Por Sofía Varas Rojas; Socióloga, especialista en Salud mental, infancias y Derechos Humanos
Primera parte de una saga sobre memoria y dictadura cívico militar.
No viví aquellos años, pero cuando intento comprender qué significa que una persona sea detenida y nunca vuelva a casa, la historia deja de parecer una sucesión de fechas. Pienso en una puerta que se cierra, en una familia esperando pasos que no llegan, en una fotografía conservada durante décadas y en una pregunta que permanece sin respuesta.
Pienso en lo que significa despertar durante años sin saber dónde está un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano. La desaparición no termina cuando alguien es llevado, continúa en quienes esperan, buscan y preguntan.
No corresponde apropiarme de una experiencia que no viví. Sí corresponde, desde la sociología, aproximarme a ella mediante los testimonios, los archivos, los informes oficiales y las trayectorias de quienes fueron perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos durante la dictadura cívico militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet. Esta aproximación comienza por una cuestión fundamental: antes de las cifras existieron personas, familias y comunidades que debieron enfrentar la ausencia de quienes fueron detenidos por agentes del Estado.
Cuando una detención se convierte en desaparición
La desaparición forzada constituye una categoría específica de violación de los derechos humanos. No se trata simplemente de una persona cuyo paradero se desconoce, sino de una privación de libertad vinculada a agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer esa detención o de la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona.
Durante la dictadura cívico militar, numerosas personas fueron detenidas por organismos estatales y trasladadas a distintos recintos. Algunas fueron liberadas, otras permanecieron privadas de libertad, fueron torturadas, ejecutadas o desaparecieron. En determinados casos, la información sobre sus últimos momentos fue deliberadamente ocultada y sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familias.
El Estado reconoce actualmente 1.469 víctimas de desaparición forzada ocurrida durante la dictadura. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 307 personas habían sido encontradas, identificadas y restituidas a sus familiares, mientras que 1.162 permanecían pendientes de esclarecimiento respecto de su paradero y de las circunstancias de su desaparición o muerte (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023).
La cifra requiere una precisión. El registro comprende tanto personas calificadas como detenidas desaparecidas como ejecutados políticos cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familias. No corresponde confundir esta categoría con las personas reconocidas por prisión política y tortura, porque se trata de registros construidos mediante diferentes procesos de calificación estatal.
La prisión política y el cuerpo detenido
La prisión política fue una experiencia extendida durante la dictadura cívico militar. Miles de personas fueron privadas de libertad por razones políticas y trasladadas a recintos militares, policiales y otros lugares utilizados para la detención. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, recopiló los testimonios de quienes sobrevivieron a estas experiencias.
En su primer proceso de calificación fueron reconocidas 28.459 personas como víctimas de prisión política y tortura. Los procesos posteriores de reconocimiento ampliaron el universo hasta 38.254 personas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos conserva actualmente la documentación reunida por las comisiones Valech I y II, incluyendo los antecedentes de las personas reconocidas como víctimas.
La prisión política no tuvo un único desenlace. Para algunas personas terminó con la liberación, para otras con el exilio, mientras que determinadas detenciones fueron seguidas por desaparición o ejecución. Esta distinción permite comprender que la represión tuvo diferentes trayectorias y que no todas las experiencias pueden ser reunidas bajo una misma categoría.
Tortura y violencia sobre los cuerpos
El Informe Valech documentó testimonios sobre golpes, aplicación de electricidad, asfixia, simulacros de fusilamiento, posiciones forzadas, amenazas, violencia sexual y diferentes formas de violencia psicológica. Los testimonios permitieron establecer que estas prácticas se produjeron en numerosos lugares de detención y en distintas regiones del país (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005).
La tortura tampoco puede ser comprendida solamente como una sucesión de actos individuales. La reiteración de determinadas prácticas, la existencia de recintos de detención, agentes encargados de interrogatorios y procedimientos utilizados contra distintas personas permiten analizarla como parte de una estructura represiva.
Desde la sociología, esto resulta relevante porque permite conectar la experiencia individual con las instituciones y relaciones de poder que la hicieron posible. El cuerpo de la persona detenida fue convertido en un espacio de coerción, mientras el miedo producido por estas prácticas se proyectaba también hacia las familias y comunidades.
La Comisión Valech recogió además testimonios de mujeres y personas menores de edad. Esto permite observar que la represión política no correspondió a una experiencia uniforme, sino que afectó a personas con distintas edades, trayectorias sociales y circunstancias de detención.
Una ausencia que también afecta a quienes esperan
La desaparición forzada produce una experiencia familiar diferente de la muerte cuyo cuerpo ha sido entregado. Cuando existe un cuerpo puede realizarse un funeral, establecerse una sepultura y comenzar un proceso de duelo. En la desaparición, durante años puede no existir certeza sobre lo ocurrido.
Esta situación convirtió la búsqueda en una experiencia social. Familiares de detenidos desaparecidos recurrieron a tribunales, abogados, organismos religiosos y organizaciones de derechos humanos para obtener información. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo públicamente los nombres y rostros de quienes habían desaparecido.
Las fotografías adquirieron entonces un significado particular. Cada rostro permitía recordar que detrás de la categoría de “detenido desaparecido” existía una persona concreta. Había una vida anterior a la detención, una familia, un trabajo, amistades, proyectos y una historia que no comenzaba ni terminaba en el momento de su desaparición.
Elizabeth Jelin (2002) ha estudiado cómo las sociedades construyen memorias sobre experiencias de represión y cómo los familiares y otros actores sociales participan en la disputa por aquello que será recordado. En Chile, la persistencia de los nombres de los detenidos desaparecidos forma parte de ese proceso de construcción de memoria.
Buscar también es reconstruir la historia
En 2023, el Estado chileno estableció el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, destinado a esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y el destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar. El plan contempla la revisión de archivos, antecedentes judiciales, investigación forense, trabajo en terreno y reconstrucción de las trayectorias de las víctimas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023).
La existencia de esta política pública reconoce que todavía existen preguntas sin respuesta. Buscar no significa solamente encontrar restos humanos. También implica establecer dónde fue detenida una persona, por qué organismos, hacia qué lugares fue trasladada y qué ocurrió después.
La memoria de los detenidos desaparecidos comienza, entonces, por sus nombres. Las cifras permiten comprender la dimensión de la represión, pero no sustituyen las historias individuales. Cada registro corresponde a una persona y a una familia que tuvo que enfrentar una ausencia producida por la violencia política.
Recordarlos no significa convertirlos en una cifra del pasado. Significa reconocer que fueron personas detenidas durante la dictadura cívico militar, que algunas fueron torturadas, que muchas nunca regresaron a sus hogares y que, décadas después, todavía existen familias esperando respuestas.
La historia de los detenidos desaparecidos permanece abierta mientras existan personas cuyo destino no haya podido ser esclarecido. Por eso la memoria también es búsqueda, documentación y transmisión. Y por eso sus nombres siguen siendo parte de la historia contemporánea de Chile.
Referencias
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2005). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Gobierno de Chile.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI de España Editores.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2023). Plan Nacional de Búsqueda de verdad y justicia. Gobierno de Chile.
Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2026). Comisión Valech.
