La decisión unánime, por 3 votos a 0, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt de acoger el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto abre ahora una nueva etapa judicial.
Y ya no es solo una presunción basada en la estrategia seguida anteriormente por su defensa: desde el entorno del senador confirmaron que recurrirá ante la Corte Suprema para intentar revertir la resolución, repitiendo el camino que utilizó cuando fue desaforado como diputado.
La estrategia contrasta con el discurso público inicial del parlamentario. Cuando la investigación avanzaba, Calisto sostuvo su inocencia y afirmó haber colaborado con el proceso; incluso desde su sector se aseguró públicamente que había entregado antecedentes para facilitar la investigación.
Sin embargo, durante la tramitación posterior, su defensa ha utilizado los mecanismos procesales disponibles para cuestionar actuaciones de la Fiscalía, solicitar reaperturas de la investigación y recurrir a resoluciones adversas. Por ejemplo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó en junio una cautela de garantías con la que su defensa pretendía reabrir la investigación.
Por eso, conviene separar el juicio político de los hechos judicialmente acreditados: ejercer recursos y acciones de defensa es un derecho del imputado y no constituye, por sí mismo, una falta de colaboración ni una admisión de responsabilidad.
Lo que sí está establecido hoy es que otro tribunal de alzada ha considerado que existen antecedentes suficientes para levantar su fuero, esta vez como senador. Calisto mantiene su presunción de inocencia y será la justicia penal —no el desafuero— la que deberá determinar finalmente si existe responsabilidad en los delitos que le atribuye la Fiscalía.
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