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El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la reducción cercana al 3,6% de las horas docentes máximas de los SLEP puede traducirse en desvinculaciones. Frente a las críticas afirmó: “No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear”.
Estimaciones difundidas en estos días sitúan el impacto potencial en torno al equivalente de 1.800 jornadas docentes, aunque eso no significa que exista ya una cifra definitiva de 1.800 despidos sino que puede ser mayor a ese número de futuro cesantes que pasen a aumentar la estadística de cesantía en Chile solo comparable al tiempo del COVID

Pero el ajuste no llega solo. El proyecto de Presupuesto 2027 también deja sin financiamiento explícito las Becas TIC de Junaeb, continuadoras de Yo Elijo mi PC.

Durante 2026 esta política permitió entregar computadores a 96.100 estudiantes, junto con software educativo y conectividad. Si el Congreso aprueba el presupuesto tal como fue presentado, en 2027 no habría una nueva entrega bajo este programa.

El Gobierno sostiene que la reducción de horas docentes responde, entre otros factores, a la menor matrícula derivada de la caída de la natalidad, y que programas como las Becas TIC han presentado problemas de implementación y evaluaciones insuficientes respecto de sus efectos en aprendizaje. Esos argumentos forman parte de una discusión presupuestaria que todavía debe resolver el Congreso.

Sin embargo, hay una pregunta política y educativa inevitable: ¿qué ocurre con la igualdad de oportunidades cuando simultáneamente se reduce capacidad docente y se retira una herramienta pública de acceso tecnológico?

En plena expansión de la inteligencia artificial, la automatización y la economía digital, un computador ya no puede entenderse simplemente como un regalo.

Para un estudiante que no dispone de uno en su hogar puede ser su principal puerta de acceso a programación, investigación, plataformas educativas, herramientas de IA y competencias digitales que después serán exigidas en la educación superior y en el mercado laboral.

El riesgo es profundizar una brecha conocida: mientras una familia con recursos puede comprar computadores, pagar conectividad y acceder a educación privada y herramientas tecnológicas, los estudiantes dependen principalmente de la educación pública y de políticas estatales tienen menos posibilidades de compensar esas diferencias.

Ahorrar hoy en profesores y el acceso tecnológico puede significar trasladar el costo hacia el futuro.

El debate del Presupuesto 2027, por tanto, no debería reducirse a cuántos pesos se recortan, sino a qué educación necesita Chile para que el origen socioeconómico de un niño no determine también sus posibilidades de participar plenamente en la era digital y de la inteligencia artificial.

Recuerdo ver caminando por la plaza de Coyhaique a un hombre de gorra y lentes. Era 1998 o 1999. Ese es Baldo Araya, el ‘loco Araya’, me dijo quien me acompañaba en ese momento. Yo había leído algunas de sus obras antes de venirme a la región, ‘Crónicas de Coyhaique’ y Aysén, siglo XXI. Pero no sabía que aquel apodo lo llevaba desde hace casi 4 décadas de ese año en el que lo veía pasear por la plaza, ensimismado en mundos llanos y lejanos, saludando a quien le saludara, caminando calles en busca de su carretera… Sí, porque Baldo Araya Uribe se hizo merecedor del apodo gracias su obstinada campaña por convencer a quienos correspondía, de la necesidad de hacer realidad la ‘Carretera Longitudinal Austral’. Una campaña que inició desde la tribuna del diario El Aisén en agosto de 1962 con el título ‘AISÉN NO TIENE COLUMNA VERTEBRAL. ¿Cuándo se hará el camino longitudinal?’. Ya como regidor de la Municipalidad de Coyhaique, Baldo Araya aceptó el desafío que una vecina del pueblo, Betty Aguirre, le impuso: hacer algo más que solo ser un ‘tapa-hoyos’. El mismo Araya dejó testimonio de este desafío en un artículo que años después escribió en El Diario de Aysén (1978): ‘Convinimos en un imposible: conseguir que se continuase la Carretera Panamericana desde Puerto Montt al sur por territorio continental. El desafío contó con testigos cuyos nombres no recuerdo. Desde ese instante la burla cayó sobre mi persona en forma más o menos generalizada’. Baldo Araya se puso a trabajar en junio de 1963 y a fines de julio ya tenía un contundente folleto con los antecedentes y fundamentos que demostraban la necesidad y la posibilidad cierta de continuar la Panamericana en una Carretera Longitudinal Austral. Su testimonio, destaca a todos quienes le ayudaron (incluyendo a los que le regalaron el apodo), le aconsejaron, lo animaron a seguir con este sueño que fue poco a poco concretándose. Así comenzó todo… con un loco regidor que aceptó el desafío de una vecina de Coyhaique. Por mi parte, escribo esta reseña, animado por otra vecina de Coyhaique, Sonnia Montecinos Araya, sobrina de Baldo. Este año 2026 se cumplen 20 años de su fallecimiento. (Referencias: Diario El Aisén, 1963; El Diario de Aysén, 1978; Saavedra, S. 2021. La Carretera Austral. Prensa e historia oral de la conectividad en Aysén. Ñire Negro ediciones), según se mencionó en El Divisadero.

Las movilizaciones estudiantiles de esta semana deberían ser miradas con atención por el Gobierno. No solamente por la cantidad de personas que salieron a las calles, sino porque detrás de ellas hay una inquietud bastante concreta: qué va a pasar con beneficios y políticas que durante años han formado parte de la vida cotidiana de miles de estudiantes y sus familias, según se mencionó en El Divisadero.

El Presupuesto 2027 abrió esta discusión. La propuesta reduce en 46,71% los recursos destinados a los Liceos Bicentenario y deja sin financiamiento explícito a las Becas de Acceso a TIC, el programa que permite entregar computadores a estudiantes y que durante este año benefició a más de 96 mil escolares. Para quien mira estas cifras desde una planilla presupuestaria, probablemente se trata de una decisión asociada a prioridades y eficiencia del gasto. Para una familia, en cambio, la pregunta puede ser bastante más sencilla: ¿mi hijo va a recibir ese computador o no?

Algo parecido ocurre con las becas Aysén y Patagonia. En nuestra región existe preocupación por su futuro y por las condiciones que tendrán estos beneficios para quienes deben salir de Aysén a estudiar. La Beca Patagonia, por ejemplo, durante 2024 llegó a casi tres mil estudiantes y está precisamente destinada a apoyar a jóvenes de la región que cursan estudios superiores fuera de ella.

A esto se suma el aumento de 281,8 pesos por litro desde el 1 de octubre, que golpea especialmente a los hogares que todavía utilizan este combustible para calefaccionarse. La discusión se volvió todavía más sensible después de que el ministro de Hacienda señalara que el consumo en esta época era mínimo, afirmación que posteriormente reconoció que “no fue la mejor” forma de expresarlo.

Aquí hay una lección que quizás vale la pena mirar más allá de la coyuntura. Gobernar también implica explicar las decisiones, pero explicar no significa solamente entregar cifras. Hay que conseguir que esas cifras tengan sentido para las personas que van a vivir sus consecuencias. Porque una familia no piensa en términos de variación presupuestaria. Piensa en el costo de la calefacción, en el arancel, en el traslado de su hijo, en si tendrá o no un computador para estudiar.

Y eso es especialmente importante para regiones como Aysén, donde muchas políticas nacionales tienen efectos distintos que en Santiago. Las distancias, el costo de vivir y estudiar fuera de la región y las condiciones climáticas hacen que ciertos beneficios no sean accesorios.

El Gobierno todavía tiene tiempo para explicar mejor sus decisiones y también para escuchar lo que está ocurriendo. El Presupuesto 2027 recién comienza su discusión en el Congreso y varias de estas materias todavía pueden ser modificadas. Quizás esa sea la oportunidad que dejan estas movilizaciones: recordar que detrás de cada partida presupuestaria hay personas que no hablan en porcentajes. Y cuando una decisión pública afecta su vida cotidiana, necesitan algo más que una explicación técnica. Necesitan entenderla, saber por qué se tomó y, sobre todo, tener la certeza de que su realidad también fue considerada.