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La sociedad chilena suele definirse a sí misma a través de una épica de la solidaridad, somos el país que se levanta de los terremotos y el que comparte el pan cuando la desgracia aprieta. Sin embargo, en el reverso de esa medalla dorada habita un ecosistema de malas prácticas y vicos culturales tan arraigados que ya forman parte de nuestra identidad nacional. Vivimos bajo la sospecha constante de que el entorno intenta estafarnos, una paranoia justificada por la realidad cotidiana. Desde el taxista que decide hacer un tour panorámico no solicitado para inflar la tarifa al turista o al pasajero distraído, hasta el mecánico que diagnostica una falla catastrófica que se soluciona apretando un tornillo, la sensación de estar a punto de ser embaucado es una constante. Esta cultura de aprovecharse con malas prácticas de los otros se profesionalizó con las estafas telefónicas. Es casi un rito de iniciación recibir una llamada desde algún centro penitenciario donde un supuesto policía, con un tono de voz sorprendentemente amable, te informa que un familiar sufrió un accidente y que la única forma de salvarlo es transfiriendo dinero a una cuenta. O peor aún, el clásico mensaje de texto de una empresa de encomiendas que retuvo un paquete que jamás compraste, esperando que hagas clic en el enlace de la perdición. En el centro de estas prácticas opera una distorsión de la verdad. La mentira en Chile es un lubricante social. Está la “mentirita piadosa”, el “voy saliendo” cuando apenas estás saliendo de la ducha, o el “te transfiero al tiro” que estira el pago hasta el próximo mes. Hemos normalizado el engaño de baja intensidad como una forma de cortesía o de supervivencia, transformando la palabra empeñada en un pagaré sin fondos. A esto se suma el arribismo, esa necesidad neurotizante de aparentar un estatus económico y social que no se tiene. El chileno promedio es capaz de endeudarse a cien cuotas con un interés usurero para lucir el último modelo de celular o para ostentar unas vacaciones en el extranjero. El arribismo se manifiesta también en el lenguaje, en el esfuerzo cómico por matizar el acento según el código postal o en el uso pretencioso de tecnicismos en inglés para validar términos que perfectamente pueden explicarse en español. Y si el arribismo es el motor del consumo, la envidia es el freno de mano emocional del país. El éxito ajeno se perdona poco. Cuando a alguien le va bien, la primera reacción colectiva rara vez es el apoyo, es la sospecha. “¿En qué andará metido?”, “Seguramente en algo malo”, son las frases comunes para procesar el triunfo del otro. Finalmente, no se puede obviar el egoísmo vial y el desprecio por el espacio público. El peatón que no respeta la luz roja, el conductor que bloquea una intersección porque “su tiempo vale más que el del resto”, o la persona que arroja basura a la calle asumiendo que el espacio común es responsabilidad de un tercero invisible. Estas conductas revelan una alarmante falta de civismo, una desconexión con la idea de comunidad. Preferimos el beneficio inmediato y microscópico antes que el bienestar colectivo. Al final del día, estas malas prácticas configuran un paisaje social complejo: un país que sueña con el desarrollo y la modernidad, pero que tropieza a diario con los vicios de su propia idiosincrasia. Según lo informado por El Divisadero, esta crisis de confianza y ética no solo afecta a los servicios básicos como transporte y comunicaciones, sino también la percepción de seguridad en comunidades rurales y urbanas, donde la desconfianza se convierte en un obstáculo para la colaboración y el desarrollo sostenible.

Las autoridades gubernamentales y municipales de la Región de Aysén se ven cada vez más presentes en redes sociales, donde registran reuniones, visitas y actividades como si fueran contenido para un diario digital. Esta práctica, aunque legítima, plantea una cuestión: ¿comunicar es suficiente para gobernar? Según se mencionó en El Divisadero, una publicación cuidadosamente editada puede mostrar una imagen impecable de una actividad, pero no refleja las conversaciones, las demandas ni las expectativas de quienes habitan las comunidades. En contextos como Aysén, donde el acceso a servicios es limitado y las problemáticas locales son complejas, la distancia entre lo que se muestra y lo que se vive en terreno puede generar desafíos reales para la ciudadanía. Trabajar en el territorio no consiste solo en grabar un video y publicarlo; implica escuchar, recoger demandas y responder a las necesidades cotidianas de las personas, desde el acceso a la salud hasta la seguridad en las carreteras. La ciudadanía tiene derecho a informarse por sus canales preferidos, pero también a que sus autoridades estén disponibles para conversar, explicar y escuchar, no solo para mostrar gestión. El verdadero desafío es que la gestión pública exista más allá de las publicaciones digitales, garantizando un enfoque territorial y ciudadano que aborde las necesidades reales de la región.

La controversia sobre la incorporación de Chile al Escudo de las Américas requiere separar documentos y fechas. Los antecedentes disponibles muestran que sí existe una declaración de seguridad firmada por una autoridad chilena en marzo, mientras que respecto de la adhesión anunciada el 22 de septiembre el Gobierno sostiene que no existió una firma material de un tratado, sino la adhesión de Chile a una declaración política y a un mecanismo de coordinación. Esa diferencia es hoy el centro de la discusión política y jurídica.
7 de marzo: nace públicamente el Escudo de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Miami la cumbre del Shield of the Americas. Los registros oficiales estadounidenses confirman la presencia del entonces presidente electo José Antonio Kast y muestran una ceremonia de firma de la denominada Doral Charter of Liberty. El Gobierno estadounidense presentó la iniciativa como una estructura hemisférica vinculada a seguridad, lucha contra los carteles y cooperación regional.
12 de marzo: aparece una firma chilena, pero en otro documento. Un día después de asumir como ministro de Defensa, Fernando Barros suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles.

El documento lleva su firma y la del representante estadounidense Joseph Humire. Allí se manifiesta la intención de ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad, narcotráfico, fronteras e infraestructura crítica y se plantea trabajar en coalición frente a amenazas comunes.

21 de agosto: el embajador Brandon Judd hace pública esa firma. Fue el representante de Estados Unidos en Chile quien difundió el documento de marzo y destacó públicamente la participación de Barros.
A partir de entonces se abrió la discusión sobre qué alcance tenía aquella declaración y cuál era su relación con la futura participación chilena en el Escudo.
El Congreso ya había llevado el asunto a fiscalización: el 26 de agosto se enviaron oficios a Defensa y Cancillería solicitando información sobre la «suscripción, alcance e implementación» de la declaración del 12 de marzo. En las fichas parlamentarias consultadas todavía no aparecen respuestas registradas a esos oficios.

14 de septiembre: Kast afirma que Chile continúa como observador. Apenas ocho días antes de la adhesión, el Presidente señaló públicamente: «nosotros seguimos en calidad de observadores». Añadió que cualquier fórmula propuesta por Estados Unidos debía ser analizada según la institucionalidad chilena.

22 de septiembre: Chile cambia de condición. Cancillería anunció oficialmente que «Chile ha decidido adherir» al Escudo de las Américas y lo describió como un «marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos». El comunicado chileno destacó intercambio de información, análisis de datos, capacitación para Carabineros y PDI y coordinación fronteriza.

Ese mismo día, el Presidente Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna participaron en Nueva York en la reunión de la iniciativa.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ese mismo 22 de septiembre, Washington publica un documento más amplio. El Departamento de Estado difundió la Joint Statement on Defending Hemispheric Sovereignty y señaló expresamente que el texto había sido publicado por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile y otros once países.

La declaración habla de tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral, y formula la «intención» conjunta de emprender distintas acciones de acuerdo con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de cada Estado.

Kast sostiene que aquello no constituye un tratado.

Tras anunciarse la adhesión, el Presidente explicó que no implicaba cesión de soberanía ni autorización automática para operaciones militares extranjeras y afirmó que no se trataba de un tratado internacional.

28 de septiembre: el canciller introduce una precisión decisiva. Durante su interpelación en la Cámara, Francisco Pérez Mackenna declaró: «En este caso no hubo firma» y sostuvo que se trata de una declaración política no vinculante, destacando que el texto utiliza expresiones de «intención».

La controversia pasa ahora al plano jurídico e institucional. Parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría solicitando que se examine la legalidad de la incorporación y argumentando que algunos contenidos deberían haber sido conocidos por el Congreso. Esa es una tesis de los recurrentes y todavía no equivale a una resolución de Contraloría.

¿Cómo queda entonces el tema de la firma?
Con los documentos conocidos hasta hoy, no corresponde afirmar que la firma de Fernando Barros del 12 de marzo sea la firma del documento del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.

Son instrumentos distintos, aunque pertenecen al mismo proceso de cooperación hemisférica en seguridad.
Pero tampoco puede decirse que Chile permaneció simplemente al margen: Cancillería declaró oficialmente la adhesión de Chile, el Presidente y el canciller participaron en la reunión de Nueva York y el Departamento de Estado identifica expresamente a Chile como uno de los gobiernos que emitieron la declaración conjunta del 22 de septiembre.

Por eso, la cuestión pendiente es más precisa que determinar si hubo «papel y lápiz»: qué acto concreto expresó internacionalmente el consentimiento político de Chile, quién lo autorizó, qué efectos produce esa adhesión y cuáles de las acciones anunciadas requerirán posteriormente decisiones administrativas, legales o aprobación del Congreso.

El Ejecutivo sostiene que es una declaración política voluntaria y no vinculante; sus críticos han solicitado que Contraloría revise esa interpretación. Esa controversia permanece abierta al 28 de septiembre de 2026.