Autor: Víctor Reyes

Protagonizada por: parlamentarios convertidos en investigadores, jueces y verdugos, siempre que el acusado sea un adversario político.
Con actuaciones especiales de:
Jaime Orpis, exsenador UDI, condenado por fraude al fisco y cohecho en el Caso Corpesca.
Jovino Novoa, expresidente de la UDI, condenado por delitos tributarios en el Caso Penta.

Marta Isasi, exdiputada vinculada a la derecha, condenada por cohecho en el Caso Corpesca.

Karen Rojo, exalcaldesa apoyada por Chile Vamos, condenada por fraude al fisco.

Raúl Torrealba, histórico exalcalde de RN, formalizado por graves delitos económicos; su responsabilidad definitiva debe establecerla la justicia.
La diferencia es sencilla: estos nombres no provienen de una teoría publicada en redes sociales, sino de condenas o procesos judiciales reales.
Y precisamente por eso hay que distinguir entre condenados, imputados y simples acusados, una delicadeza que los difamadores televisivos rara vez conceden a sus adversarios.
El argumento de la película es brillante: los protagonistas buscan desesperadamente al ladrón detrás del juez, revisan los bolsillos del enemigo y levantan una nube de sospechas… hasta que la cámara gira lentamente y enfoca a los condenados, formalizados y financiadores irregulares sentados en las primeras filas de su propio partido.
“Los pitucos difamadores”: una comedia negra donde los guardianes de la moral siempre descubren el delito en otra casa, porque mirar debajo de su alfombra podría arruinarles el final.
Y al final, la película se repite: Calisto por Aysén, Kusanovic por Magallanes, Camila Flores por Valparaíso.
Distintas regiones, distintos partidos, pero el mismo libreto: acusar con estridencia al adversario y pedir prudencia cuando la sospecha se acerca a los propios.

Porque en esta función política los “pitucos difamadores” siempre apuntan el reflector hacia afuera, mientras detrás del juez se amontonan los prontuarios, las formalizaciones y los silencios convenientes.

El problema no es que busquen ladrones: es que, de tanto mirar al frente, nunca revisan quiénes están sentados en su propia fila.

EL EXAMEN QUE FALTABA

El exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez debió abandonar el Gobierno después de que su examen oficial de junio arrojara positivo, resultado que —según el laboratorio— fue confirmado mediante una segunda revisión de la misma muestra.

Pero la historia sumó ahora un nuevo capítulo: Rodríguez se realizó por su cuenta otro examen de cabello en la Red UC Christus, analizado en Estados Unidos, que dio negativo. Como era de esperar, él mismo lo está difundiendo para demostrar que no consume drogas.

Eso sí, este nuevo análisis particular no es la contramuestra oficial del procedimiento que provocó su salida.

En resumen: el examen oficial dice una cosa, el examen encargado por el interesado dice otra y la contramuestra todavía no habla. En la política chilena ya no basta con mostrar el currículum: ahora también hay que elegir qué examen poner sobre la mesa.

Por el momento, el único resultado indiscutiblemente positivo es el escándalo.

Mario Waissbluth puso palabras claras a una operación política que comienza a desplegarse contra la principal empresa estatal chilena.

En entrevista con Mirna Schindler, en el programa Al Pan Pan de El Mostrador, el exdirector de la cuprífera respondió a la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien planteó privatizar total o parcialmente la compañía para que ingresara lo que denominó “oxígeno privado”.

La iniciativa fue desautorizada incluso por el propio Gobierno, cuyos ministros aclararon que la privatización no está actualmente en sus planes.

Waissbluth calificó la propuesta como políticamente inviable.

Para vender Codelco sería necesaria una reforma constitucional aprobada por cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, correlación de fuerzas que hoy no existe.

Además, advirtió que una iniciativa semejante provocaría una reacción inmediata de los trabajadores y podría paralizar por meses una empresa fundamental para los ingresos fiscales.

Se trata de una advertencia del entrevistado, no de un hecho ya acordado por los sindicatos.
elmostrador.cl

Pero el centro de la entrevista no está solamente en la privatización.
Está en explicar cómo se produjo el endeudamiento que ahora algunos utilizan como argumento para debilitar a Codelco.

Waissbluth sostiene que durante décadas el Estado chileno retiró prácticamente todas las ganancias de la empresa, privándola del capital necesario para invertir, innovar, renovar sus yacimientos y mantener su producción.

Ninguna compañía privada en ninguna parte del mundo, podría sostenerse si su propietario le sacara año tras año todos sus excedentes y después la obligara a endeudarse para financiar sus inversiones.

La práctica empresarial razonable, explicó, sería dejar dentro de la compañía al menos un 30% de sus utilidades.

Según su análisis, si esa política de capitalización se hubiera mantenido durante las últimas tres décadas, la deuda de Codelco sería considerablemente menor.

Ese porcentaje corresponde a la opinión técnica expresada por Waissbluth y no a una obligación legal vigente.

Los antecedentes fiscales muestran, además, que la relación entre Codelco y el Estado no consiste simplemente en retirar “ganancias”: la empresa transfiere recursos mediante impuestos, utilidades y otros pagos establecidos legalmente. También ha habido años recientes en que no traspasó excedentes al Fisco y se adoptaron decisiones de capitalización.
Por eso, el debate serio debe distinguir entre la crítica histórica planteada por Waissbluth y las operaciones fiscales específicas de cada período.

El entrevistado también cuestionó duramente la actuación de Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, señalando que estaría utilizando de manera impropia la exposición que le entrega su cargo. Fontaine ha hablado públicamente de una crisis productiva y financiera, aunque al mismo tiempo ha señalado que la compañía debe continuar bajo control estatal.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿estamos ante dirigentes que realmente buscan fortalecer Codelco o ante actores políticos que exageran sus dificultades para mantenerse en el centro de la pista y preparar a la opinión pública para la entrada de capitales privados?

Squella, presidente del partido Repúblicano, sabe que no cuenta con los votos para vender la empresa.
Fontaine sabe que su cargo exige cuidar y fortalecer el patrimonio que administra.
Sin embargo, ambos contribuyen a instalar una narrativa en la que Codelco aparece como un fracaso, mientras se oculta que durante años debió financiar inversiones gigantescas sin conservar una proporción suficiente de los recursos que ella misma generaba.

Más que los “bufones” de una comedia política, parecen voceros de una antigua estrategia: debilitar una empresa pública, responsabilizarla por las consecuencias de ese debilitamiento y luego presentar al capital privado como su único salvador.
Codelco necesita transparencia, eficiencia, control de costos, inversiones y una verdadera política de capitalización.
Lo que no necesita son amenazas grandilocuentes ni titulares pagados, destinados a convertir el patrimonio de todos los chilenos en una oportunidad de negocios para unos pocos.
La entrevista completa y sus extractos están disponibles en las plataformas de El Mostrador.cl