Categoría: Política

  • TODO TIENE un precio: la contradicción que golpea a la ciudadanía

    TODO TIENE un precio: la contradicción que golpea a la ciudadanía

    TODO TIENE UN PRECIO

    La llamada “invariabilidad tributaria” vuelve a mostrar una vieja verdad de la política chilena: en el Senado, como en la Bolsa de Comercio, todo parece tener precio, todo se negocia, todo se compra y se vende. Los senadores del PPD, que alguna vez hablaron en nombre del progresismo, hoy aparecen disponibles para facilitar un acuerdo con el gobierno de la ultraderecha económica.

    El caso vuelve a poner en discusión una tensión institucional que golpea directamente a la ciudadanía, más allá de la coyuntura puntual y de las explicaciones oficiales.

    No se trata solo de un problema administrativo. Cuando una comunidad denuncia abandono, la discusión deja de ser técnica y se convierte en política: quién responde, quién prioriza y quién queda esperando.

  • Cuestionan titular de Aysén Conectado sobre caso Calisto: investigación sigue abierta

    Cuestionan titular de Aysén Conectado sobre caso Calisto: investigación sigue abierta

    Un titular publicado por el medio digital Aysén Conectado, y replicado por otros medios regionales, generó controversia en las últimas horas al afirmar que el Tribunal de Coyhaique “dejó sin efecto” la acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto. La información, sin embargo, no se ajusta a lo comunicado oficialmente por el Ministerio Público.

    Según fuentes oficiales, el Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió una solicitud de reapertura de investigación por un plazo de 60 días, para realizar diligencias puntuales solicitadas tanto por la defensa de un imputado como por la defensa del propio senador Calisto. Además, se fijó una nueva audiencia para debatir la viabilidad de otras diligencias específicas.

    Desde la Fiscalía de Chile se ha señalado que la causa no ha terminado, que la investigación no ha desaparecido y que las imputaciones no han sido borradas. El caso sigue vivo, y la cobertura nacional ha indicado que la Fiscalía ya había presentado acusación y solicitado nuevamente el desafuero del parlamentario, estando ahora la discusión jurídica vinculada al efecto procesal de la reapertura sobre esa solicitud.

    El cuestionamiento principal apunta a que el titular de Aysén Conectado podría haber generado en la ciudadanía la sensación de un triunfo judicial definitivo para Calisto, cuando en realidad se trata de una reapertura acotada de la investigación. Se plantea que no es efectivo sostener que el tribunal haya “dejado sin efecto” la acusación como si aquello significara absolución o caída definitiva de la persecución penal.

    A esto se suma que Aysén Conectado no sería un actor aislado en el ecosistema comunicacional regional. Existen antecedentes públicos que vinculan este medio con Patagonia Media Studio, una agencia que aparece asociada al desarrollo del sitio y que registra contrataciones con la Municipalidad de Coyhaique. En el portal Mercado Público consta una orden de compra municipal a la Agencia Publicitaria Patagonia Media Studio Limitada por $5.920.249, correspondiente al programa “Diseña Tu Imagen 2024”.

    Estos antecedentes han llevado a preguntarse si se trata de un medio independiente que informa con rigor o de una plataforma comunicacional inserta en una red de intereses municipales, comerciales y políticos. En el caso Calisto, la interrogante se vuelve aún más delicada: ¿se está informando a la ciudadanía o se está construyendo un relato favorable para confundir el estado real de una causa penal que sigue abierta?

    Desde diversos sectores se exige transparencia: que se aclare quién financia Aysén Conectado, su vínculo con Patagonia Media Studio, las contrataciones municipales en comunicaciones, y si existen pagos, convenios, asesorías o servicios cruzados. Se pide que se deje de presentar como “revés definitivo” o “caída de acusación” lo que jurídicamente es una reapertura acotada de investigación.

    “En Aysén la ciudadanía merece información, no titulares diseñados para instalar confusión. El caso Calisto no está cerrado. La investigación no desapareció. Y la pregunta sobre quién comunica, para quién comunica y con qué intereses recién comienza”, señala el análisis que circula en la región.

  • Quiroz vuelve a chocar con el Congreso: la megarreforma del gobierno de Kast hace agua

    Quiroz vuelve a chocar con el Congreso: la megarreforma del gobierno de Kast hace agua

    La Comisión de Medio Ambiente del Senado fue escenario de un nuevo conflicto entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y legisladores de oposición, en el marco de la tramitación de la denominada megarreforma del gobierno de José Antonio Kast. Los senadores Alfonso de Urresti y Ricardo Celis abandonaron la sesión tras un duro intercambio con Quiroz, según fuentes parlamentarias.

    El incidente se produjo durante la discusión de normas que, bajo el argumento de una “reconstrucción nacional”, permitirían debilitar la institucionalidad ambiental y comprometer recursos fiscales en favor de empresas cuando resoluciones ambientales sean anuladas por la justicia. La salida de los legisladores no fue un hecho aislado, sino una señal del creciente deterioro político de la reforma impulsada por el Ejecutivo.

    No es la primera vez que Quiroz protagoniza un enfrentamiento en el Congreso. En ocasiones anteriores, sus declaraciones sobre supuestas imprecisiones fiscales y económicas heredadas del gobierno anterior alimentaron el clima que llevó a una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Sin embargo, esa ofensiva terminó en una derrota para el oficialismo: necesitaban 26 votos y solo obtuvieron 16, sin lograr ordenar a toda su propia coalición.

    El mensaje del Senado fue claro, según fuentes legislativas: no todo se puede imponer por secretaría, no todo se puede disfrazar de tecnicismo económico y no todo se puede convertir en ajuste ideológico contra derechos sociales, ambientales y laborales. La salida de De Urresti y Celis es un síntoma de una megarreforma que avanza a empujones, con letra chica y con un ministro de Hacienda que parece más enfocado en provocar incendios que en construir mayorías democráticas.

    El gobierno de Kast volvió a tropezar con la realidad: gobernar no es pasar máquina, sino convencer. Y Quiroz, hasta ahora, solo ha logrado tensionar, dividir y debilitar su propia reforma.

  • Diputada RN Claudia Mora frena intento de Kast de eliminar indemnización por años de servicio

    Diputada RN Claudia Mora frena intento de Kast de eliminar indemnización por años de servicio

    La diputada de Renovación Nacional, Claudia Mora, dejó en claro que no acompañará al Gobierno en su intento de eliminar la indemnización por años de servicio, una medida que el Ejecutivo busca presentar como parte de una modernización laboral. “Para eliminar la indemnización por años de servicio, no cuenten con mi voto”, dijo la parlamentaria, según fuentes políticas.

    La declaración de Mora expone una fisura dentro de la derecha tradicional, que incluye a RN y la UDI, partidos que ya gobernaron dos veces con Sebastián Piñera. Estas colectividades, con una lógica de acuerdos y libertad parlamentaria, no están dispuestas a seguir un libreto ultraderechista, según el análisis de fuentes cercanas al sector.

    El Gobierno, liderado por Kast, enfrenta presiones desde varios frentes: la derecha extrema lo acusa de ser blando, sus aliados no quieren apoyar reformas impopulares, y parlamentarios de su propio sector marcan límites en derechos laborales básicos. Además, el Partido de la Gente (PDG) trata al Gobierno como una “derechita cobarde”, mientras que Johannes Kaiser, desde fuera del Ejecutivo, golpea diariamente para posicionarse como el verdadero rostro duro.

    La indemnización por años de servicio es considerada por los trabajadores como una protección mínima frente al despido, no un privilegio ni una concesión graciosa del empleador. La advertencia de la diputada Mora desnuda que el Gobierno intenta cruzar una línea peligrosa, y que ni siquiera todos sus aliados están dispuestos a acompañarlo en esa dirección.

    Kast pretendía gobernar como “patrón de fundo”, pero el Congreso no es su fundo y los derechos de los trabajadores no son moneda de cambio para satisfacer a los ideólogos del abuso, según el análisis de fuentes políticas. La situación refleja un escenario de fuego cruzado para el Ejecutivo, que busca ordenar a un conglomerado que no le pertenece por completo.

  • Senador Calisto enfrenta nuevo frente judicial: presuntos pagos a exfiscal Carlos Palma

    Senador Calisto enfrenta nuevo frente judicial: presuntos pagos a exfiscal Carlos Palma

    El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta un nuevo frente judicial en la Región de Aysén. A la posibilidad de un desafuero por presunto fraude al Fisco se suma ahora una nueva sombra en el expediente: la presunta ruta de pagos indebidos vinculada al exfiscal Carlos Palma.

    Según fuentes, esta nueva arista del caso ha sido incorporada a la investigación que ya pesa sobre el parlamentario. Los antecedentes apuntan a una posible red de pagos que involucraría al exfiscal, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre montos o fechas.

    El caso ha generado un fuerte impacto en la política regional, donde las acusaciones contra Calisto han sido seguidas de cerca por la ciudadanía. La investigación por fraude al Fisco ya había puesto en el centro de la controversia al senador, quien ha negado las acusaciones en reiteradas ocasiones.

    La nueva información sobre los presuntos pagos al exfiscal Carlos Palma ha sido recibida con sorpresa en los círculos políticos de Coyhaique. El exfiscal, que se desempeñó en la región, ahora aparece vinculado a este caso que podría tener consecuencias judiciales para ambos.

    El proceso judicial sigue su curso y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre esta nueva línea de investigación. Mientras tanto, la incertidumbre política en la región se mantiene, con la mirada puesta en el desarrollo de las diligencias.

  • Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisa solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto Águila

    Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisa solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto Águila

    La Ilustre Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisará este viernes 10 de julio de 2026 la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto Águila, parlamentario imputado en una investigación por presunto fraude al Fisco. El caso involucra recursos públicos y ha generado expectación en la Región de Aysén, de donde es oriundo el legislador.

    Según fuentes del caso, la solicitud de desafuero busca que el senador pierda su fuero parlamentario, permitiendo que la justicia avance sin los privilegios que otorga su cargo. El desafuero no implica una condena, sino que habilita a los tribunales a continuar con el proceso judicial sin blindajes institucionales.

    En los últimos días, diversos medios electrónicos han cubierto la causa, aunque de manera confusa según algunas críticas. Se ha puesto el acento en maniobras procesales, declaraciones cruzadas y supuestas lecturas políticas, lo que podría generar dudas en la ciudadanía sobre la gravedad del caso.

    Desde la perspectiva institucional, el desafuero es un mecanismo legal que permite que una autoridad pública sea procesada penalmente sin que su cargo le otorgue inmunidad. En este contexto, la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt será clave para definir si el senador Calisto Águila enfrenta la investigación sin privilegios.

    El senador Calisto Águila ha sido vinculado a una investigación por presunto fraude al Fisco, un delito que involucra el uso indebido de recursos públicos. La causa ha generado indignación en algunos sectores, que consideran que las autoridades deben rendir cuentas con total transparencia.

    La fecha del 10 de julio de 2026 no es menor, ya que representa una oportunidad para que las instituciones demuestren su capacidad de actuar sin distinciones. La ciudadanía espera que nadie esté por sobre la ley, especialmente quienes fueron elegidos para representar al pueblo.

    El caso ha sido seguido de cerca por medios locales y nacionales, y se espera que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt emita un fallo que podría tener implicancias políticas y judiciales significativas. La decisión podría sentar un precedente sobre el tratamiento de causas que involucran a altas autoridades.

  • Caso Calisto: avanza investigación por fraude al fisco mientras se espera decisión sobre desafuero

    Caso Calisto: avanza investigación por fraude al fisco mientras se espera decisión sobre desafuero

    La investigación por fraude al fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto Águila y a otros ocho imputados ha superado la etapa preliminar. El Ministerio Público cerró la indagatoria y presentó una acusación formal, mientras la causa avanza hacia la preparación del juicio oral.

    La audiencia de preparación de juicio oral quedó suspendida debido a que se debe resolver previamente el desafuero del senador Calisto. Este trámite fue derivado a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaran para conocer el requerimiento.

    En la causa figuran como imputados Miguel Ángel Calisto Águila, Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Beatriz Loaiza Henríquez, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido. La Defensoría Penal Pública representa a Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido, mientras que el senador Calisto cuenta con defensa privada.

    La ley no establece un plazo fatal para que la Corte resuelva el desafuero, pero sí permite apelar ante la Corte Suprema dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución. Si el desafuero se concede y queda firme, deberá comunicarse al Congreso y el senador quedará suspendido respecto de esta causa.

    El caso ha generado debate sobre la igualdad ante la ley, ya que un senador en ejercicio enfrenta una acusación por fraude al fisco. La ciudadanía espera transparencia y responsabilidad, sin privilegios ni blindajes, en un proceso que debe aplicar las mismas reglas para todos.

  • Revés para la Fiscalía: reabren investigación por fraude al fisco contra senador Calisto en Coyhaique

    Revés para la Fiscalía: reabren investigación por fraude al fisco contra senador Calisto en Coyhaique

    En un giro inesperado, el Juzgado de Garantía de Coyhaique revirtió el cierre de la investigación por presunto fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto, ordenando reabrir el caso por 60 días. La medida, adoptada tras acoger una solicitud de la defensa de otro imputado, deja en pausa tanto la acusación fiscal como la nueva petición de desafuero que buscaba llevar al parlamentario a juicio oral.

    La decisión supone un duro revés para el Ministerio Público, que apenas días atrás había solicitado 12 años de cárcel para Calisto y presentado un nuevo requerimiento de desafuero, según consignó BioBioChile – La Red de Prensa Más Grande de Chile. El tribunal acogió los argumentos de la defensa de Felipe Klein, otro de los imputados, que reclamó la posibilidad de realizar diligencias previamente rechazadas por la Fiscalía.

    El abogado César Ramos, defensor del senador, celebró la resolución y señaló que “la acusación y una solicitud de desafuero tienen como premisa ineludible la existencia de una investigación cerrada. Ese estado de investigación cerrada es el que hoy fue revertido”. Ramos agregó que “hoy la investigación no está cerrada, está reabierta y, en consecuencia, se debe dejar sin efecto tanto la acusación presentada como también la solicitud de desafuero”.

    La investigación se originó por un presunto esquema de fraude al fisco ocurrido entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado. Según el Ministerio Público, Carla Graf habría actuado como una “funcionaria fantasma”: recibía pagos del Congreso por asesorías presuntamente ficticias y parte de esos recursos habrían sido transferidos posteriormente a Calisto y a Roland Cárcamo.

    Ramos detalló que las diligencias solicitadas incluyen “oficios a instituciones públicas, declaraciones de testigos y realización de informes policiales que esperamos tengan el efecto de demostrar la absoluta inocencia del senador Miguel Ángel Calisto”. La reapertura, por 60 días, abre una ventana para que la defensa intente desmontar la imputación antes de que el caso avance a juicio oral.

    El caso, que sacude el escenario político de la Patagonia, mantiene en vilo a la región de Aysén, donde Calisto tiene fuerte arraigo. Mientras la Fiscalía buscaba acelerar el proceso, el tribunal optó por dar espacio a nuevas diligencias, dejando en el aire el futuro judicial del senador y la credibilidad de las acusaciones que pesan en su contra.

  • Documento vincula a exdiputado Miguel Ángel Calisto con recepción de US$ 20.456 por proyecto financiado por Taiwán

    Documento vincula a exdiputado Miguel Ángel Calisto con recepción de US$ 20.456 por proyecto financiado por Taiwán

    Un documento fechado el 7 de enero de 2019 en Valparaíso, titulado “Recibo de dinero”, vincula al entonces diputado Miguel Ángel Calisto Águila con la recepción de 20.456 dólares estadounidenses, según información que circula en la región.

    El texto del documento señala que Calisto manifestó haber recibido “a entera satisfacción” dicha suma por el proyecto denominado “Apoyo Social de Adultos Mayores de la Región de Aysén”, cuyos fondos aparecen vinculados a la República de Taiwán.

    El recibo indica que el depósito fue realizado a una cuenta bancaria a nombre de Roland Cárcamo Catalán, identificado como representante legal de la Fundación Proyecto Futuro. En la parte inferior del documento se observa una firma y un timbre circular con la leyenda “Diputado de la República – Miguel Ángel Calisto”.

    Además, el documento incluye una mención final donde se establece que el señor Miguel Ángel Calisto Águila, a través de la Fundación Proyecto Futuro, compromete la realización del proyecto adjudicado.

    Este antecedente, por su contenido, fecha, monto y personas mencionadas, podría constituir un elemento relevante para ser analizado por las autoridades competentes, especialmente respecto del destino, rendición y legalidad de dichos fondos. No se trata de una condena pública, sino de una pregunta legítima: ¿dónde terminó ese dinero y quién rindió cuentas por él?

  • Gobierno de emergencia: la seguridad pública en entredicho tras vínculos de la ANI con Hermosilla

    Gobierno de emergencia: la seguridad pública en entredicho tras vínculos de la ANI con Hermosilla

    La renuncia de Paulo Contreras, jefe de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), ha sacudido al gobierno tras revelarse sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y la presunta entrega de información reservada desde la Policía de Investigaciones (PDI). Este hecho se suma a las críticas contra la exministra Trinidad Steinert, cuestionada por exceder sus atribuciones frente a la PDI en nombre del orden y la seguridad.

    Según fuentes, Contreras habría facilitado datos sensibles a Hermosilla, quien opera en redes privadas de poder, lo que ha generado dudas sobre el uso de la inteligencia del Estado. La situación ha sido calificada como un reflejo de un poder que observa, clasifica y disciplina sin control, recordando las descripciones de Michel Foucault en “Vigilar y castigar”.

    El problema no se limita a las renuncias individuales, sino que plantea una interrogante profunda: ¿qué ocurre cuando quienes deben custodiar la inteligencia del Estado aparecen vinculados a filtraciones y decisiones tomadas desde la sombra? La seguridad pública, advierten analistas, no puede convertirse en vigilancia privada, ni la inteligencia estatal estar al servicio de abogados influyentes o grupos de poder económico.

    El discurso de “mano dura” en seguridad, promovido por el gobierno, agota la paciencia ciudadana, que exige instituciones limpias, con límites claros y responsabilidad política real. La falta de transparencia en el manejo de la información reservada y los vínculos con operadores privados erosionan la confianza en el Estado.

    Desde el Ejecutivo, que ha definido su gestión como un gobierno de emergencia con prioridad en seguridad, no ha habido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, la crisis institucional se profundiza cuando el poder vigila sin control, castiga sin transparencia y se protege a sí mismo, transformando la democracia en un expediente.