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El Gobierno de José Antonio Kast eliminó la Jornada de los Patrimonios Culturales para niñas, niños y adolescentes mediante el decreto supremo N°76 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, publicado en el Diario Oficial. La medida deja sin efecto los decretos N°21 de 2023 y N°27 de 2025, que habían creado y modificado esa jornada exclusiva, según se mencionó en El Mostrador.

La iniciativa había sido creada durante el gobierno de Gabriel Boric con el objetivo de acercar el patrimonio cultural a los menores. Incluso en 2025, su fecha fue modificada para realizarse el cuarto sábado de agosto. Ahora, el actual Ejecutivo argumentó que la existencia de actividades patrimoniales abiertas a toda la ciudadanía hacía innecesaria una celebración separada, una justificación que choca con los propios datos del decreto.

El mismo documento oficial reconoce que, durante la versión 2025 del Día de los Patrimonios, de 3.232 actividades desarrolladas, un 87% estuvo orientado a público general. Además, en 2025 un 58,6% de las actividades inscritas estaban dirigidas a público general, y en 2024 esa cifra alcanzó un 55,6%. Estas cifras contradicen el argumento gubernamental de que una jornada separada para menores carecía de sentido.

El expresidente Boric cuestionó la decisión a través de una publicación en Instagram, calificándola como “muy lamentable” y defendiendo que “niños y niñas merecen atención especial y enseñarles nuestro patrimonio en su lenguaje”. La medida fue firmada por el Presidente Kast y el ministro Francisco Undurraga.

El decreto se ampara en el artículo 61 de la Ley N°19.880, que permite revocar actos administrativos por razones de mérito, conveniencia u oportunidad. El Ministerio sostiene que es necesario concentrar esfuerzos y recursos en un número más acotado de instancias, citando que el Día de los Patrimonios de 2025 registró 3,5 millones de visitas. La pregunta que queda es si concentrar recursos implica también dejar de lado a un público específico que la propia administración reconoce que ya asiste mayoritariamente a actividades de carácter general.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ha encendido las alarmas ante un recorte presupuestario de entre 7% y 10% que el Ministerio de Hacienda prepara para los gobiernos regionales de cara al Presupuesto 2027. Según se mencionó en The Clinic, esta medida tiene a los 16 gobernadores del país con gran malestar y preocupación, sin importar su color político. Orrego advierte que no se trata de un simple ajuste por un déficit fiscal, sino de una decisión que terminará afectando directamente la capacidad de las regiones para impulsar proyectos de infraestructura y generación de empleo.

La crítica de Orrego se centra en una contradicción flagrante del Ejecutivo. Mientras Hacienda argumenta la reducción para apuntar a una eventual falta de ejecución presupuestaria, el gobernador de la RM recuerda que su región ha ejecutado el 100% de su presupuesto durante los últimos cinco años. “¿Cuál es la razón entonces? ¿Una decisión política de disminuir las regiones?”, se pregunta Orrego, quien acusa al Gobierno de equivocarse profundamente al no recortar a los ministerios que, según sus propios datos, no han gastado la plata y poseen muchos más recursos que las regiones.

El reclamo de Orrego también se enfoca en la paralización de obras de infraestructura que, en algunos casos, son proyectos de Estado. El gobernador denuncia un patrón evidente de abandono: “Primero fue el GAM, después fue la ciclovía de la Alameda, ahora el tren a Melipilla”. Esta sucesión de postergaciones refleja, según él, la falta de voluntad del Gobierno para darle continuidad a proyectos que venían de administraciones anteriores, dejando obras botadas y afectando directamente a la ciudadanía.

En el caso del tren a Melipilla, la postergación del tramo soterrado que conectaba la futura estación Lo Errázuriz con la de Alameda fue revelada la semana pasada. Orrego sostiene que la decisión de no darle continuidad al proyecto se tomó “sin una explicación clara, sin una reunión como corresponde”, una práctica que ya había denunciado el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Esta paralización perjudica directamente a ocho comunas, rompiendo con una discusión que data de décadas y que el propio Presidente de la República ha reconocido como antigua.

Ante esta situación, Orrego adelantó que los gobernadores buscarán abordar el tema con el ministro de Hacienda la próxima semana y, posteriormente, llevarán su oposición al Congreso para “pelear esta reducción, que no se compara con una emergencia nacional”. El gobernador enfatizó que “el Chile a medias horada la confianza de la gente en la democracia” y exigió al Gobierno que termine las obras, sin importar quién las haya iniciado, para evitar que la falta de compromiso político siga costando el futuro de las regiones.