Autor: Víctor Reyes

Hay historias que ocurren a miles de kilómetros de Chile, pero que deberían obligarnos a mirar cuidadosamente lo que hacemos en nuestra propia casa.
Juan Orlando Hernández no era un delincuente cualquiera. Había sido presidente de Honduras. En marzo de 2024, un jurado federal estadounidense lo declaró culpable y posteriormente fue condenado a 45 años de prisión por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Hernández abusó de su poder para facilitar el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína y estuvo en el centro de una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo.
La justicia habló. Hubo investigación, fiscales, juicio, jurado y condena.
Pero después apareció otro poder.
El 1 de diciembre de 2025, Donald Trump concedió a Juan Orlando Hernández un indulto total e incondicional. La condena era de 540 meses —45 años—, pero el documento oficial del Departamento de Justicia confirma el perdón presidencial.

Y ahora aparece una investigación de 60 Minutes que obliga a mirar el sistema de indultos estadounidense con nuevas preguntas.
Periodistas de CBS utilizaron cámaras ocultas y registraron a los lobistas Jack Burkman y Jacob Wohl ofreciendo a un potencial cliente gestionar políticamente un indulto de Trump por US$300.000. Según la investigación, describieron una estrategia que contemplaba asistir a eventos, contratar personas influyentes y utilizar contactos para intentar llevar la petición hasta el entorno presidencial.
Hay que decirlo con precisión: 60 Minutes no demostró que Trump recibiera esos US$300.000 ni que Juan Orlando Hernández pagara por su indulto. Lo que sí documentó es la existencia de un lucrativo mercado de intermediarios que cobra grandes sumas para intentar conseguir influencia y acceso en torno a la facultad presidencial de perdonar. CBS lo ha denominado una verdadera “economía de los indultos”.
Y entonces la pregunta inevitable cruza el continente y llega hasta Chile.
Hoy existen más de 100 solicitudes de indulto presidencial en tramitación ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ministro Fernando Rabat confirmó que corresponden mayoritariamente a hechos ocurridos en 1973 y que varias están relacionadas con condenados por graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. El Gobierno ha señalado que serán estudiadas individualmente y que, hasta ahora, no existe una decisión final.
El presidente José Antonio Kast ha dicho que las peticiones serán analizadas caso a caso y ha defendido que el indulto no modifica la sentencia judicial, sino que corresponde al ejercicio de una facultad presidencial.

Y precisamente allí está el debate que Chile debería tener.
¿Qué ocurre cuando, después de años de investigación, procesos judiciales, pruebas, testimonios, condenas y recursos, la libertad efectiva de una persona puede terminar dependiendo de una decisión política?
La experiencia estadounidense muestra además otro riesgo: alrededor de una facultad presidencial extraordinaria pueden aparecer lobistas, intermediarios, personas influyentes, contactos políticos y grandes cantidades de dinero tratando de acercarse al centro donde se adopta la decisión. Eso es precisamente lo que 60 Minutes acaba de documentar en Estados Unidos.

No significa que eso esté ocurriendo en Chile. No existe evidencia presentada aquí de pagos o intermediación económica vinculada a las más de 100 solicitudes chilenas.
Pero justamente por eso la transparencia importa.
Cuando quienes solicitan el beneficio han sido condenados por homicidios, desapariciones, torturas u otros crímenes vinculados a violaciones de derechos humanos, la decisión trasciende al condenado y al presidente de turno. Involucra a las víctimas, sus familias, las obligaciones internacionales del Estado y la confianza ciudadana en que las sentencias judiciales tengan consecuencias reales. El exministro Luis Cordero ha advertido, además, sobre las obligaciones internacionales de Chile respecto de crímenes de lesa humanidad.

Estados Unidos acaba de encender una señal de alarma.
Un expresidente hondureño condenado a 45 años por una gigantesca conspiración para traficar cocaína terminó beneficiado por un indulto presidencial. Meses después, una cámara oculta muestra a intermediarios ofreciendo por US$300.000 una estrategia para intentar conseguir otro perdón presidencial.
Chile tiene ahora más de cien solicitudes esperando ser examinadas.
No son situaciones idénticas y no corresponde afirmar que exista aquí el mecanismo denunciado en Washington.
Pero queda una pregunta democrática que vale la pena hacerse antes —y no después— de que se firme cualquier decreto:
¿Qué controles, transparencia y límites debe tener el poder político cuando posee la facultad de intervenir, mediante un indulto, después de que los tribunales ya juzgaron y condenaron?
Porque una cosa es la justicia.
Otra es la clemencia.
Y otra, muy distinta y mucho más peligrosa, sería que alrededor de la clemencia pudiera construirse un mercado de influencias capaz de acercar a quien tiene dinero o conexiones hasta el poder que sostiene la última llave de la prisión.

Registro oficial del indulto a Juan Orlando Hernández — Departamento de Justicia de EE.UU.
Antecedentes de las más de 100 solicitudes de indulto en Chile

Hay renuncias que responden a diferencias políticas. Otras, a errores de gestión. Y después están aquellas que obligan a preguntarse seriamente quién revisó los antecedentes, quién evaluó el criterio y quién decidió que esa persona estaba preparada para representar al Estado.

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El Ministerio de Salud solicitó la renuncia del seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo Burgos, después de sus declaraciones posteriores a la tragedia del Hogar El Edén de Pitrufquén, donde murieron 16 adultos mayores. Consultado por el eventual cierre de establecimientos irregulares, comparó la situación con cerrar un vertedero sin tener dónde depositar la basura.
El propio Minsal sostuvo que sus palabras no estuvieron a la altura de la responsabilidad, prudencia y sensibilidad exigibles a una autoridad sanitaria.

La comparación resulta especialmente grave por el contexto: 16 personas mayores habían perdido la vida y existían antecedentes previos de irregularidades y fiscalizaciones sobre el establecimiento.

Pero el episodio abre una pregunta política que va bastante más allá de José Bravo.
Porque ya van 37 seremis que han dejado sus cargos durante el gobierno de José Antonio Kast, según el recuento publicado hoy por BioBioChile. De hecho, la salida de Bravo fue la segunda en apenas 24 horas, después de la renuncia del seremi de Vivienda de Antofagasta.

Entonces cabe preguntar: ¿cómo se están seleccionando las autoridades regionales?
Uno supone que antes de entregar semejante responsabilidad existe revisión curricular, análisis de antecedentes, evaluación política y alguna ponderación sobre las capacidades necesarias para ejercer un cargo público. No es un concurso de belleza ni una fotografía para completar rápidamente el organigrama del Estado.

Y aquí aparece la ironía inevitable: el llamado “gobierno de emergencia” parece haber tenido bastante emergencia para encontrar a algunos de sus propios representantes.

Si una autoridad encargada precisamente de Salud puede utilizar semejante analogía para referirse a personas mayores institucionalizadas, la discusión no termina con pedirle la renuncia. También corresponde preguntarse por quienes participaron en su designación.

Porque los seremis no aparecen espontáneamente detrás de un escritorio. Alguien los propone, alguien revisa sus antecedentes y alguien finalmente los nombra.
Y cuando las salidas comienzan a acumularse, deja de ser razonable mirar únicamente cada episodio de manera aislada: también se vuelve pertinente examinar el procedimiento político y técnico mediante el cual esas autoridades llegaron allí.

Quizás antes de buscar el próximo rostro para la fotografía oficial convendría recordar algo bastante elemental:
para gobernar no basta con llenar cargos. Hay que encontrar personas capaces de ejercerlos.

Chile despide hoy a Patricio Guzmán Lozanes (1941-2026), uno de los documentalistas más importantes de nuestra historia y una figura fundamental del cine político latinoamericano. Falleció este martes 15 de septiembre, a los 85 años, en París, ciudad donde residía, producto de un paro cardiorrespiratorio.

Pero hablar de Patricio Guzmán es hablar mucho más que de cine. Es hablar de memoria.

Su cámara estuvo allí cuando Chile vivía uno de los momentos más decisivos de su historia. Registró el gobierno de Salvador Allende, la movilización popular, la polarización política, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y las heridas que la dictadura dejaría abiertas durante décadas.

De ese trabajo nació su obra monumental: La batalla de Chile: la lucha de un pueblo sin armas, trilogía integrada por La insurrección de la burguesía, El golpe de Estado y El poder popular. Guzmán comenzó a filmar aquel proceso en 1973 y, tras el golpe, fue detenido y permaneció aproximadamente dos semanas en el Estadio Nacional antes de partir al exilio. El material pudo salir de Chile y posteriormente fue trabajado en Cuba con el apoyo del ICAIC.

Hay además un nombre inseparable de aquella obra que merece ser recordado: Jorge Müller Silva, director de fotografía de La batalla de Chile, quien fue detenido durante la dictadura y permanece como detenido desaparecido.

Guzmán nunca abandonó esa búsqueda.

En películas como La memoria obstinada, El caso Pinochet, Salvador Allende, Nostalgia de la luz, El botón de nácar, La cordillera de los sueños y Mi país imaginario, volvió una y otra vez sobre Chile, sus desaparecidos, sus silencios, su geografía y la necesidad de impedir que el tiempo convirtiera la historia en olvido.

Su obra recibió reconocimiento mundial. El botón de nácar obtuvo el Oso de Plata al Mejor Guion en la Berlinale de 2015; La cordillera de los sueños recibió el L’Œil d’Or al Mejor Documental en Cannes en 2019; Nostalgia de la luz fue ampliamente premiada internacionalmente; y en 2023 Chile le otorgó el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

También recibió, entre otras distinciones, la Medalla Pablo Neruda al Mérito Artístico y el Prix Scam por el conjunto de su obra.

Patricio Guzmán hizo algo que pocos cineastas consiguen: transformó una cámara en un archivo histórico de un país. Filmó para que las generaciones que no habían nacido en 1973 pudieran mirar a los ojos a quienes sí estuvieron allí.

Hoy se apaga la cámara de Patricio Guzmán, pero quedan sus imágenes.

Y mientras La batalla de Chile continúe siendo vista; mientras alguien vuelva a preguntarse por Allende, por el golpe de Estado, por los detenidos desaparecidos y por las heridas de la dictadura; mientras una nueva generación se niegue a aceptar el olvido como versión de la historia, Patricio Guzmán seguirá hablando desde la pantalla.
Porque los pueblos que conservan su memoria pueden discutir su historia. Los pueblos que la pierden quedan condenados a que otros la escriban por ellos.

**Hasta siempre, Patricio Guzmán.
Tu cámara quedó encendida en la memoria de Chile.**

La frase se le escapó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, con el micrófono abierto en pleno Senado: “Qué desastre, hueón”.
Daniel Matamala tomó esas palabras para titular su última columna. Y probablemente pocas frases resumen mejor los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast.
Porque llegó la hora de comparar lo que se decía desde la oposición con lo que ocurre ahora desde La Moneda.
PRIMER DESASTRE: EL EMPLEO
Durante la campaña presidencial, Kast atacó duramente la gestión laboral del gobierno de Gabriel Boric y apuntó especialmente contra Jeannette Jara, exministra del Trabajo y posteriormente su contendora presidencial.
Cuando el desempleo era de 8,7%, Kast hablaba de una “ministra del desempleo” y denunciaba que Chile tenía más de un millón de personas desempleadas.
Hoy gobierna él.
Y el desempleo nacional llegó al 9,5%, con 981.044 personas sin trabajo, mientras entre las mujeres alcanza un preocupante 10,3%.
Más grave todavía: Kast prometió llevar el desempleo al 6%.
La realidad está caminando exactamente en la dirección contraria.
Y precisamente cuando Chile necesita instrumentos para aumentar la participación laboral femenina, la Sala Cuna Universal —una iniciativa fundamental para facilitar el acceso de miles de mujeres al empleo— sigue entrampada.
Fue en medio de esa discusión cuando al propio ministro Rau se le escapó:
“Qué desastre, hueón”.
Quizás sin querer terminó describiendo algo bastante más grande que una votación parlamentaria.
SEGUNDO DESASTRE: APROPIARSE DE LA PGU
Ahora el Partido Republicano celebra en sus redes:
“Kast no eliminó la PGU, ¡la aumentó!”
Pero hay un pequeño problema: Kast no aumentó la PGU.
El incremento gradual hasta los $250.000 quedó establecido en la reforma previsional aprobada por el Congreso en enero de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, y posteriormente promulgada por ese mismo gobierno.
Más aún: el Partido Republicano rechazó la reforma previsional.
Mientras el gobierno de Boric y buena parte de Chile Vamos llegaron al acuerdo que permitió sacar adelante la reforma, Republicanos votó en contra y posteriormente desarrolló una campaña criticándola.
Y ahora que una de sus medidas comienza a beneficiar a cientos de miles de adultos mayores, aparece el mismo partido intentando presentarla como logro del gobierno de Kast.
No.
La PGU de $250.000 no nació bajo Kast. Se está implementando bajo Kast porque fue aprobada y financiada durante el gobierno anterior.
Una cosa es administrar una ley heredada.
Otra muy distinta es adjudicarse su autoría.
TERCER DESASTRE: LA ECONOMÍA
Aquí aparece quizás la contradicción política más evidente.
Cuando Chile creció 2,5% en 2025, Kast hablaba de “emergencia económica”, acusaba incompetencia y prometía llevar el crecimiento al 4%.
Hoy el Banco Central proyecta para 2026 un crecimiento de apenas 0,25% a 0,75%.
El desempleo llegó al 9,5%.
El empleo femenino supera el 10%.
El mercado laboral se deteriora.
La demanda interna se ha debilitado.
Y aquellas cifras que ayer eran presentadas como evidencia de un gobierno económicamente incompetente, hoy parecen merecer silencio.
Ese es el problema de construir una campaña sobre la idea de que todos los problemas económicos dependen exclusivamente de quién ocupa La Moneda.
Gobernar demuestra que la economía es bastante más compleja que una consigna electoral.
Kast prometió crecimiento del 4%.
Prometió desempleo del 6%.
Prometió terminar con el déficit fiscal.
Y apenas seis meses después, las cifras empiezan a confrontar duramente esas promesas.
Mientras tanto, algunos de los avances que hoy celebra su gobierno —como el aumento de la PGU— fueron construidos precisamente por quienes antes calificaban de incompetentes.
Esa es la paradoja.
Lo bueno que heredaron, intentan presentarlo como propio.
Lo malo que antes atribuían exclusivamente al gobierno, ahora tiene explicaciones internacionales, estructurales o técnicas.
Cuando estaban en la oposición, todo era culpa de Boric.
Ahora que gobiernan, aparentemente nada es culpa de Kast.
Y quizás por eso aquella frase pronunciada accidentalmente frente a un micrófono abierto terminó convirtiéndose en una síntesis política involuntaria de estos primeros seis meses:
“Qué desastre, hueón”.
Los datos duros sostienen bien el argumento: el INE confirma 9,5% de desempleo nacional y 10,3% femenino; el Banco Central redujo fuertemente su expectativa de crecimiento; y los registros legislativos confirman que la reforma que aumentó la PGU fue despachada en enero de 2025, durante Boric.
Además, una verificación publicada hace pocos días calificó como falsa la atribución del aumento de la PGU a Kast y constató que 12 diputados republicanos rechazaron la reforma en su votación final.
Instituto Nacional de Estadísticas +3
Vergara 240
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