En la vida cotidiana de nuestra región y del país, la ejecución de grandes obras públicas —como un puente— o proyectos habitacionales impacta directamente el territorio, la seguridad y el bolsillo de los vecinos. Es comprensible y legítimo que la comunidad, desde su experiencia constructiva doméstica, adopte una actitud vigilante y critique el proyecto o aconseje soluciones estructurales, buscando colaborar en el desarrollo de la obra.
Sin embargo, esta dinámica se agrava en el ámbito político. A diferencia de los vecinos que aportan su experiencia práctica en la construcción de sus hogares, quienes encuentran errores en el trabajo del gobierno no pueden exhibir ni remotamente una experiencia previa, ni siquiera del tipo doméstico, para respaldar sus observaciones.
Un caso cercano y comprobable es el del anterior presidente de nuestro país, quien nunca trabajó ni experimentó la condición de trabajador, pero hablaba diariamente de las condiciones laborales. A esto se suma que los ministros de Estado y la gran mayoría de las autoridades progresistas nunca estuvieron preparados para los cargos que se les asignaron, lo que derivó en un desastre que afecta los servicios y derechos de la ciudadanía, y cuya responsabilidad de reparar recae en el actual gobierno.
Hoy, son cientos las voces de exdirigentes y autoridades cesantes que vociferan contra la gestión actual. Esta situación, lejos de ser un obstáculo, demuestra que el camino elegido por el gobierno es el correcto, aunque deban cargar con las fallas de quienes no supieron gobernar.
Según lo expuesto en El Divisadero, ante esta lamentable situación solo queda enunciar las palabras “Perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen”. Lo que falta por resolver es cómo la clase política adquirirá la experiencia real que le ha sido esquiva, evitando que la falta de preparación siga afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.
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