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El manuscrito del 9 de septiembre que pone en cuestión el mito de Pinochet como gran arquitecto del 11 de septiembre
9 de septiembre de 1973.

Faltaban apenas 48 horas para el golpe de Estado que terminaría con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.

En una pequeña hoja manuscrita, José Toribio Merino envió un mensaje a dos hombres:
Gustavo Leigh y Augusto Pinochet.
«Bajo mi palabra de honor el día D será el 11 y la hora H 06.00».

No es una frase reconstruida cincuenta años después.

El texto aparece reproducido en las propias memorias de Merino, Bitácora de un almirante, y ha sido corroborado posteriormente por investigaciones históricas y por publicaciones vinculadas a la propia historia militar chilena.

Pero el reverso resulta todavía más revelador. Merino escribió directamente a Pinochet:
«Augusto: Si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para ver el futuro».

Aquellas palabras modifican una de las imágenes más repetidas durante décadas: la de Augusto Pinochet como cerebro originario y gran planificador del golpe militar.

La conspiración era bastante más compleja.

Dentro de la Armada existía una organización golpista desarrollada antes de que Pinochet siquiera llegara a la Comandancia en Jefe del Ejército.

Memoria Chilena recoge que, de acuerdo con las memorias del propio Merino, en la Armada se había planificado y decidido participar en el golpe, mientras diversos mandos presionaban para actuar contra el gobierno de la Unidad Popular.

Y existe una paradoja histórica todavía mayor.
Pinochet había sido nombrado comandante en jefe por el propio Salvador Allende apenas 19 días antes del golpe, el 23 de agosto de 1973, después de la renuncia de Carlos Prats.

Hasta poco antes se había mantenido dentro de la línea institucional del Ejército e incluso había participado en la derrota del Tanquetazo de junio.

El 9 de septiembre, en cambio, la decisión llegó a su punto de no retorno.

Merino ya hablaba del “día D”, fijaba el 11 de septiembre, establecía la hora H y exigía saber si Pinochet pondría a disposición del movimiento toda la fuerza del Ejército en Santiago.

Pinochet finalmente aceptó.

Dos días después encabezaría operacionalmente al Ejército durante el golpe y, posteriormente, acumularía un poder muy superior al de sus compañeros de Junta, hasta convertirse en la figura central de los casi diecisiete años de dictadura.

Pero una cosa es quién terminó apropiándose del poder y otra distinta es quién venía preparando la insurrección y quién empujó la decisión final.

La pequeña hoja del 9 de septiembre obliga, al menos, a revisar el relato construido posteriormente alrededor de Pinochet.

No fue él quien escribió a Merino comunicándole que el golpe sería el día 11.

Fue Merino quien se lo comunicó a Pinochet.
Y no es una interpretación política.
Es lo que dice el documento.

La portada que vemos no es una recreación ni una exageración retrospectiva.

Corresponde a La Segunda del 9 de febrero de 1977. Sobre un enorme titular —“NO HAY TALES DESAPARECIDOS”— aparecía la frase “NUEVA FELONÍA MARXISTA ANTE LOS TRIBUNALES”.

La información reproducía la tesis oficial según la cual personas denunciadas como detenidas desaparecidas no estaban en poder de los organismos represivos y que las denuncias constituían una maniobra política. Décadas después, la documentación sobre violaciones de derechos humanos mostraría una realidad radicalmente distinta.

La Segunda pertenecía al grupo El Mercurio S.A.P.

El tristemente célebre titular “EXTERMINADOS COMO RATONES” fue publicado por La Segunda el 24 de julio de 1975, en el contexto de la llamada Operación Colombo.

Se informó que 59 militantes del MIR habían muerto en Argentina, mientras otros periódicos reprodujeron versiones similares sobre supuestas pugnas internas entre opositores.

Posteriormente se estableció que aquello formaba parte del montaje destinado a encubrir la desaparición y asesinato de opositores detenidos por los organismos represivos de la dictadura, como Edgardo Enriquez, hermano de Miguel Enriquez.

Por eso estas portadas tienen hoy un valor que va mucho más allá de una antigua página de diario. Son documentos históricos sobre el poder que puede tener una prensa cuando deja de interrogar al poder y comienza simplemente a reproducir su relato.

Después del golpe de Estado de 1973, los medios vinculados a la Unidad Popular fueron clausurados, sus bienes confiscados y numerosos trabajadores de prensa fueron detenidos o enviados al exilio.

Los medios autorizados para continuar operando estuvieron sometidos, en distintos períodos, a censura, restricciones e intervención sobre sus contenidos.

Frente a ese escenario aparecieron publicaciones como APSI, Análisis, Cauce, Hoy, Fortín Mapocho y posteriormente La Época, que abrieron espacios para denuncias sobre derechos humanos y para voces que difícilmente tenían cabida en la prensa predominante.

Aquello tuvo costos concretos.

Hubo prohibiciones para publicar fotografías, requisición de ejemplares, censura previa, clausuras, procesos judiciales contra periodistas y restricciones especiales durante los estados de sitio. Análisis, Cauce, APSI y Fortín Mapocho, entre otros, conocieron directamente esas medidas.

Con el retorno democrático desapareció buena parte de la censura estatal característica de la dictadura, pero muchos medios opositores enfrentaron otro problema: la sobrevivencia económica.

Perdieron cooperación internacional, tuvieron dificultades para conseguir publicidad y debieron competir dentro de un mercado fuertemente concentrado.

Memoria Chilena señala precisamente que varios terminaron cerrando durante los años noventa debido a graves problemas de financiamiento; Fortín Mapocho cerró en 1991 por esas dificultades, Análisis llegó hasta 1993 y APSI hasta 1995.

La libertad de prensa no consiste solamente en que el Estado no censure.

También necesita pluralidad de propietarios, diversidad editorial, periodistas capaces de contradecir a gobiernos y grandes intereses económicos, medios regionales fuertes y ciudadanos que puedan comparar distintas fuentes.

Porque una democracia puede tener cientos de páginas, radios, canales y portales y, sin embargo, empobrecer su debate si todos terminan mirando la realidad desde los mismos centros de poder.

Por eso los medios independientes, regionales, comunitarios y digitales cumplen una función indispensable. Internet derribó en parte la antigua barrera que hacía que unos pocos grupos económicos decidieran qué llegaba a millones de personas. Capitulo aparte merece la operación política llevado a cabo por el socialista Enrique Correa, ministro del Presidente Patricio Alwyn, que potenció con recursos de publicidad gubernamental a los mismos medios de prensa que utilizóel Dictador Pinochet, porque estos medios eran más controlables que los “díscolos medios impresos” que fueron tensced opositores al régimen criminal.

Hoy una fotografía, un documento judicial o una investigación local puede romper un silencio que hace cuarenta años habría sido mucho más difícil atravesar.

También la inteligencia artificial puede ayudar a ese proceso: permite rastrear archivos, contrastar versiones y localizar documentos que antes requerían días de búsqueda. Pero tampoco debe convertirse en una nueva “voz oficial”.

La IA puede equivocarse. Debe ser utilizada como herramienta para buscar y confrontar fuentes, nunca como sustituto de ellas.

La imagen de 1977 debería, entonces, permanecer en nuestra memoria colectiva.

No necesariamente para decir que todo medio tradicional miente ni que todo medio alternativo dice la verdad.

Esa sería precisamente otra forma de pensamiento único.

Debe permanecer para recordarnos algo mucho más importante:
ningún medio merece que le entreguemos nuestra confianza sin exigirle pruebas.
Ningún gobierno merece controlar el relato de la realidad.

Y ningún periodista debería olvidar que su primera responsabilidad no es proteger al poder, sino interrogarlo.

Porque la portada decía:
“NO HAY TALES DESAPARECIDOS”.

Los desaparecidos sí existían.

Y cuando los hechos terminaron derribando aquella versión, quedó una de las lecciones más dolorosas de nuestra historia periodística:
la verdad dicha a medias puede convertirse en una mentira completa.

La memoria no sirve para quedarse atrapados en el pasado.
Sirve para impedir que el poder —sea político, económico o comunicacional— vuelva a convencernos de que aquello que estamos viendo simplemente “no existe”.

Los diputados René Alinco y Alejandra Valdebenito iniciaron una campaña de firmas para impulsar una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, con el fin de indagar las condiciones de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) en la Región de Aysén y en todo el país. Esta iniciativa surge como respuesta al incendio del 11 de septiembre en el hogar El Edén de Pitrufquén, donde fallecieron 16 personas mayores, y a denuncias recientes en el ELEAM de Coyhaique, donde se han cuestionado las condiciones de atención y funcionamiento. Alinco afirmó que “en Chile, los derechos humanos de nuestros adultos mayores no están siendo respetados”, criticando la respuesta hasta ahora de las autoridades, asegurando que “no se anunció absolutamente nada” por parte del ministerio. La solicitud busca revisar la actuación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Salud, Senama y otros organismos en casos de negligencias o vulneraciones a la dignidad de las personas mayores entre 2019 y 2026. En el caso de Coyhaique, Alinco ha señalado presuntas irregularidades como la falta de insumos básicos, ausencia de profesionales y posibles abusos, derivadas a organismos como la Contraloría Regional de Aysén. La iniciativa menciona 993 establecimientos autorizados y otros 505 sin resolución sanitaria, además de 1.659 fiscalizaciones desde 2023 y cientos de sumarios sanitarios pendientes. Alinco y Valdebenito han planteado que Chile podría enfrentar un “caso Sename de las personas mayores” y han llamado al Congreso a actuar antes de nuevas vulneraciones. Si la iniciativa es aprobada, la comisión tendrá 180 días para investigar y presentar conclusiones, un plazo que busca garantizar transparencia y responsabilidad en la atención de los derechos de los adultos mayores en la región y el país, según se informó en Viento Patagón., según se mencionó en El Divisadero.

La velocidad con la que los países pueden tomar decisiones ha cambiado la forma en que interactúan. Gracias a los avances tecnológicos, lo que antes tomaba meses ahora se resuelve en días e incluso horas. Esta dinámica ha abierto una nueva etapa para América Latina, donde la afinidad entre gobiernos vecinos se ha convertido en un motor de crecimiento. En Brasil, la ciudadanía ha manifestado un despertar frente a décadas de ineficiencia y retroceso, culminando en un resultado inesperado que lleva a la primera vuelta a las posiciones libertarias. Este triunfo, que dejó en claro el descontento con administraciones que, según el análisis, solo enriquecieron a sus líderes y olvidaron el desarrollo sostenible, ha sido recibido con aliento por otros países como Chile, Colombia y Perú, que también se han desvinculado de sistemas autoritarios. Para la Región de Aysén, esta noticia llega como un recordatorio de que los cambios políticos no se limitan a la capital; ellos impactan directamente en servicios, seguridad y calidad de vida de las comunidades. Mientras Brasil celebra un futuro prometedor con una unidad libertaria, en nuestro territorio aún queda por rescatar, y por ahora, como se señaló en el análisis, nos encontramos “al aguaite”. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué harán los gobiernos locales para aprovechar esta ola de cambios y garantizar que los derechos y la estabilidad lleguen también a las zonas rurales y a los municipios más alejados? La noticia fue difundida por medios regionales que han seguido de cerca el proceso electoral brasileño, destacando cómo la voz del pueblo puede transformar escenarios políticos en tiempos récord., según se mencionó en El Divisadero.

La portada de Clarín que circuló en aquellas horas refleja la confusión inicial: llegó a señalar a un supuesto exdetective, José Mosella, como posible autor. De hecho, el propio director de Investigaciones desmintió entonces que Mosella estuviera detenido. La investigación posterior reveló una trama muy distinta y mucho más profunda.

El 22 de octubre de 1970, el comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, fue interceptado cuando se desplazaba por Santiago. El objetivo original era secuestrarlo, no porque Schneider estuviera conspirando, sino precisamente por lo contrario: representaba el principal obstáculo militar para quienes pretendían impedir que el proceso constitucional culminara con Salvador Allende en La Moneda. Schneider sostenía que el Ejército debía respetar la Constitución y la decisión soberana del Congreso Nacional.
La conspiración estuvo encabezada por el general en retiro Roberto Viaux y contó con civiles y militares involucrados en una operación destinada a provocar un hecho de tal gravedad que generara caos político, quebrara la disciplina constitucional de las Fuerzas Armadas y permitiera desencadenar un golpe antes de la ratificación presidencial por el Congreso. Los antecedentes judiciales de la época establecieron que Viaux ordenó reiteradamente el secuestro de Schneider después de fracasar intentos anteriores.

En torno a esa conspiración participaron sectores civiles de ultraderecha y nacionalistas vinculados al naciente movimiento que daría origen a Patria y Libertad. Conviene hacer una precisión histórica: el Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad ya apareció en septiembre de 1970, mientras que el Frente Nacionalista Patria y Libertad, en su organización más conocida, se estructuraría posteriormente. Por eso, atribuir todo el crimen simplemente a “Patria y Libertad” sin mencionar la red de Viaux y los militares conspiradores deja incompleta la historia.

El plan terminó en tragedia. Schneider intentó defenderse con su arma cuando los secuestradores rodearon y atacaron su automóvil. Le dispararon y quedó gravemente herido; falleció tres días más tarde, el 25 de octubre de 1970. El secuestro que debía generar el pretexto para quebrar la institucionalidad terminó convertido en el asesinato del propio comandante en jefe del Ejército.

Y existe además un capítulo internacional que hoy está abundantemente documentado. Los archivos estadounidenses desclasificados muestran que, bajo el denominado Track II, la CIA buscó estimular a militares chilenos para impedir la llegada de Allende al poder. Documentos de la propia Agencia registran contactos con los conspiradores, planes para secuestrar a Schneider, entrega de material al grupo relacionado con el general Camilo Valenzuela y la disposición de recursos económicos para operaciones golpistas. La Biblioteca Nacional de Chile resume que el plan tuvo, en su fase inicial, apoyo financiero y logístico de la CIA. Eso no equivale a afirmar que la CIA haya apretado directamente el gatillo aquella mañana, pero sí demuestra que la conspiración golpista tenía una dimensión internacional que durante décadas fue materia de controversia y que hoy consta en documentación desclasificada.
Schneider no murió por enfrentarse a la democracia.
Murió defendiendo una concepción constitucional del Ejército. Querían sacarlo del camino porque se negaba a convertir las Fuerzas Armadas en instrumento para desconocer el resultado político de 1970. El plan era secuestrarlo, provocar el caos y abrir paso a una ruptura institucional. Schneider se defendió.
Los conspiradores dispararon. Y Chile perdió a su comandante en jefe.
La historia es especialmente incómoda por eso: el hombre que debía ser eliminado para provocar un golpe fue precisamente quien defendía que los militares no podían decidir quién debía gobernar Chile.

La decisión unánime, por 3 votos a 0, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt de acoger el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto abre ahora una nueva etapa judicial.

Y ya no es solo una presunción basada en la estrategia seguida anteriormente por su defensa: desde el entorno del senador confirmaron que recurrirá ante la Corte Suprema para intentar revertir la resolución, repitiendo el camino que utilizó cuando fue desaforado como diputado.

La estrategia contrasta con el discurso público inicial del parlamentario. Cuando la investigación avanzaba, Calisto sostuvo su inocencia y afirmó haber colaborado con el proceso; incluso desde su sector se aseguró públicamente que había entregado antecedentes para facilitar la investigación.

Sin embargo, durante la tramitación posterior, su defensa ha utilizado los mecanismos procesales disponibles para cuestionar actuaciones de la Fiscalía, solicitar reaperturas de la investigación y recurrir a resoluciones adversas. Por ejemplo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó en junio una cautela de garantías con la que su defensa pretendía reabrir la investigación.

Por eso, conviene separar el juicio político de los hechos judicialmente acreditados: ejercer recursos y acciones de defensa es un derecho del imputado y no constituye, por sí mismo, una falta de colaboración ni una admisión de responsabilidad.
Lo que sí está establecido hoy es que otro tribunal de alzada ha considerado que existen antecedentes suficientes para levantar su fuero, esta vez como senador. Calisto mantiene su presunción de inocencia y será la justicia penal —no el desafuero— la que deberá determinar finalmente si existe responsabilidad en los delitos que le atribuye la Fiscalía.

El caso del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, abre un problema que va más allá de su situación penal.

Fue designado directamente por el Presidente José Antonio Kast y no proviene de la carrera diplomática. Paradójicamente, el propio Kast cuestionó durante años que las embajadas fueran utilizadas para instalar figuras políticas o entregar “premios de consuelo”, defendiendo la preferencia por diplomáticos de carrera.

Hoy, la fiscal regional Claudia Perivancich confirmó que Zaliasnik tiene calidad de imputado en la investigación por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales. Jurídicamente hay que ser rigurosos: no está formalizado y mantiene plenamente la presunción de inocencia.

Su defensa sostiene, además, que esa condición deriva de la denuncia que dio origen a la investigación.

Pero la responsabilidad política y diplomática opera en un plano distinto. Israel constituye hoy uno de los destinos más sensibles de la política exterior chilena.

Por eso, mientras se aclaran los antecedentes, la Cancillería debiera evaluar al menos llamar al embajador a consultas, no como sanción anticipada, sino como una señal institucional destinada a resguardar la representación y la imagen internacional de Chile.

La presunción de inocencia protege al imputado; la responsabilidad política obliga al Gobierno a explicar y actuar con coherencia.

La visita de los ministros de Obras Públicas y Transportes y del Interior a Aysén generó expectativas, pero según información de El Divisadero, la decepción fue mayor tras el punto de prensa en Coyhaique. La región, con pocos días en que autoridades nacionales toman decisiones que impactan directamente la vida cotidiana, esperaba respuestas concretas. No hubo claridad sobre cómo enfrentar el fuerte aumento de los combustibles, que afecta a quienes dependen del transporte para trasladar mercancías y personas. Tampoco se abordó el cierre del puente Presidente Ibáñez, un tema crítico para Puerto Aysén, donde la conectividad es esencial para acceder a servicios básicos y a otros municipios. La falta de respuestas dejó a los alcaldes de Coyhaique y Puerto Aysén con incertidumbre, especialmente en un contexto de costos de vida elevados y dificultades logísticas. Aunque la visita incluyó actividades como la conmemoración de los 50 años de la Carretera Austral en Villa Cerro Castillo y el recorrido del terminal de pasajeros en Balmaceda, estos proyectos ya estaban en marcha antes de la visita, lo que cuestiona su utilidad inmediata. La comunidad, que confía en que una visita ministerial deje más que fotografías, necesita acciones que aborden problemas reales: desde el acceso a combustibles asequibles hasta soluciones para el aislamiento de Puerto Aysén tras el cierre del puente. La falta de compromisos concretos en la visita refleja una brecha entre las expectativas ciudadanas y las prioridades nacionales, dejando a Aysén en una posición vulnerable frente a desafíos que ya afectan su desarrollo territorial.

La madrugada de este lunes fueron detenidas 10 personas en el marco de una investigación por una presunta trama de fraude al fisco y soborro que involucra al Gobierno Regional del Maule y a funcionarios de las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier. El operativo fue realizado por la Fiscalía Regional del Maule junto a la Policía de Investigaciones (PDI). La indagatoria se inició en octubre de 2024 y, de acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la defraudación investigada alcanzaría aproximadamente $3.000 millones. Este monto, según fuentes cercanas al caso, podría haber sido utilizados para financiar obras públicas, servicios municipales o subsidios, pero la trama apunta a un desvío ilegal de fondos públicos. La detención de funcionarios clave genera una crisis de confianza en las instituciones locales, afectando la percepción de seguridad y transparencia en la gestión de recursos por parte del Estado. La Fiscalía ha señalado que el caso está en marcha y se investigan mecanismos para recuperar los fondos perdidos, aunque aún no se han revelado los nombres de los imputados ni los detalles específicos de los sobornos. La noticia, difundida por El Dínamo, resalta la gravedad de la situación en una región donde la gestión pública es fundamental para el desarrollo territorial. La falta de fiscalización y el abuso de poder en la asignación de recursos públicos pone en riesgo la estabilidad de servicios básicos y la calidad de vida de las comunidades afectadas.

El Escudo de las Américas comienza a asomarse con bastante menos timidez por la hermana República Argentina.
Estados Unidos acaba de aprobar más de US$13 millones para instalar en territorio argentino una unidad regional de la INL, organismo del Departamento de Estado especializado en narcotráfico y aplicación de la ley, desde donde se impulsarán programas para distintos países latinoamericanos.

No estamos hablando formalmente de una oficina de la CIA, pero sí de cooperación operativa, capacitación, tecnología, intercambio de información e inteligencia criminal a escala regional.

Y para Chile el asunto no resulta lejano.
Nuestro país ya ingresó al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Washington que contempla intercambio de inteligencia, tecnologías de seguridad y coordinación entre policías y organismos estatales. Argentina, precisamente nuestro vecino de más de 5.000 kilómetros de frontera, pasa ahora a albergar una estructura estadounidense diseñada para proyectarse sobre toda Latinoamérica.

Ministerio de Relaciones Exteriores
La cooperación internacional contra el narcotráfico puede ser necesaria. Otra cosa es renunciar a preguntar quién comparte información, qué información se comparte, bajo qué legislación, quién controla su utilización y hasta dónde puede avanzar una potencia extranjera dentro de los sistemas de seguridad latinoamericanos.
Chile tiene razones históricas para hacerse esas preguntas.
Los documentos oficiales desclasificados de Estados Unidos y el Comité Church demostraron décadas después que entre 1963 y 1973 la presencia encubierta norteamericana en nuestro país fue extensa: hubo financiamiento político, intervención comunicacional, operaciones clandestinas y contactos con sectores militares, policiales y de inteligencia.

No es una teoría conspirativa retrospectiva: forma parte de la documentación oficial estadounidense.
Comité de Inteligencia del Senado +1
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei profundiza simultáneamente su alianza estratégica con Washington y con Israel. Incluso Argentina e Israel inauguraron este año los llamados Acuerdos de Isaac, que incluyen cooperación hemisférica contra terrorismo y narcotráfico.
Por ahora no existe anuncio alguno de una oficina regional de inteligencia israelí en Argentina. Pero la ironía política queda servida: entre el Escudo de las Américas, una nueva unidad estadounidense de seguridad regional y la creciente arquitectura de cooperación internacional, solo faltaría que mañana apareciera una oficina del Mossad para completar una postal que inevitablemente obliga a preguntarse dónde termina la cooperación contra el crimen organizado y dónde comienza la tutela geopolítica sobre América Latina.
La seguridad importa. La soberanía también. Y Chile, por su propia historia, debería conocer mejor que muchos países el precio de confundir ambas cosas.