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  • Lago Brown será escenario del primer encuentro de pesca con mosca en Cochrane

    Lago Brown será escenario del primer encuentro de pesca con mosca en Cochrane

    El sector de lago Brown en la comuna de Cochrane será escenario del primer Encuentro de Pesca con Mosca, iniciativa impulsada por pescadores locales agrupados en Lacuvio Open Fly Fishing, comercio local, nacional y el aporte del municipio. El evento deportivo, fijado para el 17 de octubre, tiene el objetivo de reunir aprendices, aficionados y especialistas en torno a esta disciplina.

    La jornada contempla una competencia de pesca con mosca bajo modalidad de captura y devolución, además de clínicas de casteo, técnica Spey y entomología, junto a espacios de encuentro y camaradería.

    El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, destacó que esta iniciativa permite poner en valor los recursos naturales de la comuna, pero también generar conciencia sobre su protección. “Queremos promocionar lo que tenemos, nuestra naturaleza, nuestros lagos y las truchas que hay en estos lugares, pero también generar conciencia, porque es un recurso que tenemos acá, que hay que cuidar y proteger. Se puede desarrollar actividad económica de manera responsable”, señaló la autoridad comunal.

    Desde la organización, Cristian Dunkler, de Dunkler Fly Fishing, relevó el componente formativo del encuentro y la participación de reconocidos exponentes. “Queremos motivar a la gente a que venga, participe y aprenda. Tendremos grandes invitados como Patricio Guerra, Juan Núñez y Aconcagua Fly Fishing, además de una clínica de entomología. También tendremos asado patagónico y música en vivo para disfrutar y aprender de la pesca con mosca”, indicó Dunkler.

    Por su parte, el representante de Cochrane Fly Fishing y parte también de la organización, David Rivas, invitó a quienes quieran acercarse a esta disciplina a ser parte de la actividad. “Es una maravillosa instancia para aprender y conocer más de este hermoso arte de la pesca con mosca. Tendremos clínica de inicio al casteo, clínica de Spey y una demostración de entomología. Los esperamos e invitamos a inscribirse pronto”, manifestó.

    El encuentro se realizará el jueves 17 de octubre y está dirigido a mayores de 12 años. Las inscripciones e información del desarrollo de la actividad y clínicas especializadas se encuentran disponibles a través de Welcu.com, según se informó en Diario Regional Aysén.

  • Senador Calisto enfrenta nuevo desafuero: Fiscalía le imputa fraude al Fisco por $105 millones

    Senador Calisto enfrenta nuevo desafuero: Fiscalía le imputa fraude al Fisco por $105 millones

    La Fiscalía solicitó despojar nuevamente de su fuero al senador Miguel Ángel Calisto para someterlo a juicio oral por un presunto fraude al Fisco de $105 millones en asignaciones del Congreso. El pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó en estudio su pronunciamiento tras escuchar los alegatos, en un trámite que busca resolver la condición constitucional del legislador.

    Según la tesis acusatoria expuesta por el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, el parlamentario se habría concertado con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para defraudar al Congreso Nacional. La investigación establece que Graf fue contratada mediante ocho convenios a honorarios con montos mensuales de entre $1,1 y $3,1 millones por falsas asesorías.

    El Ministerio Público estableció que los informes de respaldo jamás existieron y que la profesional cobró las asignaciones de forma ininterrumpida, incluso durante cerca de dos años en que permaneció con licencia por embarazo y posnatal. De acuerdo con el expediente, la propia coimputada declaró ante los fiscales que nunca desempeñó funciones ni brindó asesorías para la Cámara de Diputados, asegurando que la contratación se ejecutó a instancias del congresista.

    Informes de la PDI y antecedentes del Ministerio Público señalan que los fondos fiscales percibidos por Graf fueron transferidos directamente a cuentas personales de Calisto y a personas afines a su entorno político. La Fiscalía sostiene que los montos se destinaron a fines privados, como el pago de préstamos personales del parlamentario, la adquisición de una parcela, desembolsos para su jefe de campaña y el financiamiento de otros candidatos afines. Frente al estrado, Campos calificó los hechos como “una bofetada a la democracia”.

    Esta es la segunda vez que el órgano persecutor busca retirar el fuero a Calisto, ya que anteriormente lo logró durante su gestión como diputado. La nueva presentación busca sortear eventuales maniobras dilatorias y despejar la discusión jurídica sobre el presunto “nuevo fuero” adquirido tras su elección como senador, abriendo paso a la etapa de preparación del juicio oral.

    Por su parte, la defensa técnica del senador, ejercida por el abogado penalista José Pablo Gómez, solicitó al pleno rechazar de plano el requerimiento, sosteniendo la inocencia del congresista y afirmando que las imputaciones carecen de sustento. Gómez aseveró que Graf sí cumplió funciones como asesora política y cuestionó el origen de la investigación, argumentando que se inició por la extracción irregular de documentos desde el correo electrónico del parlamentario. Además, impugnó el cambio de declaración de un imputado días antes del cierre del sumario y desplegó acciones paralelas, como un recurso de amparo en Coyhaique y la recusación de dos ministros del tribunal de alzada de Los Lagos.

    Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).

  • Triple colisión con camión de gas en el centro de Coyhaique deja dos heridos y expone riesgos en la seguridad vial urbana

    Triple colisión con camión de gas en el centro de Coyhaique deja dos heridos y expone riesgos en la seguridad vial urbana

    Durante la tarde de este martes 15 de septiembre, alrededor de las 13:54, la cotidianidad de los vecinos y vecinas de Coyhaique se vio abruptamente interrumpida por un accidente de tránsito en la intersección de las calles Victoria y 21 de Mayo. Una triple colisión que, según se mencionó en Diario Regional Aysén, involucró a tres vehículos, uno de ellos un camión repartidor de gas, poniendo en riesgo la seguridad de quienes transitaban por el sector.

    El impacto no solo dejó a dos personas lesionadas, que debieron ser trasladadas de urgencia por personal del SAMU hasta el Hospital Regional, sino que también paralizó el tránsito en una de las intersecciones céntricas de la ciudad. Esta interrupción afecta directamente la movilidad de la comunidad, evidenciando la fragilidad del flujo urbano ante emergencias y el tiempo perdido por los ciudadanos que dependen de estas vías para su diario vivir.

    La magnitud del peligro obligó a un despliegue especializado: Carabineros y Bomberos de la Unidad de Rescate de la Segunda Compañía acudieron al lugar, pero fue la Unidad de Materiales Peligrosos (Hazmat) de la Primera Compañía la que debió intervenir para realizar el monitoreo de los cilindros de gas. La presencia de un vehículo con carga peligrosa en una colisión urbana subraya un riesgo latente para la población, que a menudo desconoce los protocolos de seguridad o las rutas que toman estos transportes por el centro.

    Producto del accidente, el tránsito se vio interrumpido en el lugar, retomándose normalmente solo tras el control de la emergencia. Más allá de las lesiones físicas, este tipo de incidentes deja en evidencia las consecuencias concretas de la falta de medidas preventivas o de una fiscalización efectiva en el tránsito de vehículos pesados y con cargas peligrosas por zonas densamente pobladas de la región.

    Aunque la emergencia fue controlada, queda la interrogante sobre las condiciones que llevaron a esta triple colisión y si se tomarán medidas para evitar que un camión de gas vuelva a estar involucrado en un accidente en pleno centro de Coyhaique. La seguridad vial y la protección de los ciudadanos en el territorio no pueden depender del azar, y la comunidad espera respuestas claras sobre las responsabilidades y las acciones a seguir para garantizar su integridad.

  • Simulacro de choque fatal por alcohol en Coyhaique: bajan las cifras, pero el riesgo de las Fiestas Patrias sigue latente

    Simulacro de choque fatal por alcohol en Coyhaique: bajan las cifras, pero el riesgo de las Fiestas Patrias sigue latente

    En pleno centro de Coyhaique, la intersección de avenida Arturo Prat y calle Francisco Bilbao se convirtió este martes 15 de septiembre en el escenario de un simulacro de siniestro vial que refleja una realidad que golpea fuerte a las familias de la región: el manejo bajo los efectos del alcohol. La Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (Coreset) montó la representación de un choque frontal fatal para impactar a la ciudadanía justo antes de las celebraciones de Fiestas Patrias, donde el exceso de confianza y las malas decisiones en el asfalto pueden costar vidas.

    El dispositivo ABC de emergencias —compuesto por SAMU, Bomberos y Carabineros— desplegó un operativo completo para atender la emergencia simulada, donde uno de los conductores involucrados falleció. La escena, aunque ficticia, dejó en evidencia la crudeza de las consecuencias de ignorar la normativa de tránsito, un llamado de atención directo a los vecinos y vecinas de Aysén que transitan a diario por estas calles y que, en estas fechas, ven incrementado el riesgo en sus propios barrios.

    Las autoridades no esquivaron la responsabilidad y reiteraron el llamado a la precaución. La seremi de Gobierno, Bárbara Ortúzar, en representación de la delegada presidencial regional, valoró el esfuerzo intersectorial y apuntó directamente a la ciudadanía: “Si van a conducir, por favor no ingieran alcohol, planifiquen sus viajes, respeten las señaléticas y la velocidad. Y si van a tomar, que tomen buenas decisiones”. Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Boris Romero, recordó las facultades de la unidad de fiscalización ministerial para controlar a los conductores, solicitar documentación e incluso cursar infracciones, dejando claro que la ley debe cumplirse.

    El jefe de Zona de Carabineros Aysén, general Eduardo Palma, destacó la efectividad de las campañas preventivas al contrastar las cifras: este año, los accidentes de tránsito bajaron de 484 a 260, y los fallecidos pasaron de 13 (a agosto del año pasado) a 8 en el mismo periodo. Si bien la reducción es una buena noticia para la seguridad regional, el hecho de que ocho personas hayan perdido la vida en siniestros viales demuestra que la prevención no puede relajarse y que las campañas deben sostenerse en el tiempo.

    En el marco de la organización de las ramadas, el director de Seguridad Comunitaria Municipal, Jorge Risco, detalló el plan de ordenamiento del tránsito para las fiestas: el ingreso será exclusivamente por calle Campos de Hielo y se dispondrán 650 estacionamientos. Risco hizo un llamado a utilizar la locomoción colectiva para tener una fiesta tranquila y adelantó que los dispositivos fiscalizarán la salida para evitar que conductores en estado de ebriedad se pongan al volante, previniendo así atropellos y tragedias.

    A pesar de los operativos y las cifras alentadoras, la deuda pendiente sigue siendo la infraestructura y la conectividad del transporte público en la región, un factor que limita la opción de dejar el auto en casa para quienes viven en sectores alejados de los centros de celebración. Mientras Coyhaique se prepara para las fondas, la pregunta es si la prevención logrará imprimirse en la cultura local o si, una vez más, el saldo de las Fiestas Patrias dependerá solo de la suerte en las rutas, según se informó en Diario Regional Aysén.

  • Aysén exige respuestas, no descalificaciones: la burocracia no puede ser excusa para ocultar la demora en proyectos públicos

    Aysén exige respuestas, no descalificaciones: la burocracia no puede ser excusa para ocultar la demora en proyectos públicos

    En la Región de Aysén, donde cada recurso público destinado a proyectos impacta directamente en la calidad de vida y el desarrollo del territorio, fiscalizar no es atacar y preguntar no es ignorar. Exigir explicaciones por la tardanza en la ejecución de un proyecto aprobado por el Concejo Municipal y financiado con fondos públicos no es una ofensa: es parte esencial del mandato que la ciudadanía entrega a sus representantes. Sin embargo, la respuesta de la administración municipal ante estos cuestionamientos ha dejado en evidencia una deuda grave con la transparencia.

    El concejal Sebastián Vera, de Renovación Nacional y uno de los concejales electos más joven de Chile, planteó una crítica concreta respecto de la demora en la ejecución de este proyecto. En lugar de recibir información clara sobre el estado de la iniciativa, la respuesta derivó en una descalificación política y personal formulada por la directiva Paz Foitzik en representación del alcalde de izquierda. Se le pretende enseñar al concejal que tras la firma de un convenio existen trámites administrativos, oficios, autorizaciones y controles previos a la ejecución. Puede ser cierto, pero eso no responde a lo esencial de su planteamiento.

    Según lo informado por El Divisadero, la ciudadanía tiene derecho a saber qué etapa está cumplida, qué trámite falta, quién es responsable, cuánto tiempo tomará y cuándo comenzará a ejecutarse el proyecto. La burocracia puede explicar una demora; jamás puede convertirse en una excusa en sí misma para no informar en sustancia. Y aquí aparece un problema político mayor para nuestra región: una autoridad, en lugar de responder con información objetiva, recurre a la descalificación de quien pregunta, intentando neutralizar al mensajero en lugar de responder el mensaje. Es una vieja práctica política: si no se puede ganar el debate con argumentos, se intenta amedrentar al que lo plantea.

    La comunidad de Aysén no necesita eso. Necesita municipalidades eficientes, austeras, productivas, transparentes, honestas y probas. Administraciones capaces de transformar los recursos públicos en resultados concretos y en soluciones que tengan verdadera potencia social para el territorio. Y también necesita una oposición que no tenga miedo de ejercer su rol fiscalizador. Ser de derecha, ser joven o plantear una crítica incómoda no disminuye el derecho a preguntar. Al contrario: una democracia saludable necesita concejales que fiscalicen y autoridades que respondan.

    Pero hay también una tarea pendiente para el sector de derecha u oficialista. Las autoridades de derecha no pueden ser espectadoras silenciosas de su propia gestión. Gobernar también significa comunicar, explicar y defender ante la ciudadanía lo que se está haciendo. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast debe entender que no basta con gestionar: hay que comunicar los resultados, explicar las decisiones y disputar democráticamente el relato público. Porque si quienes gobiernan guardan silencio, otros ocuparán ese espacio para contar la historia a su manera.

    Menos soberbia. Menos excusas. Menos silencio. Más gestión, más transparencia, más fiscalización y más comunicación con la ciudadanía. Porque la mejor respuesta frente a una crítica no es descalificar al que pregunta. Es mostrar e informar resultados.

  • Perdónalos, porque no saben lo que dicen: la crítica política sin experiencia

    Perdónalos, porque no saben lo que dicen: la crítica política sin experiencia

    En la vida cotidiana de nuestra región y del país, la ejecución de grandes obras públicas —como un puente— o proyectos habitacionales impacta directamente el territorio, la seguridad y el bolsillo de los vecinos. Es comprensible y legítimo que la comunidad, desde su experiencia constructiva doméstica, adopte una actitud vigilante y critique el proyecto o aconseje soluciones estructurales, buscando colaborar en el desarrollo de la obra.

    Sin embargo, esta dinámica se agrava en el ámbito político. A diferencia de los vecinos que aportan su experiencia práctica en la construcción de sus hogares, quienes encuentran errores en el trabajo del gobierno no pueden exhibir ni remotamente una experiencia previa, ni siquiera del tipo doméstico, para respaldar sus observaciones.

    Un caso cercano y comprobable es el del anterior presidente de nuestro país, quien nunca trabajó ni experimentó la condición de trabajador, pero hablaba diariamente de las condiciones laborales. A esto se suma que los ministros de Estado y la gran mayoría de las autoridades progresistas nunca estuvieron preparados para los cargos que se les asignaron, lo que derivó en un desastre que afecta los servicios y derechos de la ciudadanía, y cuya responsabilidad de reparar recae en el actual gobierno.

    Hoy, son cientos las voces de exdirigentes y autoridades cesantes que vociferan contra la gestión actual. Esta situación, lejos de ser un obstáculo, demuestra que el camino elegido por el gobierno es el correcto, aunque deban cargar con las fallas de quienes no supieron gobernar.

    Según lo expuesto en El Divisadero, ante esta lamentable situación solo queda enunciar las palabras “Perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen”. Lo que falta por resolver es cómo la clase política adquirirá la experiencia real que le ha sido esquiva, evitando que la falta de preparación siga afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.

  • “No podemos seguir normalizando el abandono”: Exigen multas y retiro subsidiario de cables en desuso en Coyhaique

    “No podemos seguir normalizando el abandono”: Exigen multas y retiro subsidiario de cables en desuso en Coyhaique

    En Coyhaique, la postal de cables aéreos en desuso ya no es solo un problema visual, sino un peligro inminente para la seguridad de los vecinos, especialmente frente a los fuertes vientos y nevazones que azotan la región. Esta semana, el concejal Sebastián Vera volvió a poner el dedo en la llaga: las empresas de telecomunicaciones no pueden seguir abandonando su “basura” en los postes sin consecuencias.

    Durante la sesión ordinaria N°65 del Concejo Municipal, Vera ingresó el oficio N°99 para acelerar las sanciones contempladas en la Ley N°21.172 (“Chao Cables”) y el Decreto N°176. El objetivo es claro: que las compañías se hagan cargo del cableado abandonado. El edil emplazó directamente a las grandes empresas, señalando que deben ser multadas si dejan su basura en el espacio público, y advirtió que si no actúan, el municipio debe pasarles la cuenta.

    Esta problemática ha tomado la agenda local, impulsada por la campaña ciudadana “La Ciudad de los Cables” en Instagram, que ha visibilizado el estado del cableado y las inquietudes de la comunidad. Los vecinos están cansados de ver cómo los cables cuelgan peligrosamente fuera de sus casas, un riesgo que se agrava con el clima patagónico.

    En su oficio, Vera exige a la administración municipal informar cuántas multas y notificaciones se han cursado hasta la fecha, establecer protocolos de respuesta rápida ante emergencias y aclarar si hay preparación para implementar cuadrillas de “retiro subsidiario”. Esta herramienta permitiría al municipio retirar los cables y luego cobrar los costos a las empresas responsables, según la normativa vigente.

    La solicitud se suma a un trabajo que el concejal viene impulsando desde abril de 2025, cuando planteó la necesidad de abordar el tema mediante una ordenanza municipal. Sin embargo, hasta ahora, la falta de fiscalización y sanción efectiva sigue dejando la responsabilidad y el riesgo en los hombros de los ciudadanos, mientras el abandono urbano se normaliza. De acuerdo con lo informado por Diario Regional Aysén, la pelota está en la cancha del municipio para dejar de esperar y empezar a cobrar.

  • Coyhaique simuló un choque fatal por alcohol al volante: autoridades redoblan fiscalización mientras 8 familias ya lloran muertos este año

    Coyhaique simuló un choque fatal por alcohol al volante: autoridades redoblan fiscalización mientras 8 familias ya lloran muertos este año

    En el centro de Coyhaique, la rutina se detuvo para enfrentar una realidad que golpea fuerte en nuestra región: la conducción bajo los efectos del alcohol. Un simulacro de siniestro vial, organizado por la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (Coreset), representó un choque frontal entre dos vehículos manejados por personas ebrias, dejando un saldo ficticio de un fallecido. La escenificación activó el sistema ABC de emergencias —salud, Bomberos y Carabineros—, mostrando en tiempo real el enorme despliegue logístico y humano que una tragedia de este tipo exige en nuestro territorio.

    La intervención no fue solo un llamado de atención, sino una advertencia directa a la ciudadanía sobre las consecuencias concretas de manejar tras beber. Boris Romero, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, recordó que los fiscalizadores tienen las atribuciones de la Ley de Tránsito para controlar, solicitar documentos e infraccionar. Es decir, la herramienta legal existe y se aplicará con rigor, especialmente considerando el aumento de desplazamientos que se espera en la región durante estos días de asueto.

    El general Eduardo Palma de Carabineros destacó que las campañas preventivas están dando resultados en el papel: los accidentes de tránsito en la región bajaron de 484 a 260 casos, y los fallecidos hasta agosto disminuyeron de 13 a 8 en comparación con el año anterior. Sin embargo, el hecho de que aún haya ocho familias de luto en lo que va del año revela que la prevención no puede aflojar, y que el impacto visual de un simulacro sigue siendo necesario para calar hondo en la conciencia de los conductores.

    Para estas celebraciones, el dispositivo de seguridad municipal también ajusta tuercas. Jorge Risco, director de seguridad comunitaria de la Municipalidad de Coyhaique, detalló que habrá 650 estacionamientos distribuidos y que el ingreso a las ramadas será exclusivamente por calle Campos de Hielo. Los dispositivos fiscalizarán las salidas para evitar que conductores ebrios se pongan al volante, una medida que busca proteger a los asistentes y ordenar el tránsito en un evento masivo.

    Según se informó en El Divisadero, el objetivo final de estas acciones es generar conciencia para que las fiestas no terminen en una emergencia real. No obstante, más allá de los controles policiales, los simulacros y los estacionamientos, queda pendiente una pregunta sobre el terreno: ¿estarán las condiciones de transporte público y la infraestructura vial a la altura para ofrecer alternativas reales a quienes deciden beber, o la responsabilidad y el riesgo seguirán recayendo solo en el bolsillo y la fiscalización individual?

  • Gobierno impone reglamento de Seguridad Municipal a espaldas de las comunas: acusan ilegalidad y amenaza a alcaldes

    Gobierno impone reglamento de Seguridad Municipal a espaldas de las comunas: acusan ilegalidad y amenaza a alcaldes

    La Asociación Chilena de Municipalidades manifestó su rechazo al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ingresado por el Gobierno a la Contraloría, acusando una grave falta de socialización y “elementos de ilegalidad”, según informó Diario y Radio Universidad Chile. La entidad, presidida por Gustavo Alessandri, denunció que nunca fue alertada sobre la inclusión de una nueva causal de destitución para los alcaldes, a pesar de haber participado en mesas técnicas con el Ministerio de Seguridad.

    La contradicción del Ejecutivo es evidente: mientras se sienta a dialogar con el municipalismo para mejorar la seguridad comunal bajo el liderazgo del subsecretario Gonzalo Guerrero, impone a espaldas de las autoridades un mecanismo punitivo. “Lamentamos que una disposición de esta importancia no haya sido puesta en nuestro conocimiento antes de su ingreso a Contraloría, considerando además que reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida en que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento”, señalaron desde la asociación.

    Los alcaldes no se quedaron atrás en las críticas. Tomás Vodanovic (Maipú) cuestionó que la ley busca fortalecer el rol municipal, “y no amenazar con quitarles autonomía”. Criticó que se vincule una falla administrativa con la destitución de un alcalde electo democráticamente y que se enteraran “por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes”, exigiendo que se respete la autonomía municipal.

    Incluso quienes han respaldado la agenda de seguridad del Gobierno levantaron la voz. Felipe Alessandri (Lo Barnechea) afirmó que “tenemos el deber de advertir cuando se comete un error”. Por su parte, Christopher White (San Bernardo) fue más duro: acusó que se entregan “nuevas obligaciones sin el financiamiento, el equipamiento ni la capacitación para cumplirlas”, y que amenazar con la destitución por una falla administrativa “termina incentivando lo contrario: que nadie quiera firmar, que nadie quiera decidir”.

    White añadió que “si una autoridad electa puede perder su cargo, esa causal debe estar claramente establecida en la ley, discutida en el Congreso, con proporcionalidad y debido proceso. No en un reglamento”. Una advertencia directa al Gobierno sobre su doble estándar: exigen resultados pero imponen sanciones sin garantizar recursos ni el debate legislativo correspondiente, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

    Ante el revuelo, la Subsecretaría de Prevención del Delito intentó apagar el fuego afirmando que el artículo 8 “no crea ni amplía las causales de cesación” y que el reglamento solo explicita la responsabilidad administrativa. Sin embargo, la propia autoridad debió ceder y anunciará el retiro y reingreso del reglamento una vez despachada la “Ley Corta”, abriendo una tímida puerta a la revisión que debió hacerse antes de intentar imponer una norma a espaldas de las 346 comunas del país.

  • La puerta giratoria de Boric: el reformador de la permisología ambiental ahora asesora a minera de litio que pactó trato directo con su gobierno

    La puerta giratoria de Boric: el reformador de la permisología ambiental ahora asesora a minera de litio que pactó trato directo con su gobierno

    El gobierno de Gabriel Boric prometió un cambio en la gestión ambiental, pero la realidad expuesta por CIPER Chile revela una preocupante puerta giratoria entre el Estado y el poder económico. Sebastián Aylwin, quien fuera jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente bajo la administración de Boric, ahora asesora a CleanTech Lithium para obtener permisos ambientales del proyecto de litio en el salar Laguna Verde, una iniciativa que él mismo impulsó y benefició desde el Estado.

    La contradicción es profunda. Aylwin lideró las reformas al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el mismo instructivo bajo el cual ahora gestionará permisos para la minera privada. Para colmo, el contrato para desarrollar Laguna Verde se firmó por trato directo durante el gobierno de Boric, convirtiéndose en uno de los proyectos estrella de la Estrategia Nacional del Litio. Mientras los exfuncionarios reformaban las reglas del juego, el Estado le entregaba directamente el negocio a la empresa que hoy los contrata.

    Las inconsistencias de este modelo no terminan ahí. A pesar de las advertencias del propio Ministerio del Medio Ambiente —que en mayo de 2025 recibió un informe de la Universidad de Antofagasta que advertía que el proyecto “podía acelerar significativamente la pérdida de agua” en la zona—, el gobierno siguió adelante con el trato directo. Hoy, la Contraloría tiene paralizada la iniciativa desde mayo pasado, tras formular observaciones por la falta de justificación y sustentabilidad económica de la concesión directa.

    Aunque la contratación de Aylwin no rompe la ley, el doble estándar ético es innegable. Como señaló el abogado experto en transparencia Alberto Precht, si la persona que redacta una norma luego trabaja para quien se beneficia de ella, cuenta con una ventaja que otras empresas no tienen. La Ley 18.575 solo impone inhabilidades de seis meses para exfiscalizadores, dejando un vacío que permite a exautoridades como Aylwin —histórico militante del Frente Amplio y exdirigente estudiantil junto a Boric— usar su información privilegiada y contactos para lucrar en el sector privado.

    Las reformas que Aylwin lideró tampoco estuvieron exentas de cuestionamientos. Lejos de fortalecer la protección ambiental, las modificaciones al SEIA ampliaron los umbrales para que los proyectos se sometan a evaluación; por ejemplo, para almacenamiento de combustible el límite pasó de 200 mil a 850 mil litros. El resultado concreto es que menos proyectos serán evaluados ambientalmente, una “eficiencia” que beneficia directamente a las inversiones privadas en desmedro del territorio.

    Ante este escenario, las propuestas de los propios partidos del oficialismo para frenar estos conflictos de interés resultan insuficientes o dormidas. En 2024, la Segpres de Álvaro Elizalde propuso ampliar la inhabilidad a un año, y este año la diputada Gael Yeomans (FA) recién propuso subirla a dos años con multas. Mientras el gobierno y el parlamento dilatan regulaciones estrictas, la puerta giratoria sigue girando, dejando la protección ambiental y la probidad en meras declaraciones de buena fe.