La independencia de un fiscal no solamente debe declararse: también tiene que ser visible, verificable y capaz de resistir cualquier duda razonable de la ciudadanía. Bajo ese principio debe analizarse la trayectoria de Aquiles Enrique Cubillos Cubillos, actual fiscal regional de O’Higgins, quien ha pasado de la política partidista en Renovación Nacional a ocupar cargos de confianza en el gobierno de Sebastián Piñera y luego a dirigir investigaciones de alto impacto desde la Fiscalía.
Su pasado político está documentado: en 1996 fue candidato a concejal por RN en Lolol, resultó electo y ejerció el cargo hasta 2000. Años después, entre mayo de 2018 y julio de 2019, fue jefe de la División de Carabineros del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Piñera, bajo la dirección del entonces ministro Andrés Chadwick. Si bien no hay evidencia de que haya cometido un delito o favorecido ilegalmente a alguien, estos antecedentes forman parte de un recorrido institucional que el Ministerio Público debe transparentar ante la opinión pública.
Tras su paso por el Ejecutivo, Cubillos regresó a la Fiscalía de Aysén, donde fue fiscal jefe en Puerto Aysén y luego director ejecutivo regional, cargo administrativo bajo el mando del fiscal regional Carlos Palma. En mayo de 2024, el fiscal nacional Ángel Valencia lo designó fiscal regional de O’Higgins, quedando a cargo de investigaciones como el robo a Brinks, el derrumbe en la mina El Teniente, un doble homicidio en Graneros y supuestas irregularidades en Codelco. La pregunta clave que el Ministerio Público debe responder es si se evaluaron sus antiguos vínculos políticos y administrativos antes de asignarle causas sensibles, y qué mecanismos garantizan que esas relaciones no afecten su imparcialidad.
