Categoría: Opinión

  • Matthei responde a Olivares: el tiempo de la cocina ya pasó

    Matthei responde a Olivares: el tiempo de la cocina ya pasó

    El machismo político volvió a mostrar su peor cara en el Congreso Nacional.

    El diputado Javier Olivares, del PDG, tuvo la arrogancia de sugerir que la expresidenta Michelle Bachelet y Evelyn Matthei deberían alejarse de la política para dedicarse a cocinar y preparar cazuelas.

    Pero esta vez recibió una respuesta contundente de Evelyn Matthei:

    “A las mujeres en política se nos juzga por nuestras capacidades, ideas y gestión, no por las tareas del hogar”.

    Y agregó algo políticamente mucho más significativo: “Michelle Bachelet y yo tenemos caminos e ideas políticas muy distintas, pero ambas nos hemos ganado con trabajo y trayectoria el derecho a decidir sobre nuestro futuro”.

    Remató con una frase que Olivares debería comprender: “En Chile, el tiempo donde mandaban a las mujeres ‘a la cocina’ ya pasó”.

    Aquí está la diferencia entre tener trayectoria política y buscar protagonismo mediante provocaciones.

    Matthei y Bachelet representan visiones ideológicas distintas, pero ambas son mujeres con experiencia, liderazgo y plena vigencia en la vida democrática chilena. Sus ideas pueden criticarse, sus gobiernos y gestiones pueden cuestionarse, pero pretender enviarlas a sus casas por ser mujeres constituye una expresión de machismo político absolutamente inaceptable.

    Y resulta especialmente grotesco que estas expresiones provengan de un parlamentario que ha concurrido al Congreso luciendo una capa que recuerda al dictador Augusto Pinochet.

    Olivares parece mucho más interesado en alimentar polémicas y provocar con símbolos autoritarios que en demostrar la profundidad de sus propuestas legislativas.

    La agresión física que sufrió en Olmué fue real y merece una condena categórica. Pero aquello tampoco lo exime de responder políticamente por sus declaraciones.

    Diputado Olivares: el Congreso no es un escenario para disfrazarse de Pinochet ni para reproducir el machismo de otra época. Es una institución democrática donde se espera que sus integrantes legislen, fiscalicen y respeten a quienes piensan diferente.

    Porque mientras Bachelet y Matthei pueden exhibir décadas de trayectoria pública, Olivares todavía tiene mucho que demostrar mediante su trabajo parlamentario.

    ¡Menos capas, menos machismo y más trabajo legislativo, diputado!

  • Chile mira los F-35 mientras las urgencias sociales esperan

    Chile mira los F-35 mientras las urgencias sociales esperan

    CHILE MIRA LOS F-35 MIENTRAS LAS URGENCIAS SOCIALES SIGUEN ESPERANDO
    Chile podría convertirse algún día en el primer país latinoamericano en operar el F-35, uno de los aviones de combate más avanzados y costosos del mundo.
    La Fuerza Aérea ha confirmado que el F-35A estadounidense se encuentra entre las alternativas estudiadas para reemplazar a los antiguos F-5 Tigre III. No existe todavía una compra oficialmente confirmada. Pero precisamente por eso este es el momento de abrir una discusión seria, amplia y democrática.
    Porque aquí no se trata de estar a favor o en contra de las Fuerzas Armadas.
    Se trata de algo mucho más básico:
    ¿Cuáles son las prioridades de Chile?
    Argentina adquirió 24 F-16 usados. Perú busca renovar su aviación de combate y Estados Unidos autorizó una eventual venta de 12 F-16 Block 70 mediante un paquete que podría alcanzar los US$3.420 millones.
    Y así puede comenzar un círculo peligroso: si un país compra aviones, el vecino siente que debe modernizarse; cuando el vecino se moderniza, aparece una nueva razón para volver a gastar.
    Por eso no podemos aceptar que decisiones de esta magnitud se presenten como si fueran exclusivamente técnicas.
    Son decisiones políticas. Son decisiones presupuestarias. Y, sobre todo, son decisiones sobre prioridades.
    Cada peso que un Estado destina a una gran compra militar es un peso que debe justificarse frente a otras necesidades igualmente reales.
    Salud.
    Pensiones.
    Empleo.
    Vivienda.
    Educación.
    Seguridad pública.
    Protección de la infancia y de las personas mayores.
    Chile necesita una defensa adecuada y Fuerzas Armadas capaces de proteger su soberanía. Pero eso no significa que cualquier gasto militar deba quedar automáticamente fuera de discusión.
    Al contrario.
    Mientras mayor sea el costo, mayor debe ser el debate público.
    ¿Cuál es la amenaza concreta que justificaría una inversión de esa magnitud?
    ¿Cuál sería el costo total, no sólo de comprar los aviones, sino también de operarlos, mantenerlos, armarlos y sostenerlos durante décadas?
    ¿Qué otras necesidades del país competirían por esos mismos recursos?
    ¿Existe una estrategia regional que evite que Sudamérica vuelva a entrar en una lógica de compras militares sucesivas?
    Estas preguntas no son antimilitares.
    Son preguntas democráticas.
    Porque gobernar significa priorizar.
    Y priorizar significa reconocer que los recursos son limitados y que no todas las necesidades pueden ser atendidas al mismo tiempo.
    Mientras miles de personas esperan atención médica, mientras muchos jubilados sobreviven con ingresos insuficientes y mientras el empleo sigue siendo una preocupación central para tantas familias, Chile tiene derecho a preguntarse si la próxima gran inversión estratégica debe estar en el aire o en la vida cotidiana de su gente.
    La antigua máxima decía:
    “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.
    Tal vez en pleno siglo XXI deberíamos agregar otra:
    Si quieres un país verdaderamente seguro, prepárate también para garantizar salud, trabajo, pensiones y dignidad.
    No se trata de elegir entre defensa o bienestar como si fueran enemigos.
    Se trata de establecer un orden de prioridades.
    Y esa decisión no puede quedar solamente en manos de expertos militares, gobiernos de turno o fabricantes de armas.
    Debe discutirse de cara al país.
    Porque cuando hablamos de miles de millones de dólares, no estamos hablando solamente de aviones.
    Estamos hablando del Chile que decidimos construir.

  • Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o gremio politizado?

    Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o gremio politizado?

    Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o un gremio históricamente politizado?
    Las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, merecen algo más que una lectura económica. Ante las fuertes alzas del diésel, destacó el “patriotismo” de los camioneros por no paralizar el país. El Gobierno de José Antonio Kast ha mantenido una relación cercana y un diálogo permanente con las organizaciones del transporte de carga.
    La expresión resulta especialmente interesante cuando se mira la historia.
    En octubre de 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, miles de camiones se movilizaron en las carreteras exigiendo, entre otras cosas, una fuerte reducción de los impuestos a los combustibles. Lagos adoptó una posición muy distinta: rechazó negociar mientras las rutas estuvieran ocupadas y sostuvo que ningún sector podía imponer sus demandas utilizando su capacidad de bloquear caminos.
    Su argumento sigue teniendo vigencia: una organización que dispone de miles de vehículos pesados posee una capacidad de presión que no tiene un trabajador, un jubilado o una familia común. Lagos planteó precisamente esa desigualdad y afirmó que una cosa era declararse en paro y otra apropiarse de caminos pertenecientes a toda la ciudadanía.

    Veinte años después, durante Piñera II, el escenario fue bastante diferente. En 2020 los camioneros protagonizaron varios días de movilizaciones y finalmente alcanzaron un acuerdo con el Gobierno.
    La propia administración de Sebastián Piñera informó que las organizaciones aceptaron su propuesta y depusieron la movilización; posteriormente se suscribió un protocolo relacionado con seguridad y reparación a víctimas de violencia.
    Con Gabriel Boric, nuevamente aparecieron movilizaciones. En noviembre de 2022, la Confederación Fuerza del Norte anunció un paro indefinido que incluía la inmovilización de carga y reclamaba, entre otras materias, por los combustibles.
    Y llegamos a 2026.
    El Gobierno de Kast enfrenta fuertes incrementos del diésel. Hacienda reconoció que todavía quedaban importantes aumentos por traspasar y este 9 de septiembre se confirmó otra subida de $89 por litro.
    Los camioneros calificaron la noticia como “menos mala de lo esperado” y expresaron preocupación, pero no anunciaron una paralización.
    Entonces surge una pregunta legítima.
    ¿Qué cambió?
    ¿Cambió la naturaleza del diésel? ¿Cambió el efecto que tiene su precio sobre los costos del transporte? ¿Dejó de afectar a los pequeños propietarios?
    ¿O cambió simplemente el Gobierno?
    No corresponde afirmar que todos los camioneros tengan una determinada posición política. El transporte de carga reúne organizaciones diferentes, pequeños propietarios, conductores y grandes empresarios con intereses que no necesariamente coinciden. Pero su historia obliga a distinguir entre los trabajadores que conducen camiones y las dirigencias empresariales capaces de utilizar miles de máquinas como instrumento de presión política.
    Por eso quizá la pregunta más interesante no sea si el gremio camionero se politizó.
    Tal vez sea otra:
    ¿Alguna vez dejó de estar politizado?
    Y aquí aparece la ironía final. Cuando un camión atravesado en una carretera presiona a un gobierno adversario puede llamarse movilización gremial. Cuando ese mismo camión permanece estacionado mientras gobiernan los cercanos, ahora resulta ser una demostración de “patriotismo”.
    Curiosa unidad de medida.
    Al parecer, en Chile hasta el patriotismo se calcula por litro de diésel… y según quién tenga las llaves de La Moneda.

  • Justicia con distinta vara: Junaeb y caso Flores

    Justicia con distinta vara: Junaeb y caso Flores

    La Corte de Apelaciones de Santiago acaba de declarar inadmisibles los recursos de amparo de Hugo Gutiérrez y Sergio Gahona, quienes pretendían restringir la revisión de teléfonos y computadores incautados en la investigación por las presuntas coimas vinculadas a contratos de Junaeb.

    En los hechos, la Fiscalía puede continuar con sus diligencias sin las restricciones que solicitaban sus defensas.
    Y está bien que así sea. Una investigación por eventuales hechos de corrupción debe poder seguir la ruta del dinero, las comunicaciones y los vínculos relevantes, siempre dentro de la legalidad y con control judicial.
    Pero el contraste llama la atención.
    Solo días antes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente un recurso de la defensa de la senadora Camila Flores, investigada en el denominado caso “Cuota Flores” por eventual fraude al Fisco.

    Allí sí se fijaron límites concretos a la revisión de sus dispositivos electrónicos: la Fiscalía debe informar quiénes tendrán acceso, qué palabras clave utilizará, no podrá revisar antecedentes anteriores a su primera elección parlamentaria y deberá excluir —e incluso eliminar— información que no sea pertinente para los hechos investigados.

    Por tanto, la precisión es importante: no se prohibió investigar a Flores ni se ordenó devolver sus equipos. Lo que hizo la Corte fue acotar la extracción y utilización de información, protegiendo antecedentes personales, familiares o de terceros que no tengan relación con la investigación penal.
    Ahí surge una pregunta inevitable: ¿por qué frente a solicitudes bastante similares —limitar el acceso a información privada o ajena a la causa— una Corte cierra la puerta y otra establece restricciones?

    Las resoluciones judiciales son obligatorias para quienes intervienen en cada causa, pero no constituyen automáticamente una regla vinculante para todos los tribunales en casos distintos. Y precisamente por eso el problema político-judicial sigue abierto: cuando la interpretación cambia según el tribunal, la causa o el imputado, la ciudadanía termina preguntándose si la protección de la privacidad y las garantías procesales operan con la misma vara para todos.

    Investigar sin privilegios debería ser la regla.
    Ni persecución política ni zonas blindadas: la misma justicia, las mismas garantías y el mismo estándar, sea cual sea el apellido o el partido político.

  • Kast y la toma silenciosa del poder

    Kast y la toma silenciosa del poder

    Kast y la toma silenciosa del poder
    José Antonio Kast no llegó a La Moneda por accidente. Durante años construyó un proyecto político coherente, disciplinado y persistente, situado en el sector más doctrinario de la derecha chilena. Cuando otros moderaron su discurso, él optó por profundizarlo, construir organización propia y esperar las condiciones adecuadas para convertir una posición antes marginal en poder de Estado.
    Su llegada al gobierno no debe leerse solo como una victoria electoral, sino como la culminación de una estrategia de largo plazo: instalar un relato, formar cuadros, disputar el sentido común, organizar alianzas y transformar una visión ideológica en programa de gobierno.
    Por eso el problema central no es únicamente qué reformas impulsa Kast, sino qué tipo de poder está construyendo. Cuando cambios económicos, reorganización del Estado, fortalecimiento presidencial, discursos de orden y seguridad y una oposición debilitada avanzan al mismo tiempo, la pregunta democrática pasa a ser cuánto poder puede concentrarse antes de que los contrapesos comiencen a perder eficacia.
    La democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. También puede vaciarse lentamente: mantener elecciones, Congreso y tribunales, pero reducir progresivamente la capacidad real de la ciudadanía para influir sobre las grandes decisiones políticas y económicas.
    Ahí está la ventaja de Kast frente a sus adversarios: tiene proyecto, organización y dirección, mientras buena parte de la oposición todavía intenta reconstruirse después de su derrota y una ciudadanía desmovilizada observa desde fuera.
    Hesse decía que, para que aparezca lo posible, primero hay que insistir en aquello que parece imposible.
    Kast insistió.
    Organizó.
    Esperó.
    Ganó.
    Y ahora la cuestión decisiva ya no es cómo llegó al poder, sino hasta dónde pretende llevarlo y quién tendrá la capacidad política y social de ponerle contrapesos.

  • Pretensiones australes o cómo pasarse de rosca

    Pretensiones australes o cómo pasarse de rosca

    Por Jorge G. Guzmán — Máster en Relaciones Internacionales y Doctor en Estudios Polares (Universidad de Cambridge), académico y empresario magallánico. Columna publicada originalmente en El Mostrador.

    Teniendo en cuenta que, hasta aquí, la diplomacia profesional chilena no fue capaz de asegurar al país el necesario resguardo nuestro interés permanente como Nación, resulta absolutamente apropiado y necesario volver a apelar a la autoridad del Presidente de la República.

    Las declaraciones de un alto oficial en servicio activo de la Fuerza Aérea Argentina, respecto de la importancia que para su país tiene controlar “Magallanes, el sur y el Paso Drake” revelan que -al menos en las fuerzas armadas del vecino- las pretensiones sobre territorios australes chilenos no se extinguieron con el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA).

    Dicho de otra forma: que si bien ese tratado estableció, primero, que su texto constituía la solución completa y definitiva de las cuestiones a que él se refiere (delimitación marítima en el Mar de la Zona Austral) y, segundo, que a partir de entonces ambos países no presentarían reivindicaciones ni interpretaciones que sean incompatibles con lo establecido, en 2025 ya transitamos en un escenario en que todo eso ha sido dado por superado por la contraparte. Así de simple.

    En los hechos, a partir de 2009, Argentina revirtió la situación imperante en el Mar Austral americano a aquella que existía antes de 1984.

    Primero, reclamando un espacio de plataforma continental más allá de las 200 millas proyectada desde el extremo sureste de la isla Grande de Tierra del Fuego, para englobar miles de kms2 y de suelo y subsuelo marino chileno, y crear una barrera geo-legal en el meridiano del Cabo de Hornos para bloquear la proyección chilena desde y hacia la Península Antártica: el principio bioceánico 3.0.

    Esa pretensión es parte del diseño de plataforma continental extendida que se exhibe en los edificios públicos y en las aulas argentinas bajo la falsa premisa de que ella ha sido aprobado por Naciones Unidas. No es así.

    De adicional importancia es que las pretensiones argentinas sobre espacios submarinos chilenos están metodológica y geopolíticamente vinculadas a su reclamo irredento sobre las islas Falkland/Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur: el método geo-legal de Derecho del Mar utilizado es el mismo.

    En la medida que Chile avaló el reclamo argentino (que incluye los espacios marítimos adyacentes a estos archipiélagos), nuestro país no solo afectó la naturaleza de sus derechos sobre territorios submarinos al sureste del Cabo de Hornos, sino que contribuyó a validar políticamente la lógica del alegato argentino. Todo esto es responsabilidad de las cancillerías de sucesivos gobiernos chilenos (con la excepción de la Cancillería Piñera 2).

    La Boca Oriental _argentina_ del estrecho de Magallanes

    Más recientemente, las Fuerzas Armadas argentinas han comenzado a postular la tesis de la administración conjunta del estrecho de Magallanes (Directiva de Política Defensa Nacional 2021) y, en ese marco, han iniciado una campaña para imponer el concepto de Boca Oriental argentina del estrecho.

    Ocurre, sin embargo, que el Tratado de Límites de 1881 no solo estableció que la integridad de ese pasaje interoceánico es total y absolutamente chilena, sino que el Tratado de 1984 agregó que, en este aspecto, Argentina (se entiende a perpetuidad) se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes.

    Asimismo, para mayor claridad, ese mismo instrumento precisó el límite internacional en la Boca Oriental, fijando que esta corresponde a una línea recta que une al hito de Punta Dúngenes (en el Norte, Patagonia) y el hito del cabo Espíritu Santo (en la parte sur, Tierra del Fuego).

    Todos lo demás es fantasía geopolítica argentina. Depende de Chile aceptarla o no.

    Las razones argentinas

    Los medios nacionales destacan que en los próximos días los pasos fronterizos con Argentina volverán a cerrarse por mal tiempo. Mirada esta circunstancia desde la perspectiva argentina, se trata de un dato más que preocupante.

    Es sabida la urgencia que los exportadores de ese país tienen por acceder a los puertos chilenos en el Pacífico, dado que -especialmente después de la pandemia- sus exportaciones crecientemente se concentraron en mercados del Pacífico.

    Visto el asunto desde el interés de esos exportadores, las promesas de un corredor bioceánico no son más que cantos de sirena. Sobre lo mismo, un alto funcionario brasilero experto en la cuestión de los corredores me comenta que, si alguno de ellos fuera posible, simplemente ya se habría hecho.

    Constatada esta realidad es que, hoy por hoy, los principales usuarios del estrecho de Magallanes son los exportadores/importadores del Mercosur, especialmente los brasileros y también los argentinos.

    Mientras que el agro argentino tiene su principal mercado en China, ocurre que la ruta marítima del estrecho es, en millas náuticas, días en la mar, consumo de combustible, emisiones de CO2, etc., mucho más conveniente que la de Panamá, Sunda o Málaca (a las élites de Santiago no les vendría mal una sesión de Google Earth).

    Aquí reside, en nuestra opinión, la motivación que existe en círculos cada vez más amplios de Argentina por acceder al control de los pasos marítimos australes, comenzando con el estrecho de Magallanes.

    Como sustrato de esa pretensión valga recordar que, por lo pronto, la población argentina al sur de la latitud de Aysén supera en cuatro veces a la población chilena. La población de nuestra Provincia de Tierra del Fuego, ergo, aquella ubicada entre la costa sur del estrecho y el canal Beagle, no alcanza a las nueve mil almas. En contraste, solo el puerto argentino de Ushuaia, sobre el canal Beagle tiene 84 mil habitantes. Juzgue usted.

    Desde una óptica más amplia (y preocupante), las declaraciones del aviador argentino sirven para ilustrar cómo estamos adentrándonos en un periodo de fricción con Argentina, a propósito de los territorios australes y, por extensión, antárticos.

    El nuevo escenario austral y la urgencia de la intervención presidencial

    Mirado este complejísimo problema en perspectiva (y desde la orilla del estrecho de Magallanes), nos parece que, por largo tiempo, nuestra Cancillería subestimó la gravedad de esta nueva situación y, para no reconocer errores y omisiones, decidió guardarlo en una gaveta.

    Entre otras cosas, hasta aquí Chile ni siquiera nombró a su representante ante la Comisión de Conciliación del Tratado de Paz y Amistad, invocada por Argentina en 2023 para discutir la superposición de reclamos de plataforma continental al sur de cabo de Hornos (un diferendo marítimo de hecho y de derecho).

    Al respecto, se sabe que este semana se celebrará la Reunión de Consultas Políticas entre las Cancillerías de los países, para, precisamente, revisar los problemas prioritarios y planificar futuras acciones conjunta.

    Teniendo en cuenta que, hasta aquí, la diplomacia profesional chilena no fue capaz de asegurar al país el necesario resguardo a nuestro interés permanente como Nación, resulta absolutamente apropiado y necesario volver a apelar a la autoridad del Presidente de la República, pues sin una instrucción presidencial en fuerte y claro, esta peligrosa circunstancia seguirá complicándose.

    El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

  • Los Pitucos Difamadores de la política chilensis: el delito siempre es del otro.

    Los Pitucos Difamadores de la política chilensis: el delito siempre es del otro.

    Protagonizada por: parlamentarios convertidos en investigadores, jueces y verdugos, siempre que el acusado sea un adversario político.
    Con actuaciones especiales de:
    Jaime Orpis, exsenador UDI, condenado por fraude al fisco y cohecho en el Caso Corpesca.
    Jovino Novoa, expresidente de la UDI, condenado por delitos tributarios en el Caso Penta.

    Marta Isasi, exdiputada vinculada a la derecha, condenada por cohecho en el Caso Corpesca.

    Karen Rojo, exalcaldesa apoyada por Chile Vamos, condenada por fraude al fisco.

    Raúl Torrealba, histórico exalcalde de RN, formalizado por graves delitos económicos; su responsabilidad definitiva debe establecerla la justicia.
    La diferencia es sencilla: estos nombres no provienen de una teoría publicada en redes sociales, sino de condenas o procesos judiciales reales.
    Y precisamente por eso hay que distinguir entre condenados, imputados y simples acusados, una delicadeza que los difamadores televisivos rara vez conceden a sus adversarios.
    El argumento de la película es brillante: los protagonistas buscan desesperadamente al ladrón detrás del juez, revisan los bolsillos del enemigo y levantan una nube de sospechas… hasta que la cámara gira lentamente y enfoca a los condenados, formalizados y financiadores irregulares sentados en las primeras filas de su propio partido.
    “Los pitucos difamadores”: una comedia negra donde los guardianes de la moral siempre descubren el delito en otra casa, porque mirar debajo de su alfombra podría arruinarles el final.
    Y al final, la película se repite: Calisto por Aysén, Kusanovic por Magallanes, Camila Flores por Valparaíso.
    Distintas regiones, distintos partidos, pero el mismo libreto: acusar con estridencia al adversario y pedir prudencia cuando la sospecha se acerca a los propios.

    Porque en esta función política los “pitucos difamadores” siempre apuntan el reflector hacia afuera, mientras detrás del juez se amontonan los prontuarios, las formalizaciones y los silencios convenientes.

    El problema no es que busquen ladrones: es que, de tanto mirar al frente, nunca revisan quiénes están sentados en su propia fila.

  • Ex Subsecretario de Hacienda alega inocencia exhibiendo contra muestra …

    Ex Subsecretario de Hacienda alega inocencia exhibiendo contra muestra …

    EL EXAMEN QUE FALTABA

    El exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez debió abandonar el Gobierno después de que su examen oficial de junio arrojara positivo, resultado que —según el laboratorio— fue confirmado mediante una segunda revisión de la misma muestra.

    Pero la historia sumó ahora un nuevo capítulo: Rodríguez se realizó por su cuenta otro examen de cabello en la Red UC Christus, analizado en Estados Unidos, que dio negativo. Como era de esperar, él mismo lo está difundiendo para demostrar que no consume drogas.

    Eso sí, este nuevo análisis particular no es la contramuestra oficial del procedimiento que provocó su salida.

    En resumen: el examen oficial dice una cosa, el examen encargado por el interesado dice otra y la contramuestra todavía no habla. En la política chilena ya no basta con mostrar el currículum: ahora también hay que elegir qué examen poner sobre la mesa.

    Por el momento, el único resultado indiscutiblemente positivo es el escándalo.

  • Salvar a CODELCO o preparar el terreno para venderla?

    Salvar a CODELCO o preparar el terreno para venderla?

    Mario Waissbluth puso palabras claras a una operación política que comienza a desplegarse contra la principal empresa estatal chilena.

    En entrevista con Mirna Schindler, en el programa Al Pan Pan de El Mostrador, el exdirector de la cuprífera respondió a la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien planteó privatizar total o parcialmente la compañía para que ingresara lo que denominó “oxígeno privado”.

    La iniciativa fue desautorizada incluso por el propio Gobierno, cuyos ministros aclararon que la privatización no está actualmente en sus planes.

    Waissbluth calificó la propuesta como políticamente inviable.

    Para vender Codelco sería necesaria una reforma constitucional aprobada por cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, correlación de fuerzas que hoy no existe.

    Además, advirtió que una iniciativa semejante provocaría una reacción inmediata de los trabajadores y podría paralizar por meses una empresa fundamental para los ingresos fiscales.

    Se trata de una advertencia del entrevistado, no de un hecho ya acordado por los sindicatos.
    elmostrador.cl

    Pero el centro de la entrevista no está solamente en la privatización.
    Está en explicar cómo se produjo el endeudamiento que ahora algunos utilizan como argumento para debilitar a Codelco.

    Waissbluth sostiene que durante décadas el Estado chileno retiró prácticamente todas las ganancias de la empresa, privándola del capital necesario para invertir, innovar, renovar sus yacimientos y mantener su producción.

    Ninguna compañía privada en ninguna parte del mundo, podría sostenerse si su propietario le sacara año tras año todos sus excedentes y después la obligara a endeudarse para financiar sus inversiones.

    La práctica empresarial razonable, explicó, sería dejar dentro de la compañía al menos un 30% de sus utilidades.

    Según su análisis, si esa política de capitalización se hubiera mantenido durante las últimas tres décadas, la deuda de Codelco sería considerablemente menor.

    Ese porcentaje corresponde a la opinión técnica expresada por Waissbluth y no a una obligación legal vigente.

    Los antecedentes fiscales muestran, además, que la relación entre Codelco y el Estado no consiste simplemente en retirar “ganancias”: la empresa transfiere recursos mediante impuestos, utilidades y otros pagos establecidos legalmente. También ha habido años recientes en que no traspasó excedentes al Fisco y se adoptaron decisiones de capitalización.
    Por eso, el debate serio debe distinguir entre la crítica histórica planteada por Waissbluth y las operaciones fiscales específicas de cada período.

    El entrevistado también cuestionó duramente la actuación de Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, señalando que estaría utilizando de manera impropia la exposición que le entrega su cargo. Fontaine ha hablado públicamente de una crisis productiva y financiera, aunque al mismo tiempo ha señalado que la compañía debe continuar bajo control estatal.

    La pregunta, entonces, es inevitable: ¿estamos ante dirigentes que realmente buscan fortalecer Codelco o ante actores políticos que exageran sus dificultades para mantenerse en el centro de la pista y preparar a la opinión pública para la entrada de capitales privados?

    Squella, presidente del partido Repúblicano, sabe que no cuenta con los votos para vender la empresa.
    Fontaine sabe que su cargo exige cuidar y fortalecer el patrimonio que administra.
    Sin embargo, ambos contribuyen a instalar una narrativa en la que Codelco aparece como un fracaso, mientras se oculta que durante años debió financiar inversiones gigantescas sin conservar una proporción suficiente de los recursos que ella misma generaba.

    Más que los “bufones” de una comedia política, parecen voceros de una antigua estrategia: debilitar una empresa pública, responsabilizarla por las consecuencias de ese debilitamiento y luego presentar al capital privado como su único salvador.
    Codelco necesita transparencia, eficiencia, control de costos, inversiones y una verdadera política de capitalización.
    Lo que no necesita son amenazas grandilocuentes ni titulares pagados, destinados a convertir el patrimonio de todos los chilenos en una oportunidad de negocios para unos pocos.
    La entrevista completa y sus extractos están disponibles en las plataformas de El Mostrador.cl

  • Proyecto “Escucha tu corazón”

    Proyecto “Escucha tu corazón”

    Un grupo de parlamentarios de derecha presentó un proyecto que busca imponer una nueva condición a las mujeres y niñas que necesiten interrumpir un embarazo conforme a alguna de las tres causales permitidas en Chile: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal o embarazo producto de una violación. Antes de acceder al procedimiento, el médico tendría que informarles sobre la actividad cardíaca del embrión o feto y ofrecerles escucharla. Aunque el proyecto afirma que la mujer podría rechazar el ofrecimiento, también establece que, si lo hace, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo.

    En consecuencia, para poder acceder al aborto tendría que someterse a esa situación. Daniel Matamala cuestiona la contradicción de quienes pretenden imponer este sufrimiento adicional a mujeres y niñas —incluso cuando han sido víctimas de una violación— mientras defienden beneficios para personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos. La dignidad, la libertad y los derechos humanos deben defenderse de manera coherente, sin dobles estándares.
    www.vientopatagon.com
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    Texto elaborado a partir del reel de Daniel Matamala. Fotografía: Diario Financiero