La Corte Suprema confirmó este viernes 9 de octubre el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto. La acción buscaba revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique de no ampliar el plazo de investigación por fraude al fisco y fraude de subvenciones, así como rechazar una solicitud de cautela de garantías relacionada con el acceso a soportes digitales aportados por otro coimputado. La resolución fue pronunciada por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Andrés Llanos, María Gajardo, Jorge Luis Zepeda y Dinko Antonio Franulic.
La defensa de Calisto pretendía obtener la reapertura de la investigación, pese a que no existían diligencias pendientes. Asimismo, solicitaba acceder a antecedentes investigativos aportados por otro coimputado, que no fueron incorporados a esta causa, sino a otras investigaciones iniciadas a raíz de su declaración. La Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional al considerar que los nuevos antecedentes aportados por el coimputado dieron origen a investigaciones independientes y ajenas a la causa en que Calisto fue acusado.
El fallo señaló que, durante la audiencia del viernes 4 de septiembre, el Ministerio Público informó que todos los elementos recogidos durante la investigación estaban a disposición de los intervinientes y que las diligencias que habían motivado su reapertura se encontraban terminadas. En esa misma fecha, la Fiscalía comunicó el cierre de la investigación y presentó acusación, acompañando sus antecedentes. Posteriormente, se dispuso que estos quedaran disponibles en el tribunal para su examen y que las defensas pudieran descargar la carpina investigativa.
En esta investigación, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, presentó acusación contra ocho imputados por los delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones, con un perjuicio total para el Estado que supera los 100 millones de pesos. Entre los acusados por fraude al fisco se encuentra el senador Calisto. La Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional al considerar que los nuevos antecedentes aportados por el coimputado dieron origen a investigaciones independientes y ajenas a la causa en que Calisto fue acusado.
Este resultado judicial deja en evidencia la dificultad que enfrentan las defensas en procesos complejos cuando se trata de acceder a información que podría ser relevante para la defensa del imputado. La Corte Suprema, al confirmar el rechazo del amparo, mantiene la investigación en curso y el acceso a los antecedentes que la Fiscalía ya considera concluidos. Según se mencionó en Diario Regional Aysén, la fiscalía presentó acusación contra ocho imputados por fraude al fisco y subvenciones, con un perjuicio total para el Estado que supera los 100 millones de pesos.
El fallo también revela contradicciones en la gestión de la investigación: por un lado, el Ministerio Público informa que las diligencias están terminadas y todos los elementos están a disposición de las partes; por otro, la defensa solicita acceder a antecedentes que, según la Corte, forman parte de investigaciones distintas. Esta postura judicial refuerza la necesidad de un mayor esclarecimiento sobre cómo se manejan los casos de fraude en la función pública, especialmente cuando involucran a parlamentarios con responsabilidades institucionales.
La decisión de la Corte Suprema confirma que la investigación contra el senador Calisto continuará sin la necesidad de reabrir etapas previas. La defensa no pudo demostrar que la información solicitada fuera esencial para su caso, ni que existiera algún impedimento para el acceso a los documentos ya presentados por la Fiscalía. Este resultado, sumado al monto del perjuicio estimado en más de 100 millones de pesos, pone de relieve la gravedad de los acusados y la importancia de un proceso judicial ágil y transparente.
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