El 28 de febrero de 1986, a las 23:21 horas, el primer ministro sueco Olof Palme fue asesinado a tiros en pleno centro de Estocolmo. Regresaba caminando junto a su esposa, Lisbeth Palme, después de asistir al cine. La pareja se desplazaba sin escolta por la avenida Sveavägen cuando un hombre se aproximó por detrás, disparó contra el jefe de Gobierno e hirió levemente a su esposa antes de escapar.
Durante cuatro décadas circularon hipótesis relacionadas con extremistas anticomunistas, sectores de la policía sueca, el régimen sudafricano del apartheid, organizaciones extranjeras y personas que manifestaban un profundo rechazo hacia Palme.
Uno de los primeros detenidos fue Viktor Gunnarsson, ciudadano sueco y anticomunista radical que había tenido vínculos con una organización de extrema derecha. Fue liberado por falta de pruebas y nunca llegó a ser acusado formalmente. Probablemente, los recuerdos de la época sobre “un alemán” se relacionen con informaciones publicadas posteriormente por medios alemanes o con teorías sobre grupos extremistas europeos, pero no existe una resolución judicial que identifique a un ciudadano alemán como responsable del magnicidio.
En 2020, la Fiscalía sueca cerró la investigación señalando como principal sospechoso a Stig Engström, un diseñador gráfico sueco conocido como “el hombre de Skandia”, quien había muerto en el año 2000. Sin embargo, aquella conclusión se sustentaba fundamentalmente en indicios circunstanciales y fue duramente cuestionada. En diciembre de 2025, después de revisar nuevamente los antecedentes, la propia Fiscalía determinó que las pruebas no eran suficientes para identificarlo como autor. El expediente permanece cerrado porque, con el material disponible, no es posible probar quién cometió el crimen ni se considera que nuevas diligencias puedan conducir actualmente a una condena. El asesinato de Olof Palme continúa, por tanto, sin resolución definitiva.
Un dirigente incómodo para las dictaduras
Palme no era solamente el gobernante de un pequeño país europeo. Fue una de las voces internacionales más firmes contra la guerra de Vietnam, el apartheid sudafricano, el colonialismo y las dictaduras militares. También defendió públicamente al Gobierno de Salvador Allende y condenó el golpe de Estado de 1973 en Chile.
Durante aquellos años, Suecia se transformó en un lugar de refugio para miles de latinoamericanos perseguidos por razones políticas. La labor desarrollada por el Gobierno sueco y por su embajador en Chile, Harald Edelstam, permitió proteger y facilitar la salida de numerosos perseguidos después del golpe militar. Décadas más tarde, la expresidenta Michelle Bachelet agradeció oficialmente a Suecia la ayuda proporcionada a los chilenos que escaparon de la persecución de la dictadura.
Esta política humanitaria coincidía con el periodo más violento de la llamada Operación Cóndor. La coordinación represiva fue fundada en 1975 por los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Brasil se incorporó formalmente durante 1976, mientras Perú y Ecuador se sumaron posteriormente.
Cóndor no fue una simple alianza diplomática. Fue una estructura clandestina destinada a intercambiar información, localizar opositores, realizar secuestros y coordinar operaciones represivas entre las dictaduras sudamericanas. Documentos desclasificados muestran que también se planificaron acciones fuera de América Latina, particularmente en Europa. En 1976, informes de inteligencia ya registraban preparativos para enviar equipos a Francia con la misión de perseguir y “liquidar” dirigentes exiliados.
Por esa razón, no resulta extraño que la muerte de Palme haya dado origen a sospechas sobre intereses internacionales, regímenes autoritarios y redes de extrema derecha. Sin embargo, debe distinguirse entre un contexto político comprobado y una responsabilidad criminal que nunca ha podido demostrarse. Lo que sí puede afirmarse es que Palme representaba exactamente aquello que las dictaduras y los movimientos autoritarios combatían: la solidaridad internacional, el derecho de asilo, la defensa de los perseguidos políticos y la idea de que un país podía enriquecerse mediante la convivencia de personas provenientes de distintas culturas.
La construcción de una sociedad multicultural
La Suecia de Palme avanzó hacia una política que reconocía a los inmigrantes el derecho a participar en igualdad de condiciones y, al mismo tiempo, conservar aspectos de sus propias identidades culturales. En 1975, el Parlamento sueco adoptó una política de integración basada en los principios de igualdad, libertad de elección cultural y cooperación.
No se trataba simplemente de tolerar la presencia de extranjeros. La propuesta suponía que quienes llegaban podían contribuir activamente a la sociedad mediante sus experiencias, tradiciones, lenguas, expresiones artísticas, conocimientos profesionales, gastronomías y diferentes maneras de comprender el mundo.
Palme también sostenía que la inmigración debía organizarse responsablemente, asegurando empleo, vivienda y protección social en condiciones equivalentes a las de la población sueca. Su visión no era la de una migración abandonada a las fuerzas del mercado, sino la de una sociedad capaz de recibir e integrar con derechos y responsabilidades compartidas.
Esa concepción ayudó a transformar a Suecia en uno de los principales destinos de los exiliados latinoamericanos. Chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños, bolivianos y paraguayos encontraron allí una oportunidad para reconstruir sus vidas cuando en sus propios países eran perseguidos, encarcelados, torturados o forzados a abandonar sus hogares.
Cuarenta años de una herida abierta
En 2026 se cumplen 40 años del asesinato de Olof Palme. La fecha permite recordar no solo un crimen sin resolver, sino también la fragilidad de las instituciones cuando una investigación comete errores, pierde oportunidades decisivas y permite que las sospechas sustituyan durante décadas a las certezas.
El magnicidio golpeó profundamente a una nación que se consideraba segura, democrática y políticamente estable. También destruyó la imagen de un gobernante que podía caminar por su ciudad sin guardaespaldas y conversar directamente con la ciudadanía.
Cuatro décadas después, la pregunta sobre quién asesinó a Palme sigue abierta. Pero existe otra interrogante igualmente importante: ¿por qué las ideas de solidaridad, diversidad, justicia social y protección de quienes escapan de la persecución pueden provocar tanto rechazo en quienes construyen su poder sobre el miedo al extranjero y la división de las sociedades?
Desde Estocolmo hasta la Patagonia
La memoria de Palme también permite observar una tensión institucional que golpea directamente a la ciudadanía, más allá de una coyuntura específica y de las explicaciones oficiales.
Las distancias históricas y geográficas son evidentes, pero la pregunta sobre la centralización del poder continúa vigente. Tanto en la Europa de Palme como en la Patagonia chilena, las decisiones adoptadas lejos de la vida cotidiana de las comunidades pueden terminar ignorando sus necesidades, experiencias e identidades.
Recordar a Olof Palme no significa forzar una comparación ni convertir una hipótesis en una verdad histórica. Significa recuperar la memoria de un dirigente que comprendió que la democracia no se limita a celebrar elecciones. También exige escuchar a las comunidades, proteger al perseguido, integrar al diferente y asegurar que ningún territorio ni grupo humano sea considerados como delincuentes, operando la xenofobia para justificar “centros de detención transitorios de 3 a 6 meses, sin que sean delincuentes porque sino estarían en la cárcel pública y sin custodia de gendarmería” , proyecto presentado por el subsecretario de justicia Silva en medios televisivos. www.vientopatagon.com vientopatagon
