

Pero una cosa es quién terminó apropiándose del poder y otra distinta es quién venía preparando la insurrección y quién empujó la decisión final.

La pequeña hoja del 9 de septiembre obliga, al menos, a revisar el relato construido posteriormente alrededor de Pinochet.

No fue él quien escribió a Merino comunicándole que el golpe sería el día 11.

Fue Merino quien se lo comunicó a Pinochet.
Y no es una interpretación política.
Es lo que dice el documento.

La portada que vemos no es una recreación ni una exageración retrospectiva.

Corresponde a La Segunda del 9 de febrero de 1977. Sobre un enorme titular —“NO HAY TALES DESAPARECIDOS”— aparecía la frase “NUEVA FELONÍA MARXISTA ANTE LOS TRIBUNALES”.

La información reproducía la tesis oficial según la cual personas denunciadas como detenidas desaparecidas no estaban en poder de los organismos represivos y que las denuncias constituían una maniobra política. Décadas después, la documentación sobre violaciones de derechos humanos mostraría una realidad radicalmente distinta.

La Segunda pertenecía al grupo El Mercurio S.A.P.

El tristemente célebre titular “EXTERMINADOS COMO RATONES” fue publicado por La Segunda el 24 de julio de 1975, en el contexto de la llamada Operación Colombo.

Se informó que 59 militantes del MIR habían muerto en Argentina, mientras otros periódicos reprodujeron versiones similares sobre supuestas pugnas internas entre opositores.

Posteriormente se estableció que aquello formaba parte del montaje destinado a encubrir la desaparición y asesinato de opositores detenidos por los organismos represivos de la dictadura, como Edgardo Enriquez, hermano de Miguel Enriquez.

Por eso estas portadas tienen hoy un valor que va mucho más allá de una antigua página de diario. Son documentos históricos sobre el poder que puede tener una prensa cuando deja de interrogar al poder y comienza simplemente a reproducir su relato.

Después del golpe de Estado de 1973, los medios vinculados a la Unidad Popular fueron clausurados, sus bienes confiscados y numerosos trabajadores de prensa fueron detenidos o enviados al exilio.

Los medios autorizados para continuar operando estuvieron sometidos, en distintos períodos, a censura, restricciones e intervención sobre sus contenidos.

Frente a ese escenario aparecieron publicaciones como APSI, Análisis, Cauce, Hoy, Fortín Mapocho y posteriormente La Época, que abrieron espacios para denuncias sobre derechos humanos y para voces que difícilmente tenían cabida en la prensa predominante.

Aquello tuvo costos concretos.

Hubo prohibiciones para publicar fotografías, requisición de ejemplares, censura previa, clausuras, procesos judiciales contra periodistas y restricciones especiales durante los estados de sitio. Análisis, Cauce, APSI y Fortín Mapocho, entre otros, conocieron directamente esas medidas.

Con el retorno democrático desapareció buena parte de la censura estatal característica de la dictadura, pero muchos medios opositores enfrentaron otro problema: la sobrevivencia económica.

Perdieron cooperación internacional, tuvieron dificultades para conseguir publicidad y debieron competir dentro de un mercado fuertemente concentrado.

Memoria Chilena señala precisamente que varios terminaron cerrando durante los años noventa debido a graves problemas de financiamiento; Fortín Mapocho cerró en 1991 por esas dificultades, Análisis llegó hasta 1993 y APSI hasta 1995.

La libertad de prensa no consiste solamente en que el Estado no censure.

También necesita pluralidad de propietarios, diversidad editorial, periodistas capaces de contradecir a gobiernos y grandes intereses económicos, medios regionales fuertes y ciudadanos que puedan comparar distintas fuentes.

Porque una democracia puede tener cientos de páginas, radios, canales y portales y, sin embargo, empobrecer su debate si todos terminan mirando la realidad desde los mismos centros de poder.

Por eso los medios independientes, regionales, comunitarios y digitales cumplen una función indispensable. Internet derribó en parte la antigua barrera que hacía que unos pocos grupos económicos decidieran qué llegaba a millones de personas. Capitulo aparte merece la operación política llevado a cabo por el socialista Enrique Correa, ministro del Presidente Patricio Alwyn, que potenció con recursos de publicidad gubernamental a los mismos medios de prensa que utilizóel Dictador Pinochet, porque estos medios eran más controlables que los “díscolos medios impresos” que fueron tensced opositores al régimen criminal.

Hoy una fotografía, un documento judicial o una investigación local puede romper un silencio que hace cuarenta años habría sido mucho más difícil atravesar.

También la inteligencia artificial puede ayudar a ese proceso: permite rastrear archivos, contrastar versiones y localizar documentos que antes requerían días de búsqueda. Pero tampoco debe convertirse en una nueva “voz oficial”.

La IA puede equivocarse. Debe ser utilizada como herramienta para buscar y confrontar fuentes, nunca como sustituto de ellas.

La imagen de 1977 debería, entonces, permanecer en nuestra memoria colectiva.

No necesariamente para decir que todo medio tradicional miente ni que todo medio alternativo dice la verdad.

Esa sería precisamente otra forma de pensamiento único.

Debe permanecer para recordarnos algo mucho más importante:
ningún medio merece que le entreguemos nuestra confianza sin exigirle pruebas.
Ningún gobierno merece controlar el relato de la realidad.

Y ningún periodista debería olvidar que su primera responsabilidad no es proteger al poder, sino interrogarlo.

Porque la portada decía:
“NO HAY TALES DESAPARECIDOS”.

Los desaparecidos sí existían.

Y cuando los hechos terminaron derribando aquella versión, quedó una de las lecciones más dolorosas de nuestra historia periodística:
la verdad dicha a medias puede convertirse en una mentira completa.

La memoria no sirve para quedarse atrapados en el pasado.
Sirve para impedir que el poder —sea político, económico o comunicacional— vuelva a convencernos de que aquello que estamos viendo simplemente “no existe”.