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  • Senador Miguel Ángel Calisto agradece a Corte Apelaciones de Pto. Montt

    Senador Miguel Ángel Calisto agradece a Corte Apelaciones de Pto. Montt

    La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó la solicitud de desafuero presentada en su contra, en una decisión que ha generado debate por los fundamentos técnicos invocados.
    El rechazo se sustentó en un tecnicismo legal relacionado con la ampliación de plazo solicitada por la defensa, la cual habría sido presentada fuera de plazo, por su abogado defensor, ante el Tribunal de Garantía de Coyhaique, habiendo nuevos antecedentes que la defensa debía presentar pero que además, se deben incorporar a la carpeta investigativa, las declaraciones de los demás imputados.

    Este mismo tribunal, en una etapa anterior del proceso, había suspendido la solicitud de desafuero considerando que Calisto ya había sido electo senador de la República, situación que el propio juez calificó como inédita en la historia judicial del país. Sin embargo, dicha interpretación fue posteriormente refutada por la Corte de Apelaciones, al señalar que la resolución del juez se basó en una normativa que ya no se encontraba vigente. Todo este entramado procesal evidencia la complejidad del caso, el cual continúa en curso, manteniéndose vigente la acusación por fraude al fisco contra el senador Calisto, en una investigación donde incluso uno de los imputados ha colaborado con la justicia.

  • El senador Iván Flores

    El senador Iván Flores

    El senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, fue directo y brutal en su diagnóstico: sostuvo que los dos senadores del PPD “se vendieron”, aunque reconoció que no sabe cuál fue el precio ni la razón de fondo de ese giro político.

    Y ahí está el punto más grave: cuando parlamentarios que dicen representar una tradición progresista terminan respaldando acuerdos con la derecha y el gran empresariado, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué hubo detrás de esa decisión. Flores no solo criticó un voto.

    El caso vuelve a poner en discusión una tensión institucional que golpea directamente a la ciudadanía, más allá de la coyuntura puntual y de las explicaciones oficiales.

    No se trata solo de un problema administrativo. Cuando una comunidad denuncia abandono, la discusión deja de ser técnica y se convierte en política: quién responde, quién prioriza y quién queda esperando.