La recién asumida seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, Luz Valeria Villegas, es cuestionada por haber salido del país mientras se encontraba con licencia médica. Según información entregada por fuentes, la autoridad habría viajado al extranjero durante el período en que debía estar en reposo por razones de salud. La explicación entregada por la seremi habría sido que se trató de un error, que no hubo mala intención y que ocurrió por desconocimiento de la normativa.
El hecho ha generado críticas debido a que una autoridad pública no puede llegar al cargo cargando una inhabilidad que debió advertir antes de asumir funciones. Quien asume una seremía está asumiendo una función pública que exige probidad, criterio y responsabilidad administrativa. Una licencia médica no es un pasaporte turístico ni una pausa conveniente entre nombramientos, sino un acto médico destinado al reposo y recuperación de la salud, como establece el sentido básico del régimen de licencias en el Estatuto Administrativo.
Este no es un hecho aislado en la Región de Aysén. Anteriormente, la seremi de Culturas duró apenas unos días en el cargo. Luego, la seremi de Transportes dejó el cargo en medio de una polémica pública. Ahora, la nueva seremi de Desarrollo Social aparece marcada por un antecedente que, de haber sido conocido y ponderado oportunamente, debió encender todas las alarmas antes de su nombramiento.
A nivel nacional, los medios ya han contabilizado entre 18 y 21 seremis fuera del gobierno en apenas meses. Esto no es una anécdota, sino una señal política. No es mala suerte, sino falta de conducción, según las críticas que han surgido desde diversos sectores.
La ciudadanía de Aysén vuelve a ver pasar autoridades que llegan con discurso solemne y se van antes de calentar la silla. Se trata de un desfile de nombramientos, renuncias, excusas y comunicados, mientras la ciudadanía mira desde la vereda preguntándose quién gobierna realmente y quién revisa los antecedentes antes de firmar los decretos.
Esto no es una falta de prioridad, sino irresponsabilidad administrativa, descuido político y una falta ética de quien acepta un cargo sabiendo que carga con un problema que compromete la confianza pública. En el Estado no basta con decir “no fue mi intención”, porque hay deberes, probidad y responsabilidad, y una ciudadanía que merece algo más que explicaciones tardías.
