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Un informe del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado revela el fracaso estrepitoso del proceso legislativo posconstituyente: de 270 proyectos de reforma constitucional ingresados desde diciembre de 2023, apenas cuatro se convirtieron en ley. El resto —260 en tramitación, tres archivados y tres retirados— configura un panorama de ineficiencia y oportunismo que cuestiona seriamente la labor parlamentaria y la conducción gubernamental en materia institucional.

El director del Núcleo Constitucional, Gonzalo García, no ahorra críticas: califica las iniciativas como “oportunistas, intrascendentes normativamente”, con una “tendencia a un discurso político-moral para debilitar al adversario”. No son palabras menores. Revelan una clase política más preocupada de la guerra ideológica que de las necesidades reales de la población, que en regiones como Aysén observa cómo el Congreso gasta tiempo y recursos en batallas ficticias mientras las urgencias territoriales siguen desatendidas.

La radiografía es elocuente: 68 proyectos sobre sistema político, 59 de economía y tributos, 52 de seguridad, 46 de derechos sociales y 29 de nacionalidad. Pero el detalle importa más que el número. Entre las propuestas figuran feriados constitucionales, exenciones de IVA, estabilidad de precios de combustibles, royalties portuarios y acuícolas, e incluso plebiscitos ad hoc contra la pena de muerte o para eliminar las AFP. Temas que, como señala el propio informe, “en estricto rigor no se pueden hacer” por vía constitucional. El Congreso legisla sobre la nada, mientras las leyes que sí podrían cambiar la vida de las personas duermen en los cajones.

En materia de seguridad, el Gobierno no escapa a la crítica. García advierte que “los mecanismos constitucionales son hoy relativamente irrelevantes para enfrentar la cuestión del crimen”, cuestionando la estrategia ejecutiva de depender de reformas constitucionales para una agenda que requiere políticas públicas efectivas. La confusión entre planos —lo constitucional y lo legal— “debilita al propio Gobierno hasta sus éxitos”, transformando victorias políticas en dependencias legislativas innecesarias.

El fenómeno bautizado como “posconstitucionalismo” por los investigadores revela un orden constitucional después de dos fracasos constituyentes donde “lo que queda es una perspectiva central en las reformas”. Pero esa perspectiva es estrecha: una “polarización de bajo alcance sobre asuntos menores” que “termina agotándose en sí misma” y “deteriora indirectamente la convivencia” al erosionar las reglas del juego. La Constitución, lejos de ser norma de principios y derechos fundamentales, se ha vuelto “instrumento de uso contra el adversario”.

Las recomendaciones del informe son un llamado de atención al poder: reexaminar los quórums de aprobación —que están “por debajo de las reglas generales del derecho constitucional comparado”—, establecer filtros para evitar la “constitucionalización contingente” y valorar la Constitución como norma. El propio Congreso tiene instrumentos para evaluar pesos y contrapesos, pero prefiere destinar su tiempo a “cuestiones inconducentes” que “normativamente deterioran el ambiente político”.

Mientras en Santiago se libra esta batalla de enmiendas y subenmendas, en la Región de Aysén la deuda en infraestructura, conectividad, desarrollo productivo y protección territorial sigue esperando. El circo constitucional tiene 270 propuestas, cuatro leyes y cero respuestas para las urgencias de la Patagonia, según se mencionó en El Mostrador.

El primer 11 de septiembre bajo el gobierno de José Antonio Kast dejó al descubierto una profunda contradicción en la gestión del Ejecutivo: la omisión total de una ceremonia oficial por los 53 años del golpe de Estado contrastó con un fuerte despliegue de fuerzas policiales que terminó con decenas de detenidos, enfrentamientos y graves alteraciones del orden público en las calles.

La ausencia del Gobierno no impidió que la memoria se tomara las calles. Organizaciones políticas, sociales de derechos humanos y la oposición —incluido el expresidente Gabriel Boric— desplegaron una amplia agenda ciudadana con homenajes en el Cementerio General, una caminada por el centro de Santiago con ofrendas en Morandé 80 y la Plaza de la Constitución, y una masiva velatón en el Estadio Nacional, antiguo centro de detención y tortura. Una jornada de recuerdo que el Estado se negó a liderar, pero que la ciudadanía exigió con fuerza.

Sin embargo, la respuesta del poder ante la movilización popular fue la securitización. Cerca del mediodía, una movilización en la Alameda terminó con un despliegue desproporcionado de Control de Orden Público, que utilizó carros lanzaaguas y lanzagases contra los manifestantes. El tránsito estuvo interrumpido por casi una hora entre Vicuña Mackenna y Manuel Rodríguez, siendo restablecido recién a las 14:19 horas, evidenciando cómo el costo de la omisión gubernamental lo pagó la ciudadana con represión y cortes.

La criminalización de la protesta se profundizó durante la tarde. Un grupo de encapuchados ingresó al Instituto Nacional, lo que obligó a evacuar el establecimiento y suspender las clases. Carabineros detuvo a siete personas, de las cuales cinco eran estudiantes del propio liceo, según informó el SLEP Santiago Centro. Una vez más, las autoridades optaron por la fuerza bruta en lugar de abordar el fondo de las demandas sociales y de memoria.

Ya entrada la noche, la política de “mano dura” se hizo sentir con fuerza en Cerro Navia, donde Carabineros informó la detención de cinco personas —tres de ellas menores de edad— en procedimientos donde se incautaron fuegos artificiales y materiales para fabricar artefactos incendiarios. Resulta revelador que la propia policía precisara que no se encontraron panfletos que vincularan a los detenidos con alguna reivindicación específica, desmintiendo así el relato de una “organización terrorista” y exponiendo la detención arbitraria de jóvenes y menores en el marco de una conmemoración histórica.

Fuera de Santiago, la historia no fue distinta. En Valparaíso, una marcha por la avenida Brasil terminó con enfrentamientos contra Carabineros e interrupciones del tránsito, demostrando que la tensión entre la omisión del Gobierno y la respuesta represiva del Estado es un problema nacional. Hasta la mañana de este sábado, el Ejecutivo no había difundido un balance nacional consolidado de detenidos, lesionados e incidentes, ocultando el costo real de su política de orden público.

Así transcurrió el primer 11 de septiembre bajo el gobierno de Kast: sin una propuesta concreta desde La Moneda para abordar la memoria y los derechos humanos, pero con un Estado que despliega todo su aparato represivo —gases, carros policiales y detenciones de estudiantes y menores— para silenciar las justas demandas de verdad y justicia en las calles, según se mencionó en El Mostrador.

Una vez más, la muerte de los más vulnerables golpea a las regiones abandonadas por el centralismo. El incendio en el hogar de adultos mayores Comuy, en Pitrufquén, que acabó con la vida de 16 personas cerca de las 22:00 horas, dejó al descubierto un sistema de protección que falló estrepitosamente. De los diez sobrevivientes, solo tres pudieron regresar con sus familias, evidenciando el costo humano de la negligencia estatal.

Frente a la magnitud de la tragedia, el Presidente José Antonio Kast calificó lo ocurrido como “devastador” e instruyó revisar las condiciones de estos recintos en todo el país. Sin embargo, la medida resulta reactiva y tardía: ¿dónde estaba la revisión antes de que 16 personas perdieran la vida? El propio Mandatario se vio obligado a reconocer que existen graves deficiencias en el sistema.

En una muestra de contradicción, Kast comprometió colaboración con la justicia para determinar “dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención”. Esta declaración es un reconocimiento implícito de que el Estado no cumplió su rol de garante, dejando a los adultos mayores en condiciones inseguras y sin la supervisión adecuada.

Pero las omisiones no terminan ahí. El Presidente también apuntó a esclarecer “qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”. La pregunta inevitable es si hubo advertencias previas que fueron desatendidas por las autoridades, priorizando la desidia o los costos sobre la vida de los residentes del hogar.

Como siempre ocurre tras las tragedias evitables, el Gobierno sale a prometer correcciones. Kast aseguró que “acelerará propuestas para mejorar la seguridad” y que se adoptarán las “correcciones necesarias” para evitar que se repita. Sin embargo, no hay anuncios concretos, ni plazos, ni responsabilidades claras, solo palabras que llegan demasiado tarde para las 16 víctimas de Pitrufquén y que dejan en la incertidumbre a los sobrevivientes y sus familias, demostrando que la prevención en los territorios no es prioridad para el poder central hasta que las tragedias estallan, según se mencionó en El Mostrador.

La estrategia del Gobierno por imponer su reforma constitucional de seguridad pública sigue sumando aguas turbulentas. El senador Matías Walker (Demócratas) no solo tomó distancia de la fórmula de sus pares Longton y Squella para ‘podar’ el proyecto, sino que fue tajante en cuestionar la falta de dirección de La Moneda: una reforma que, a su juicio, nadie entiende cuál es su propósito, quién la redactó y que no ha generado ningún tipo de acuerdo.

El intento de los senadores Longton (RN) y Squella (REP) por rescatar la iniciativa recortando cinco de los ocho componentes originales —manteniendo solo el crimen organizado, el régimen penitenciario diferenciado y el Estado de Excepción— no convence a Walker. La contradicción es evidente: reducir el texto no soluciona el fondo del problema, que es la insistencia en llevar al rango constitucional materias que, como la segregación carcelaria para el crimen organizado, son estrictamente materia de ley.

Mientras el Gobierno insiste en un camino constitucional sin consenso, el costo alternativo para la ciudadanía es altísimo. Walker recordó que esta semana se avanzó en proyectos de ley que llevaban años estancados en comisiones mixtas, como los incentivos al ingreso y permanencia de Carabineros y el aumento del plazo de flagrancia. A esto se suma el próximo despacho de la ley de responsabilidad penal adolescente. Avances reales que demuestran dónde debería estar la prioridad legislativa.

La doble estándar de las autoridades queda en evidencia: se gasta tiempo parlamentario en una reforma incomprensible mientras se posterga la discusión de proyectos eficaces y con consenso. Walker recordó que hace dos años, junto a Luciano Cruz-Coke y Ximena Rincón, presentaron una propuesta para abordar la segregación carcelaria mediante ley, una muestra de que las soluciones existen si hay voluntad de legislar en lugar de forzar reformas rechazadas.

La postura de Walker agrega una dificultad adicional a la estrategia de La Moneda. El problema de la reforma no es su extensión, sino la decisión política de imponer una modificación constitucional para abordar la seguridad, ignorando que las mayorías y los acuerdos se encuentran en la legislación ordinaria. Cada minuto que se destina a discutir esta reforma sin acuerdo es un minuto robado a las soluciones concretas que el país necesita, según se mencionó en El Mostrador.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera tiene más de 100 solicitudes de indulto presidencial en el escritorio, varias de ellas pendientes desde antes del actual gobierno. Esta acumulación de casos no es solo un problema administrativo, sino una muestra de la falta de voluntad política para resolver temas de fondo, dejando a los solicitantes en un limbo indefinido mientras las autoridades dilatan las resoluciones.

Al desglosar los orígenes de estas peticiones, se evidencia un claro doble estándar: la mayoría de los indultos corresponden a hechos de 1973 vinculados a violaciones a los derechos humanos, mientras que los casos del estallido social (18-O) son “muy reducidos”. Esta diferencia numérica revela una deuda histórica que el Ejecutivo no tiene apuro en saldar, priorizando el discurso por sobre los hechos.

Para justificar esta inacción, Rabat alega que cada caso será revisado “de manera individual y caso a caso”, descartando una amnistía general. Sin embargo, este argumento se desmorona al no existir ningún plazo legal ni autoimpuesto para resolver. El propio ministro definió el proceso como “intrínsecamente lento”, lo que en la práctica se traduce en una estrategia para postergar indefinidamente las resoluciones, evitando asumir costos políticos pero profundizando la deuda en derechos humanos.

La contradicción es inaceptable. Mientras el gobierno se toma su tiempo para analizar rigurosamente —y sin urgencia— los indultos de 1973, muestra una rapidez inusitada para impulsar la creación de la Agencia de Bienes Decomisados contra el crimen organizado. El Ejecutivo tiene la capacidad de afectar la estructura financiera de las bandas y destinar fondos a tecnología policial y reparación de víctimas, pero no encuentra el momento para resolver las demandas de justicia del pasado.

Hasta ahora, el Presidente José Antonio Kast ni siquiera ha revisado las carpetas, limitándose a “conversar” sobre el procedimiento. Esta falta de acción concreta, sumada a la negativa de impulsar leyes de indulto general y a la ausencia de plazos, demuestra que la prioridad real del gobierno no es la justicia integral, sino la aplicación selectiva de esta según el calendario político y la conveniencia del discurso de seguridad, según se mencionó en El Mostrador.