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Durante décadas, las regiones australes de Chile han demostrado que es posible construir desarrollo productivo lejos de Santiago. En medio de fiordos, canales y territorios extremos, miles de familias han levantado comunidades, emprendido negocios y forjado proyectos de vida gracias a actividades económicas que generaron empleo e inversión donde antes solo había aislamiento. La salmonicultura ha sido parte central de esa transformación: gracias al trabajo de generaciones de trabajadores, emprendedores, proveedores y empresas, Chile se convirtió en el segundo productor mundial de salmón, según se mencionó en El Divisadero. No es un dato menor: es el resultado de años de esfuerzo, innovación y adaptación en territorios donde producir siempre ha sido más difícil y costoso que en el centro del país.

Es legítimo y necesario discutir sobre las dificultades y errores que marcaron algunas etapas de la historia de la salmonicultura. Toda actividad productiva debe aprender y mejorar continuamente. Pero también es cierto que la industria actual es muy distinta a la de hace treinta años. Hoy existe una extensa normativa ambiental, sanitaria y sectorial, junto con múltiples organismos encargados de supervisar su cumplimiento. La exigencia es alta y debe seguir siéndolo. El problema no está en que existan regulaciones, sino en que las reglas se vuelven inciertas, los procesos excesivamente lentos y las decisiones de las autoridades difíciles de anticipar.

Cuando una inversión demora años en obtener respuesta, cuando distintos organismos interpretan de manera diferente una misma normativa o cuando no existe claridad sobre cómo avanzar un proyecto, el resultado siempre es el mismo: menos inversión y menos empleo. Y cuando eso ocurre, quienes más lo resienten no son las grandes compañías, sino las regiones y sus habitantes. El desafío de fondo no es si queremos más o menos regulación, sino construir una institucionalidad que entregue certezas. Las regiones australes necesitan un Estado que fiscalice con rigor, pero también que sea capaz de promover el desarrollo. Un Estado que proteja el patrimonio natural que distingue a Aysén, pero que al mismo tiempo comprenda que el empleo y las oportunidades también son parte de la sostenibilidad.

En este aspecto, resulta interesante observar la experiencia de Noruega, donde existe una convicción transversal: el crecimiento económico y la protección ambiental deben avanzar juntos. Allí las autoridades, comunidades, academia e industria han construido una visión compartida de largo plazo sobre el papel estratégico de la acuicultura. Noruega no es exitosa porque tenga menos exigencias ambientales, sino porque posee reglas claras, estabilidad regulatoria y una política de Estado que entrega señales consistentes a quienes invierten, innovan y generan empleo.

Chile tiene todas las condiciones para seguir siendo un líder mundial en la producción sustentable de alimentos: cuenta con conocimiento técnico, empresas de nivel internacional, trabajadores altamente capacitados y regiones que han demostrado una enorme capacidad de desarrollo. Lo que falta es una señal clara. La discusión pública sobre el futuro de las regiones australes debería dejar atrás las falsas dicotomías: no se trata de elegir entre conservación o desarrollo, ni entre comunidades o inversión. El verdadero desafío consiste en construir un modelo que permita proteger aquello que nos hace únicos mientras generamos oportunidades para quienes viven aquí.

Aysén necesita más empleo, más innovación, más emprendimiento y más oportunidades para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro sin verse obligadas a migrar. Para lograrlo, se requiere un Estado moderno, capaz de establecer reglas claras, procesos eficientes y una visión de desarrollo de largo plazo. Nuestras políticas públicas deben regular sin bajar estándares ambientales y sanitarios, pero mejorando el marco para dar el salto al desarrollo. Con Noruega competimos en los mercados mundiales, pero la gran diferencia es que en ese país el Estado asumió un papel relevante y fijó una ruta de crecimiento para la industria del salmón. Si en Chile ocurriera algo así, el resultado solo hablaría de crecimiento, porque si somos capaces de transformarnos en una potencia mundial del salmón desde la zona más austral del planeta, también podemos convertirnos en un ejemplo de cómo el desarrollo sostenible y el progreso regional pueden avanzar de la mano. El Estado debe asumir un rol conductor de futuro en la industria del salmón, porque el futuro de Aysén depende, en buena medida, de que entendamos una verdad simple: cuando las regiones crecen, Chile crece con ellas.

La imagen desde las alturas es impactante: una alfombra verde interminable surcada por ríos que parecen culebras amarillas. Pero esa inmensidad esconde una fragilidad extrema. La selva amazónica, hogar de más de 35 millones de personas, se acerca a un umbral crítico que la ciencia ya definió como “punto de no retorno”.

Según se mencionó en El Divisadero, si la deforestación alcanza el 20%, la selva perderá la capacidad de generar sus propias lluvias y comenzará un proceso de sabanización. Al día de hoy ya hemos destruido cerca del 17%. El margen que resta no se mide en décadas, sino en un puñado de hectáreas.

El Amazonas no es un problema lejano. Actúa como el órgano vital regulador del clima y la vida en toda la Tierra. Si ese motor se apaga, el mayor sumidero de carbono se convierte en una chimenea masiva, devolviendo toneladas de los desechos acumulados por siglos. Para la Región de Aysén, donde el agua, el bosque nativo y el clima son la base de la vida cotidiana, el colapso amazónico significaría alteraciones profundas en el régimen hídrico, la agricultura y la seguridad territorial de las comunidades.

La responsabilidad es política. El medio ambiente se ha transformado en un campo de batalla ideológico. Un partido adopta la bandera verde —a veces de forma muy superficial— y el opositor, con el puro afán de discrepar, adopta posturas negacionistas o prioriza el extractivismo inmediato para generar empleo a corto plazo. Lo que debería ser un consenso científico universal se fragmenta.

Mientras tanto, cada inicio de primavera o verano se transforma en una sentencia de muerte para las áreas verdes del planeta. Las estaciones que antes daban inicio al florecimiento de la vida han pasado a ser temporada de incendios y sequías extremas que acaban con todo tipo de vida a su paso.

El destino del planeta está en manos de unos pocos, y las decisiones que tomen —o dejen de tomar— en el corto plazo definirán si el colapso global se detiene o se acelera. El margen para evitar el punto de no retorno se reduce a un puñado de hectáreas. Hasta el momento todos vamos en el mismo barco: si se hunde, nos ahogamos todos. O nos salvamos o irremediablemente desaparecemos.