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Otra autoridad que cae. Esta vez, el Gobierno pidió la renuncia al seremi de Transportes de Arica y Parinacota, Patricio Löhr, tras una denuncia por presuntas presiones para favorecer a trabajadores vinculados a una empresa creada por él.
Ya son 44 autoridades fuera del Gobierno de Kast, 34 de ellas seremis. Ministros, subsecretarios y autoridades regionales han ido abandonando sus cargos entre polémicas, cuestionamientos, denuncias y errores políticos.

El Gobierno que llegó prometiendo orden, probidad y una forma distinta de hacer política comienza a enfrentarse a su propia realidad. Una cosa era fiscalizar desde la oposición y otra muy distinta administrar el Estado.
“Un país mejora cuando avanzamos juntos”, decía Löhr. Al parecer, varios avanzaron… pero hacia la puerta de salida.
44 salidas en menos de seis meses no parecen una anécdota: empiezan a parecer un problema político.

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Cuando fiscalizar incomoda: el oficialismo cierra filas frente al caso Cerimedo
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la creación de una Comisión Especial Investigadora destinada a esclarecer el denominado caso Cerimedo, una trama que ha abierto interrogantes sobre el uso de bots, cuentas automatizadas, desinformación y eventual manipulación algorítmica en procesos electorales chilenos.
La iniciativa obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, quedando apenas a dos votos de los 62 necesarios. Los 41 votos en contra correspondieron al oficialismo, mientras la sesión estuvo marcada además por una elevada ausencia parlamentaria: solo participaron 103 de los 155 diputados.
Y ahí aparece la pregunta política inevitable: ¿por qué quienes gobiernan rechazan investigar?

La comisión no estaba llamada a condenar anticipadamente a nadie.
Su propósito era fiscalizar qué conocimiento tuvieron organismos públicos sobre el eventual uso de bots, trolls, redes coordinadas de amplificación, inteligencia artificial y manipulación de algoritmos en elecciones y plebiscitos desarrollados desde 2020.

El asunto adquirió mayor relevancia después de conocerse antecedentes sobre el asesor argentino Fernando Cerimedo y una presunta “granja de bots”. Paralelamente, la excandidata presidencial Evelyn Matthei recordó públicamente la existencia de una fotografía de Cerimedo con personas vinculadas al equipo de José Antonio Kast. El propio Presidente ha reconocido conocerlo, aunque ha negado una relación laboral con él.

Por eso, rechazar una instancia fiscalizadora no despeja las dudas: las multiplica.
Si no existió utilización irregular de redes digitales, financiamiento indebido, intervención electoral ni coordinación con funcionarios o asesores políticos, una investigación parlamentaria podría precisamente contribuir a establecerlo. Cuando se bloquea esa posibilidad, el debate deja de centrarse solamente en Cerimedo y comienza inevitablemente a preguntarse qué se quiere evitar que se investigue.
También corresponde mirar hacia la propia oposición. La comisión quedó a solo dos votos de aprobarse y uno de sus impulsores, José Montalva, reconoció públicamente que quienes promovían la iniciativa debían “hacer la pega” y presentarse a votar. La fiscalización no puede sostenerse solamente con declaraciones: requiere presencia y votos en el hemiciclo.
Pero políticamente queda una fotografía difícil de ignorar: 41 parlamentarios oficialistas votaron contra abrir una investigación sobre eventuales mecanismos de manipulación digital electoral.

En democracia, fiscalizar no debería entenderse como persecución.

Es precisamente el mecanismo mediante el cual las sospechas pueden transformarse en hechos comprobados o ser descartadas.
Y cuando el poder prefiere cerrar una puerta antes que abrir los antecedentes, la pregunta ciudadana surge sola:
¿qué habría mostrado esa investigación si la hubieran dejado comenzar?

La oposición anunció que volverá a presentar la solicitud para intentar constituir nuevamente la comisión.

Puedo seguir este caso y avisarte si finalmente se aprueba la comisión o aparecen nuevos antecedentes relevantes.

Durante la campaña se prometió un cambio de rumbo, más crecimiento, inversión y una economía que volvería a moverse. Pero las cifras empiezan a contar una historia bastante menos épica.
El Banco Central informó que el Imacec de julio de 2026 cayó 1,5% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la actividad desestacionalizada retrocedió 1,7% respecto de junio.
Es la mayor caída anual registrada desde marzo de 2023.
Y esto ocurre después de que junio había mostrado un crecimiento anual de 2,4%, por lo que el retroceso de julio representa un brusco cambio respecto del mes anterior.

Según el propio Banco Central, la caída estuvo explicada principalmente por la minería, y en menor medida por los servicios y la industria.
La producción de bienes disminuyó 3,2% anual, afectada especialmente por el cobre, debido a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. Los servicios, por su parte, retrocedieron 0,7%. El comercio fue una de las pocas áreas que logró crecer, con un 0,7%.

Aquí aparece la inevitable ironía política.
Durante años, desde la oposición, resultaba fácil responsabilizar al gobierno de turno por cada cifra negativa: si bajaba la inversión, era responsabilidad del Presidente; si caía el Imacec, era consecuencia de la incertidumbre; si aumentaba el desempleo, era falta de conducción económica.
Ahora que la mano cambió, también cambió el lugar desde donde se observan las cifras.

Porque gobernar significa descubrir que la economía no funciona mediante consignas electorales, que los inversionistas no reaccionan simplemente a un discurso presidencial y que el crecimiento depende de múltiples factores internos y externos.

Sin embargo, tampoco corresponde caer en la misma simplificación utilizada tantas veces en campaña: un solo Imacec negativo no permite afirmar por sí mismo que toda la estrategia económica del Gobierno haya fracasado.

El Banco Central señala expresamente factores mineros y climáticos que incidieron en julio.
Pero políticamente la cifra sí plantea una pregunta incómoda:
¿Dónde quedó aquel crecimiento que parecía estar esperando únicamente un cambio de Presidente para aparecer?
La realidad comienza a cobrar las promesas.
Y cuando las expectativas electorales chocan con los números del Banco Central, ya no basta con repetir que “la mano cambió”.
Porque aparentemente…

LA MANO CAMBIÓ.
Y EL IMACEC TAMBIÉN.
Ahora toca gobernar.
Y gobernar es bastante más difícil que hacer campaña.

Hay algo que comienza a repetirse en la relación del presidente José Antonio Kast con la prensa: cuando una afirmación de campaña es confrontada con la realidad, la respuesta cambia, se relativiza o se redefine.
Durante la campaña presidencial fue categórico con la inmigración irregular.
En el debate de Anatel advirtió que a los migrantes les quedaban 92 días para abandonar voluntariamente Chile y afirmó que después vendrían las consecuencias.

Pero ya instalado en La Moneda, cuando los periodistas comenzaron a preguntarle por qué aquello no había ocurrido, la promesa adquirió un significado diferente.
Primero reconoció que era evidente que no podía sacar a 300 mil personas en el “día uno”.
Después fue todavía más lejos: sostuvo que aquello había sido “una metáfora” y que quien hubiera entendido literalmente el mensaje lo había interpretado mal.

Cuando Daniel Matamala lo entrevistó a los 80 días de gobierno, volvió a enfrentar preguntas precisamente por el retraso de las expulsiones, la seguridad y otras medidas centrales de su programa. Su respuesta fue que se avanzaba “paso a paso”.

Y no ha sido el único cambio.
Se prometió una auditoría externa internacional al Estado.
En abril el propio Gobierno descartó realizarla por razones presupuestarias y la sustituyó por una revisión interna.

Durante la campaña se habló de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Meses después, el Ejecutivo comenzó a hablar de reformarlo, mientras también permanecían pendientes otros compromisos anunciados durante la campaña.

Incluso un estudio elaborado por doce centros de pensamiento de oposición sostuvo, al cumplirse los primeros 90 días, que cerca del 80% de las medidas que ellos contabilizaron no registraba avances. Naturalmente, por provenir de organizaciones opositoras, ese informe debe leerse considerando su origen político; pero demuestra que la discusión sobre la distancia entre campaña y gobierno ya está instalada.

Y ahora aparece Fernando Cerimedo.
El hombre conocido por su trabajo político digital y relacionado con operaciones de redes sociales permanece en prisión preventiva en Bolivia mientras se investiga su presunta responsabilidad en el ataque contra su expareja, acusación que él niega.

En el allanamiento realizado por las autoridades bolivianas se informó además del hallazgo de una denominada “mini granja de bots”.

Su expareja, Nadia Beller, ha entregado un testimonio todavía más delicado: afirma que Cerimedo decía haber trabajado con el “equipo de K”, que se atribuía participación en el triunfo presidencial chileno y que mantenía contactos permanentes con Chile durante el proceso electoral.
Son afirmaciones que requieren investigación y corroboración independiente.

Además, investigaciones periodísticas han establecido cruces anteriores entre Cerimedo y personas que posteriormente quedaron ubicadas en el entorno gubernamental o comunicacional de Kast, particularmente a propósito de campañas políticas anteriores.

¿Qué respondió hoy el Presidente?
Que sí conoce a Cerimedo, pero que jamás trabajó con él en ninguna de sus campañas.
Según Kast, simplemente coincidieron porque Cerimedo acompañaba delegaciones de otros dirigentes y presidentes.

Y aquí aparece una pregunta legítima.
¿Cuántas veces puede uno “coincidir” con un operador político internacional que trabaja precisamente en campañas electorales antes de que la coincidencia merezca una explicación más detallada?

Porque Cerimedo no era un turista perdido entre la multitud.

Era un consultor político vinculado a campañas latinoamericanas, especializado justamente en comunicación digital, redes y generación de tendencias.
Y hoy existen testimonios y antecedentes periodísticos que lo sitúan orbitando espacios donde también aparecen personas vinculadas al mundo político de Kast.

Nada de esto demuestra, por sí solo, que José Antonio Kast lo haya contratado.
Y sería irresponsable afirmarlo mientras no exista evidencia que lo acredite.
Pero tampoco parece razonable pretender cerrar la discusión simplemente diciendo: “lo conozco, coincidimos varias veces, pero nunca trabajó conmigo”.

Sobre todo cuando venimos de una campaña en que afirmaciones categóricas posteriormente terminaron convertidas en explicaciones, reinterpretaciones, plazos abiertos y hasta “metáforas”.
Por eso el problema ya no es solamente Cerimedo.
El problema comienza a ser la credibilidad de la palabra presidencial.
Cuando aquello que ayer parecía una promesa literal hoy era una metáfora; cuando aquello que se iba a hacer cambia una vez instalado el Gobierno; y cuando alguien que aparece repetidamente cerca del ecosistema político termina convertido simplemente en una serie de coincidencias, entonces la prensa tiene no sólo el derecho sino la obligación de seguir preguntando.

Quizás Kast efectivamente nunca contrató a Fernando Cerimedo.

Quizás todas fueron coincidencias.
Quizás.

Pero en democracia las dudas no se despejan pidiendo que dejemos de preguntar.

Se despejan con antecedentes.
Y por ahora, en el caso Cerimedo, todavía faltan demasiados.

La última encuesta Plaza Pública Cadem no muestra simplemente una mala evaluación institucional: revela una crisis profunda de confianza en uno de los poderes fundamentales del Estado.

Un 75% evalúa negativamente al Poder Judicial, un 83% dice que no le genera confianza y un contundente 82% considera que el sistema judicial no asegura la igualdad ante la ley. Además, un 67% identifica directamente a los jueces entre los principales responsables de que la justicia no funcione como la ciudadanía espera.

Estas cifras no aparecen en el vacío.

Llegan después de años de cuestionamientos sobre transparencia, influencias externas y mecanismos de nombramiento de jueces y ministros, donde las relaciones políticas, profesionales y personales han instalado legítimas dudas sobre cuánto pesan realmente los méritos y cuánto pesan las redes de poder.

Y ahora se agrega un antecedente difícil de ignorar: la propia Corte Suprema abrió 56 procedimientos de remoción contra jueces y juezas investigados por haber viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. En total, el máximo tribunal llegó a revisar antecedentes correspondientes a 104 integrantes del escalafón judicial.

La contradicción resulta particularmente corrosiva para la confianza pública: magistrados llamados diariamente a juzgar conductas ajenas aparecen ellos mismos sometidos a procedimientos disciplinarios por comportamientos incompatibles con las obligaciones que exige su función.

Incluso una magistrada que participaba en el juicio por el gigantesco fraude de licencias médicas falsas terminó inhabilitándose luego de abrirse un procedimiento de remoción en su contra por haber viajado mientras tenía reposo médico.

Aquí está el problema político de fondo: la justicia no solamente debe ser independiente; también debe parecer independiente, actuar con transparencia y estar sometida a estándares éticos incluso superiores a los exigidos al ciudadano común.

Cuando una enorme mayoría siente que ante los tribunales no todos son iguales, deja de discutirse únicamente la conducta individual de determinados jueces. Lo que comienza a deteriorarse es la legitimidad de todo el sistema.

La venda que cubre los ojos de la Justicia simboliza que no distingue entre poderosos y débiles, amigos y adversarios, ricos y pobres.

Pero cuando la ciudadanía sospecha que detrás de esa venda existen contactos, influencias, favores, redes o privilegios, la justicia deja de ser percibida como un poder imparcial y comienza a ser observada como otro espacio capturado por quienes tienen acceso al poder.

Y eso es peligrosísimo para una democracia.
Porque cuando las personas dejan de creer que encontrarán justicia en los tribunales, no solamente pierden confianza en los jueces: pierden confianza en el Estado mismo.

La encuesta Cadem funciona entonces como una advertencia política que ningún sector debería intentar relativizar: el Poder Judicial necesita recuperar autoridad moral, transparencia y credibilidad.

Y esa recuperación no puede limitarse a discursos corporativos.

Requiere cambios profundos en nombramientos, fiscalización, responsabilidades y rendición de cuentas.

Porque ningún poder del Estado puede exigir respeto simplemente por ocupar una posición institucional.

El respeto también debe ganarse.

Y hoy, según estos números, una enorme parte de Chile está diciendo que la Justicia lo ha perdido.