La defensa del senador Miguel Ángel Calisto recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir el cierre de la investigación por fraude al Fisco que enfrenta el parlamentario, solicitando una ampliación de 120 días y el acceso a la totalidad de los antecedentes del expediente. La presentación se concretó el miércoles 23 de septiembre tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique a un recurso de amparo que buscaba invalidar la resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique que dispuso el cierre de la causa.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de cárcel contra Calisto en el marco de esta causa por fraude al Fisco. La petición del Ministerio Público deberá ser discutida en las etapas judiciales correspondientes, sin que implique por sí misma una declaración de culpabilidad, según consta en la documentación judicial.
La controversia procesal se originó porque la defensa sostiene que la investigación fue cerrada pese a que no se le habría proporcionado copia de todos los antecedentes contenidos en el expediente. Los abogados de Calisto argumentan que avanzar hacia la preparación del juicio oral sin disponer de todos los antecedentes restringiría las posibilidades del senador de ejercer plenamente su defensa, particularmente porque el acceso podría limitarse únicamente a aquellos elementos que la Fiscalía considere pertinentes para sostener su acusación.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique desestimó la acción antes de Fiestas Patrias, reconociendo que la resolución impugnada involucraba aspectos relacionados con el ejercicio del derecho a defensa, pero concluyó que estos no aparecían vinculados “de manera directa e inmediata con una afectación de la libertad personal o seguridad individual del amparado”, requisito relevante para la procedencia del recurso presentado. El tribunal de alzada de Aysén mantuvo así el cierre de la investigación.
En su recurso ante la Corte Suprema, los abogados de Calisto cuestionan que la defensa debería poder revisar también los antecedentes que el Ministerio Público no pretenda utilizar durante el juicio, debido a que eventualmente podrían resultar favorables al imputado. Según la presentación, impedir esa revisión significaría restringir el derecho reconocido en el artículo 260 y limitar la posibilidad de inspeccionar antecedentes o incorporarlos como prueba propia durante el proceso.
“La defensa obviamente espera que el amparado sea absuelto de todos los cargos”, señala el recurso, agregando que esa expectativa requiere conocer no solo los antecedentes que la Fiscalía utilizará para sustentar su teoría del caso, sino también aquellos que haya decidido no presentar. Entre las consecuencias solicitadas por los abogados se encuentra la reapertura de la investigación por cuatro meses.
La Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la apelación y determinar si mantiene lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique o acoge la solicitud de la defensa. La resolución del máximo tribunal será determinante para establecer si la causa mantiene su actual estado procesal o vuelve a una etapa investigativa antes de avanzar hacia la preparación del juicio oral.
Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).
