Si Héctor Espinosa, fue condenado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, y su esposa también fue condenada por lavado de activos, entonces el país tiene derecho a preguntarse qué está pasando al interior de sus instituciones.
No se trata de atacar por atacar. Se trata de exigir transparencia, control real y responsabilidades políticas e institucionales.
El caso vuelve a poner en discusión una tensión institucional que golpea directamente a la ciudadanía, más allá de la coyuntura puntual y de las explicaciones oficiales.
No se trata solo de un problema administrativo. Cuando una comunidad denuncia abandono, la discusión deja de ser técnica y se convierte en política: quién responde, quién prioriza y quién queda esperando.