Autor: Víctor Reyes

La historia tiene un detalle que, por lo menos, merece una explicación convincente.

Carlos Swett, entonces presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, reconoció ante la Fiscalía que en septiembre u octubre de 2025 se reunió personalmente con Camila Flores frente a su edificio y le entregó un sobre. Su explicación fue que contenía “declaraciones juradas de presidentes de juntas de vecinos”.

Negó categóricamente que hubiera dinero.

Y ahí aparece inevitablemente la pregunta incómoda.

¿Era realmente necesario que una figura de ese nivel del gremio notarial acudiera personalmente, temprano en la mañana, hasta el domicilio de una parlamentaria para entregarle documentos de esa naturaleza?

¿No podían enviarse por correo electrónico, entregarse en su oficina parlamentaria o simplemente dejarse con un funcionario?

Puede haber una explicación perfectamente legítima.
Pero pedir que nadie se haga preguntas sería pedir demasiado.
Sobre todo porque el episodio ocurrió mientras estaba en discusión la reforma al sistema notarial, materia en cuya tramitación Flores participó como integrante de la Comisión de Constitución y posteriormente de la Comisión Mixta. La Fiscalía está precisamente investigando si existió alguna relación entre aquella entrega y esa tramitación legislativa.

Además, Julio Lillo declaró que Percy Marín le habría hablado de entregas de dinero a parlamentarios vinculadas al lobby por esa legislación. Eso es una declaración incorporada a una investigación, no un hecho judicialmente establecido. Swett y la defensa de Flores rechazan que ella haya recibido dinero.

Así que, por ahora, el famoso sobre contenía oficialmente declaraciones juradas de juntas de vecinos.

Nada más.

La Fiscalía tendrá que establecer si la explicación resiste las diligencias de la investigación.
Porque en este caso el problema no es que la ciudadanía sea desconfiada: es que la escena, por sí sola, deja preguntas bastante más grandes que el sobre.

Este 18 de septiembre, el Presidente José Antonio Kast llamó a los chilenos a “levantar la esperanza”.

Una frase bonita para Fiestas Patrias, pero políticamente incómoda para quien llegó a La Moneda prometiendo algo bastante distinto: resultados rápidos, orden, crecimiento, seguridad y eficiencia del Estado.

Porque seis meses después hay cosas que ya no se pueden esconder detrás de los discursos.
La economía: el propio Banco Central afirma que “la economía local se ha debilitado” y recortó brutalmente la proyección de crecimiento para 2026 hasta apenas 0,25%-0,75%.
El empleo: la cesantía nacional llegó al 9,5% y entre las mujeres alcanzó el 10,3%. Ese es el mercado laboral del gobierno que prometió reactivar.

Los nombramientos: Radio Bío Bío contabiliza ya 48 autoridades que han dejado el Gobierno, entre ellas 38 seremis.

El caso más reciente: al seremi de Energía de Coquimbo se le pidió la renuncia porque no logró acreditar los requisitos académicos exigidos para desempeñar el cargo.

Y quizás el episodio que mejor retrata las contradicciones del discurso de eficiencia sea el de Lucy Depablos.

Fue contratada como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil, con una remuneración que podía alcanzar $5,6 millones brutos.

Después, la Contraloría pidió al organismo sus antecedentes académicos y laborales en medio de dudas sobre sus credenciales. Antes de que esa revisión concluyera, renunció.

La ironía es difícil de evitar: un Gobierno que prometió poner orden en el Estado termina teniendo que explicar cómo seleccionó a sus propias autoridades.

Kast criticó durante años a Boric por la economía, la delincuencia, la inmigración, el empleo, los nombramientos y la supuesta improvisación del aparato público.

Hoy ya no está en la oposición.
Los ministros son suyos, los seremis son suyos, los nombramientos son suyos y las decisiones económicas también.
Por eso quizás el problema del llamado presidencial no sea la palabra esperanza.

El problema es que Kast llegó prometiendo certezas y, seis meses después, está pidiendo esperanza.

Chile puede esperar, por supuesto.

Pero también puede preguntar:
¿hasta cuándo hay que seguir esperando los resultados que, cuando era candidato, parecían tan fáciles de conseguir?

La discusión sobre posibles indultos a criminales de lesa humanidad, impulsada por sectores libertarios y republicanos para reos de Punta Peuco, no es un debate lejano para las familias de la Región de Aysén. En nuestro territorio, como en todo Chile, las heridas de la dictadura siguen abiertas, y la posibilidad de beneficiar a quienes cometieron atropellos sin justicia plena golpea directamente los derechos de quienes aún esperan verdad y reparación.

En este escenario, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, se sumó a la polémica fijando una postura clara: la entrega de este beneficio debe estar supeditada a condiciones estrictas. Según consignó la prensa nacional, el cardenal indicó que es imperativo el arrepentimiento real por los hechos cometidos.

Pero la exigencia de Chomali va más allá de una muestra de contrición. El religioso fue enfático en que se debe exigir la entrega de información para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Para las familias de las víctimas, esta es la condición sin la cual cualquier beneficio pierde sentido; la verdad es el pilar de la justicia.

El debate revela una tensión profunda: mientras algunos sectores políticos presionan por indultos, las víctimas y sus comunidades exigen que se cumplan las condiciones mínimas de justicia. La responsabilidad de quienes abogan por estos perdones es enorme, ya que no pueden ignorar el daño que la impunidad causa en el tejido social del país y de regiones como la nuestra, donde el Estado aún debe garantizar el acceso a la verdad como un derecho fundamental, según se mencionó en El Dínamo.

Lo que sigue sin resolverse es si los sectores políticos que impulsan estos indultos estarán a la altura de las exigencias de Chomali. Mientras no haya arrepentimiento y, sobre todo, mientras no se entregue la información sobre el paradero de los desaparecidos, la deuda con las familias de Aysén y de Chile seguirá impaga, y la sombra de la impunidad seguirá afectando la vida cotidiana de un país que exige memoria.