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  • Caso fraude al fisco en Coyhaique: esperan resolución de desafuero del senador Calisto

    Caso fraude al fisco en Coyhaique: esperan resolución de desafuero del senador Calisto

    La causa por fraude al Fisco que se sigue en Coyhaique contra el senador Miguel Ángel Calisto Águila y otros ocho imputados ya superó la etapa de investigación. El Ministerio Público formuló acusación y el proceso avanza mientras se resuelve el desafuero del parlamentario, solicitado ante la justicia.

    En la causa figuran como imputados, además de Calisto, Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Beatriz Loaiza Henríquez, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido. La audiencia de preparación de juicio oral quedó suspendida hasta que se resuelva la situación del senador.

    La solicitud de desafuero fue derivada a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt luego de que los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaran para conocer el requerimiento. La ley no establece un plazo fatal para que la Corte resuelva, aunque existe la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución.

    En la causa, los imputados Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido son defendidos por la Defensoría Penal Pública. En cambio, Miguel Ángel Calisto cuenta con defensa privada.

    El caso ha generado debate público sobre la igualdad ante la ley, ya que un senador en ejercicio enfrenta una acusación por fraude al fisco. La ciudadanía espera transparencia y responsabilidad, sin privilegios ni blindajes. Si el desafuero se concede y queda firme, deberá comunicarse al Congreso y el senador quedará suspendido respecto de esta causa.

  • Caso Calisto: Corte de Apelaciones de Puerto Montt asume desafuero por fraude al fisco

    Caso Calisto: Corte de Apelaciones de Puerto Montt asume desafuero por fraude al fisco

    La arista judicial del caso que involucra al senador Miguel Ángel Calisto escaló a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique se declarara incompetente para resolver el desafuero por fraude al fisco. Según informó el medio regional Viento Patagón, el magistrado del Tribunal de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud, elevó formalmente los antecedentes al tribunal de Puerto Montt.

    El caso, que ha generado gran expectación en la Región de Aysén, se sustenta en una serie de confesiones judiciales que revelan un presunto entramado de corrupción. Entre los puntos clave se encuentra el denominado “mecanismo del Palo Blanco”, según el cual Roland Cárcamo y Carla Graf habrían confesado que se usaron contratos falsos de asesorías en la Cámara de Diputados para desviar fondos públicos hacia una “caja pagadora”. Se afirma que el 70% de esos sueldos fiscales habría ido a gastos del diputado.

    Además, se mencionan proyectos fantasmas asociados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Entre ellos, un financiamiento estatal de $25 millones destinado a monitoras de género en la FENATS y otro de $7 millones para la conectividad de adultos mayores en la Fundación Proyecto Futuro, que jamás se habrían ejecutado. El dinero, según la denuncia, fue cobrado en efectivo utilizando claves ajenas.

    La trama también incluye una red de favores que involucra la triangulación en el arriendo de vehículos con cargo al Congreso, donde al final del periodo el bien pasaba a costo cero para el parlamentario. A esto se suman asignaciones irregulares en el Servicio de Salud.

    Uno de los elementos de mayor gravedad es el denominado “Caso Cohecho”, que denuncia el pago de $14 millones en efectivo al exfiscal Carlos Palma para intentar sepultar estas investigaciones bajo el amparo de facturas ideológicamente falsas. La opinión pública, según el reporte, exige una revisión implacable del expediente que “desnuda el peor rostro del clientelismo y la corrupción regional”.

    La ciudadanía de Aysén mantiene su mirada fija en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, esperando que el tribunal revise el desafuero con rigurosidad e independencia. “Este no es un problema administrativo menor; es una radiografía del presunto uso del aparato estatal para el enriquecimiento y blindaje político personal”, señaló la fuente.