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Thaqhata, el cortometraje alteño que narra la desgarradora historia de una madre que busca a su hija desaparecida recorriendo las calles con su fotografía en mano, se consolida como una de las producciones más destacadas de Bolivia. El drama ya cruzó las fronteras y fue galardonado como Mejor Cortometraje Internacional en el Festival Internacional del Cine de los Andes (FICA), en Cusco, Perú.

Detrás de esta producción está Iván Paz, un cineasta alteño de 37 años que se atrevió a grabar en una ciudad donde los temas de producción son complicados. La inspiración para el corto nació de la dura cotidianidad: “Los cientos de carteles y anuncios de personas desaparecidas pegados en postes, paredes, mercados. Uno pasa por ahí y ve una cara, un nombre, un número de teléfono… y sigue caminando. Me pregunté qué hay detrás de esos anuncios”, relató Paz.

Para lograr un realismo crudo, la película utilizó un enfoque documental en las escenas de búsqueda. La protagonista, Susana Condori, interactuaba con personas reales en la calle preguntando si habían visto a su hija. Las reacciones genuinas de empatía o indiferencia del público se convirtieron en uno de los elementos más relevantes del corto, aportando una crudeza que sería imposible de actuar.

El elenco y equipo se redujeron a cuatro personas, tres alteños y la actriz principal que es de La Paz. El trabajo no ha pasado desapercibido: Thaqhata ya obtuvo la Selección Oficial en el Festival Cultura Caótica 2026 de La Paz, el Premio del Público y Mejor Actuación para Condori en el Festival Internacional de Cortometrajes Luz de Altura, y recientemente fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine en Santa Cruz.

Este es el sexto cortometraje de Paz, quien desde 2009 ha persistido en la realización audiovisual pese a las dificultades de hacer cine en el país. Antes de Thaqhata, ya había cosechado triunfos como el premio a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional Diablo de Oro (2015) con Ofrenda, y Mejor Cortometraje Boliviano en el Oruro Filmfest (2019) con Paredón.

Hacer cine en Bolivia es una lucha constante, pero Paz no se detiene. Su gran objetivo ahora es dar el salto al largometraje. “Cada cortometraje que hago es un paso en ese camino, una forma de seguir aprendiendo y de acercarme cada vez más a esa meta”, afirma este alteño que sueña en grande y confía en que el trabajo duro le permitirá cumplir su objetivo, según se mencionó en La Razón.

La diputada nacional Moira Lanesan acompañó la segunda edición de la Expo Moda y Tendencia Patagonia 2026, que se desarrolla en el Club Boca de Río Gallegos, donde destacó la participación de emprendedores y emprendedoras de distintas localidades y provincias. La legisladora remarcó que, desde que asumió, planteó su intención de formar parte de esta propuesta que trasciende la moda.

Lanesan puso en valor el trabajo detrás de escena, señalando que detrás de cada pasarela existe una cadena de emprendimientos que incluye a maquilladores, peinadores y otros trabajadores que, en el contexto actual, no pueden visibilizarse fácilmente. “Hay un sinfín de emprendimientos que quizás vos lo podés ver en una pasarela, pero atrás de esa pasarela hay muchísimas más cosas”, manifestó.

En ese sentido, destacó las oportunidades que se generan desde el Municipio de Río Gallegos para acompañar al sector. A través del secretario de Producción y del intendente, se abre un espacio donde las personas pueden volver a soñar, idearse, crecer y creer, incluso en un contexto donde parece que todo está perdido.

La diputada también resaltó la posibilidad de generar vínculos entre emprendedores de distintas ciudades, como el intercambio que mantuvo con un diseñador textil de Río Grande y el contacto con un emprendimiento de Río Gallegos. “Esas redes y esos nexos solamente se pueden conectar en estos espacios”, afirmó.

Sobre su agenda legislativa, Lanesan señaló que se encuentra trabajando fuertemente en una ley para pequeños emprendedores y en otras iniciativas vinculadas al sector. Además, agradeció a Pablo por seguir creyendo en estas redes y por darle la oportunidad de participar, reafirmando que “el trabajo es colectivo”.

En el plano político, la diputada se refirió a su participación en la asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Santa Cruz, encabezado por Pablo Grasso. Remarcó la presencia de jóvenes y la posibilidad de participación dentro del espacio político, vinculando esa apertura con la idea de justicia social y el trabajo colectivo.

Finalmente, manifestó su orgullo de poder acompañar a Grasso como presidente del PJ santacruceño, destacando que le da oportunidades a cualquier persona, la conozca o no. “Para mí el trabajo es colectivo, que el trabajo es en red”, concluyó, según se mencionó en TiempoSur.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este viernes un presunto sabotaje y manipulación del sistema eléctrico nacional, vinculándolo directamente a una protesta por los recientes acuerdos petroleros firmados con Estados Unidos, convenio que le otorga a la potencia norteamericana el control del 20% de las reservas de crudo venezolano.

Durante un encuentro con trabajadores petroleros transmitido por el canal estatal VTV, Rodríguez detalló que el sábado pasado se registró un apagón en el occidente del país, específicamente en estados como Zulia, tras manipular las presiones de gas para derrumbar el sistema termoeléctrico. Asimismo, denunció que en la noche de este jueves el equipo de Pdvsa Gas detectó el cierre de llaves de gas para colapsar las termoeléctricas y el sistema eléctrico nacional.

Ante este escenario, la mandataria hizo un llamado a los trabajadores de Corpoelec a mantenerse alertas, asegurando que “en una semana en protesta por lo que ha significado la firma de estos acuerdos petroleros, la protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano”, aunque no señaló a un responsable directo de estas acciones.

Siguiendo la narrativa habitual del Gobierno chavista para justificar la crisis eléctrica que afecta a Venezuela desde hace más de una década, Rodríguez insistió en que el sistema ha sido golpeado por las sanciones extranjeras, la demanda por el crecimiento eléctrico, las altas temperaturas y el sabotaje de las “mafias extremistas”.

Sin embargo, esta versión encuentra un fuerte rechazo en los expertos y la oposición, quienes aseguran que el estado actual del sistema eléctrico, con fallas en casi todo el país, es el resultado directo de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores estructurales.

Esta semana, el Gobierno venezolano firmó un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni, en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y de la propia Delcy Rodríguez. Además, se suscribió un convenio con la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar la infraestructura petrolera.

Cabe recordar que en junio pasado el Gobierno de Venezuela ya había rubricado un memorando de entendimiento con GE Vernova, y en abril Rodríguez había adelantado negociaciones con Siemens. La presidenta encargada sostuvo este encuentro con los trabajadores para defender los supuestos beneficios del histórico acuerdo petrolero con Estados Unidos anunciado el 28 de agosto, el cual ha sido blanco de duras críticas por parte de distintos sectores, según se mencionó en Efecto Cocuyo.

La información que produce el Estado no le pertenece al gobierno de turno, sino al ámbito público. Cuando el poder comienza a seleccionar políticamente quién puede acceder a él basado en la amistad o la empatía, el problema deja de ser periodístico y afecta severamente el circuito mediante el cual la democracia se vigila a sí misma a través de la prensa.

Este es uno de los mayores riesgos de iniciativas como la de establecer nuevos lineamientos con la prensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella (Adle). Entre otras medidas, se propone restringir el acceso a medios no afines al evitar dar ruedas de prensa o entrevistas a quienes no sean considerados “amigos”, salvo previa autorización de la Presidencia. También se plantea centralizar la vocería, pues los ministros solo podrán emitir declaraciones puntuales preparadas previamente y no se les permitirá responder preguntas ni contrapreguntas.

Para algunos resulta legítimo que un gobierno defina quiénes son sus voceros, establezca canales oficiales y coordine mensajes. Pero hay un punto de quiebre cuando el criterio para conceder el acceso deja de ser temático, institucional o logístico, y pasa a ser la afinidad política o editorial del medio. Aquí ya no se trata de gestión comunicativa, sino de una gestión política del acceso a la fuente pública.

Abrir la puerta a un trato preferencial por afinidad clasifica a los medios entre “amigos” y “enemigos”, replicando una táctica global para centralizar la narrativa oficial. Dos ejemplos ilustran esto: Donald Trump, que institucionalizó el ataque a la prensa crítica, popularizó el término “Fake News” para descalificar investigaciones incómodas y etiquetó a CNN y The New York Times como “enemigos” del pueblo, mientras daba acceso privilegiado a Fox News o Newsmax. Por su parte, la Hungría de Viktor Orbán, con 16 años en el poder, dividió el ecosistema mediático y usó la pauta publicitaria estatal de forma punitiva para financiar al conglomerado “amigo” Kesma y ahogar financieramente a los medios independientes.

En Colombia, la falta de una definición pública de qué es un medio “amigo” abre paso a la arbitrariedad. Reducir la comunicación con los medios no viola por sí sola la Ley 1712 de 2014, pues hay una diferencia entre el acceso a documentos y el acceso a entrevistas. El problema surge si esa restricción limita de forma arbitraria la información pública que llega al ciudadano. A esto se suma la vulnerabilidad del ecosistema mediático colombiano, mucho más sensible a las relaciones de poder político y económico, donde se ha normalizado la idea de que el acceso periodístico depende de la cercanía con el poder. Lo que cambia ahora es que esa práctica busca convertirse en política institucional explícita.

Un gobierno no puede confundir su estrategia de comunicación con el derecho ciudadano a vigilar la información pública, menos aún cuando el acceso depende de la empatía. El periodismo profesional tiene el deber moral de buscar la información pública, verificar la verdad y contrastar fuentes para convertirla en información con valor social. Solo basta recordar la sentencia de James Madison en 1822: “Un gobierno popular sin información popular, o sin los medios para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia; o quizá de ambas”, según se mencionó en La Silla Vacía.

La tarde del viernes, la tranquilidad de Viacha, Bolivia, se vio interrumpida por dos potentes explosiones en el regimiento Bolívar. El saldo preliminar de la tragedia es desolador: dos personas fallecidas, más de 80 heridos entre civiles y militares, y 14 individuos que aún permanecen desaparecidos.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Preliminarmente, las autoridades gubernamentales han señalado que se trató de dos estallidos distintos: uno de pólvora utilizada en material pirotécnico y otro que aún se encuentra en etapa de investigación.

En medio del dolor, el líder del partido Unidad, Samuel Doria Medina, alzó la voz para expresar su pesar. El político recordó que tiene un vínculo personal muy profundo con esa localidad, ya que trabajó allí durante 25 años y encaminó múltiples proyectos junto a sus habitantes.

A través de sus redes sociales, Doria Medina manifestó: “He sentido mucho la tragedia que acaba de suceder allí con la explosión de un depósito militar”. Asimismo, extendió su solidaridad a todos los viacheños, en especial a las familias de las víctimas fatales y de los heridos.

Con la convicción de quien conoce el espíritu de la comunidad, el líder opositor complementó: “Estoy seguro de que esta adversidad unirá a sus habitantes en el consuelo y el respaldo de las víctimas de este accidente”.

La explosión en el recinto militar no solo ha dejado una estela de víctimas, sino que ha conmovido a toda una región que ahora espera respuestas claras sobre las condiciones de seguridad del depósito y el paradero de los desaparecidos, según se mencionó en La Razón.

Pescadores y comerciantes del Terminal Pesquero de Chorrillos, en Perú, alzan la voz ante la crítica escasez de pejerrey y lorna, dos emblemas de la mesa popular que están desapareciendo de los mercados. El culpable es el implacable calentamiento del océano Pacífico a raíz de los efectos del Fenómeno El Niño, que está alterando el ecosistema y la economía local.

Habitantes naturales de aguas frías, el pejerrey y la lorna no resisten el incremento de la temperatura marina y se ven forzados a migrar hacia el sur en busca de refugio. Este éxodo deja un vacío en los puestos de venta que golpea directamente al bolsillo de los consumidores. “Ahorita no se encuentra el pejerrey, no se encuentra la lorna, el ayanque. Lo único que estamos agarrando es más que chauchilla, nomás. Chauchilla, un poquito de sierra”, relata un pescador afectado.

La crisis no se limita a la pescadería; los restaurantes cercanos al terminal, famosos por su tradicional pan con pejerrey a 7 soles, ven cómo sus ventas se desploman, sobre todo los fines de semana. La escasez ha transformado la dinámica económica de la zona, donde el sabor popular se vuelve un lujo inalcanzante para las familias.

La caída en las ventas es brutal y los números hablan por sí solos. Una comerciante reveló que ha pasado de vender 350 panes los sábados a apenas 100, evidenciando cómo el Fenómeno El Niño no solo altera el ecosistema, sino que destruye los medios de vida de la economía popular.

Mientras las especies tradicionales escasean, el mercado impone sus reglas con precios elevados que complican el acceso a la alimentación básica. El perico se cotiza a 40 soles el kilo, la corvina a 40 soles por entero y el bonito a 10 soles el kilo, cifras que profundizan la crisis en los hogares de menores recursos.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ya había alertado sobre la migración de estas especies hacia aguas más frías debido al impacto del fenómeno climático. Ahora, la atención de los pescadores y comerciantes está puesta en el ENFEN, que emitirá su próxima actualización el lunes 14 de septiembre para evaluar si esta tendencia extraordinaria de calentamiento se mantiene o logra atenuarse, según se mencionó en RPP Noticias.

Tras la reciente cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas, el gobierno de Javier Milei reactivó su plan electoral con la mira puesta en las presidenciales de 2027. El objetivo de La Libertad Avanza es claro: consolidar una estructura que asegure la continuidad del mileísmo por cuatro años más, lo que implica ampliar alianzas políticas bajo condiciones específicas.

La mesa técnica y política del oficialismo busca establecer diálogo con sectores clave como los gobernadores provinciales, el PRO y facciones de la Unión Cívica Radical. Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apuntan a una apertura para sumar dirigentes afines, ya estableciendo instancias de diálogo individual con referentes radicales como Rodrigo De Loredo, Maximiliano Abad, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

Sin embargo, la articulación con la UCR presenta matices. El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, planteó que el partido busca una “propuesta alternativa a la grieta” y no descarta postular un candidato propio en 2027. El distanciamiento persiste porque el oficialismo continúa excluyendo de sus planes de negociación a la facción alineada con el senador Martín Lousteau.

Mientras se tejen estas alianzas, el oficialismo enfrenta sus propios problemas internos. La consolidación del espacio mediante acuerdos políticos tradicionales reflotó discusiones sobre la identidad del movimiento. Luego de los resultados electorales de 2025, el ala liderada por Karina Milei afianzó el armado territorial, mientras que el sector vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo y la militancia digital mantiene un rol secundario en la mesa formal de decisiones.

Dentro de las filas libertarias conviven dos miradas: por un lado, los sectores preocupados por una eventual pérdida de respaldo en votantes jóvenes, quienes cuestionan la adopción de prácticas de la política tradicional; por otro, fuentes del espacio sostienen que dicho segmento no se ha volcado hacia otras fuerzas y que la dinámica del gobierno exige una estructura formal.

En este contexto, la cadena nacional sobre las Malvinas responde a una estrategia del Ejecutivo para recuperar la iniciativa pública. El anuncio del paquete de reformas enviado al Congreso reafirma el reclamo de soberanía y sostiene que los habitantes del archipiélago no poseen derecho a la autodeterminación. Se trata de una medida pensada para unificar a la opinión pública y obligar a la oposición a fijar postura en materia de defensa territorial.

Así, la oficialización de estas medidas se combina con la búsqueda de acuerdos institucionales, en un escenario donde el oficialismo intenta equilibrar la ampliación de sus alianzas con la política tradicional sin descuidar su plataforma original, en una puja por el poder que recién comienza, según se mencionó en Diario Río Negro.