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Etiqueta: PDI

  • EL VOTO “NO BARATO” DE KUSANOVIC TERMINA BAJO PERITAJE

    EL VOTO “NO BARATO” DE KUSANOVIC TERMINA BAJO PERITAJE

    A pocos días de haber entregado su voto a la megarreforma económica del Gobierno, el senador de derecha Alejandro Kusanovic aparece ahora en el centro de una investigación mucho menos favorable para su imagen política. El parlamentario que en mayo advirtió públicamente que su voto “no será barato”, que acusó deslealtades y exigió compensaciones para Magallanes, terminó respaldando las normas esenciales de una reforma que rebaja impuestos a las grandes empresas y asegura condiciones tributarias especiales para los grandes inversionistas. Su voto finalmente tuvo destino: terminó dentro de los 26 apoyos que permitieron al Gobierno aprobar en el Senado el corazón de la megarreforma.

    Pero mientras el oficialismo celebraba aquel voto decisivo, la Fiscalía Regional de Magallanes ya investigaba una denuncia por presuntas devoluciones forzadas de sueldo de un antiguo funcionario parlamentario. Este viernes, la investigación dio un paso de alto impacto: con autorización judicial, la PDI ingresó a las oficinas y al domicilio del senador e incautó teléfonos celulares y computadores, tanto de Kusanovic como de su jefe de gabinete. La denuncia sostiene que un trabajador habría debido devolver mensualmente $500.000 de su remuneración y solventar gastos de la oficina parlamentaria.

    El denunciante calcula las entregas en cerca de $23 millones y asegura haber aportado transferencias, depósitos y conversaciones de WhatsApp. Kusanovic debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia judicial. Sin embargo, políticamente la contradicción es evidente: quien proclamaba que su voto no era barato deberá explicar ahora por qué la Fiscalía investiga si parte del sueldo de un trabajador habría regresado, presuntamente, al entorno de su propia oficina.

    La megarreforma aún espera superar su último escollo legislativo. Mientras tanto, uno de los votos que ayudó a sostenerla quedó rodeado de computadores incautados, teléfonos bajo peritaje y preguntas que ya no pueden responderse con negociaciones políticas. El senador puso precio político a su voto.

    Ahora será la justicia la que deberá determinar si en su oficina también existieron otras cuotas. Nota: La existencia de diligencias e incautaciones no acredita responsabilidad penal. Los hechos denunciados están siendo investigados y pueden ser descartados por el Ministerio Público o los tribunales.

  • CASO FRAUDE AL FISCO: La compleja trama judicial que acorrala al senador Miguel Ángel Calisto

    CASO FRAUDE AL FISCO: La compleja trama judicial que acorrala al senador Miguel Ángel Calisto

    ​Un verdadero remezón político e investigativo sacude al Congreso y a la Región de Aysén. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantienen en la mira al hoy senador independiente Miguel Ángel Calisto, imputado por el delito de fraude al Fisco por un monto cercano a los $105 millones de pesos. ​A continuación, los puntos clave de la causa, las diligencias policiales y las profundas contradicciones entre el discurso público del parlamentario y su estrategia de defensa.

    ​1. El peritaje clave de la PDI: Documentos falsos y peritajes caligráficos ​Según el informe de 26 páginas despachado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Coyhaique, la tesis de la defensa sufrió un golpe contundente: ​Informes extemporáneos: Los documentos presentados para intentar demostrar que la asesora Carla Graf realizó labores parlamentarias entre 2018 y 2022 fueron elaborados recién en 2023, cuando la relación laboral ya había culminado. ​Firma e identidad en duda: El peritaje documental de la PDI determinó que ni la tipografía, ni la letra, ni las firmas contenidas en dichos documentos corresponden a Carla Graf.

    ​Nueva arista penal: Por esta razón, el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, mantiene abierto un cuaderno investigativo paralelo por uso malicioso de instrumento público. ​2. Las contradicciones del Senador: Discurso de inocencia vs.

    Muro de fueros y maniobras ​El desarrollo del caso ha dejado al descubierto severas inconsistencias en la postura pública de Calisto: ​¿Disposición a colaborar o parapeto legal? Aunque desde un principio el senador afirmó públicamente tener el “mayor interés” en aclarar la causa, demostrar su inocencia e incluso sostuvo estar dispuesto a renunciar a su fuero, la realidad en los tribunales ha sido distinta. Desde el CDE y los querellantes se ha apuntado a una falta de colaboración efectiva con la investigación.

    ​El blindaje del fuero parlamentario: Lejos de renunciar a sus prerrogativas, Calisto se parapetó legalmente tras ser electo y, mediante tecnicismos jurídicos, logró mantener o recuperar el fuero parlamentario tras asumir su escaño en el Senado (luego de haber obtenido la segunda mayoría de votación a nivel nacional). ​La coartada del WhatsApp desmentida: Frente a la reapertura del plazo de investigación por 60 días solicitado fuera de plazo por su defensa, los abogados del senador insistieron en que Carla Graf sí había realizado asesorías vía WhatsApp. Sin embargo, la Fiscalía desestimó este argumento, catalogando la estructura como una “maquinación fraudulenta” para simular contrataciones y apropiarse de fondos del Congreso.

    ​3. Excolaboradores “rompen el silencio” y cooperan con la Fiscalía ​El escenario judicial para el senador se volvió aún más crítico a partir del mes de abril, cuando excolaboradores —también imputados por fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público— decidieron iniciar un proceso de colaboración sustancial con el Ministerio Público. Sus declaraciones y antecedentes aportaron información estratégica clave que se mantuvo bajo reserva y que terminó por desmantelar la coartada de las asesorías fantasma.

    ​4. Fiscalía va por juicio oral y descartó salidas alternativas ​El Fiscal Regional Hernán Libedinsky fue categórico respecto al futuro de la causa: ​”No vamos a aceptar ni permitir que esta causa termine con una firma o con clases de ética”. ​El Ministerio Público ya confirmó que cuenta con pruebas sólidas para acusar formalmente al parlamentario, llevar el caso a juicio oral y solicitar una pena de 12 años de cárcel.

  • Senador Calisto bajo la lupa por millonario negocio de camioneta con exasesor parlamentario

    Senador Calisto bajo la lupa por millonario negocio de camioneta con exasesor parlamentario

    Se trata de un mecanismo que se ideó cuando Miguel Ángel Calisto partió su primer período en 2018. En esa época, el diputado arrendó un vehículo cuatro por cuatro a una empresa creada por Américo Soto, quien integraba su círculo de amistad y confianza. A los cuatro meses la ecuación de dinero y vínculos se enredó aún más: mientras Soto acordaba vender la camioneta en cuotas al parlamentario, éste determinó contratarlo como su asesor territorial. Todo este esquema fue denunciado por el imputado Roland Cárcamo–en su última declaración en junio pasado–, lo que derivó en una nueva investigación reservada.
    El 23 de junio pasado, Roland Cárcamo–exasesor de Miguel Ángel Calisto–decidió decir toda la verdad. No había espacios para seguir ocultando las supuestas maniobras de corrupción, las cuales ya habían sido acreditadas por peritajes de la PDI.

    Así, a las 9.05 de ese martes, detalló al fiscal Luis Contreras todos los secretos que guardaba sobre su vínculo con el entonces diputado Miguel Ángel Calisto.

    A la confesión sobre asesorías fantasmas y la creación de una “caja pagadora” por intermedio de su señora Carla Graf, el cerebro detrás de la candidatura reveló nuevas irregularidades que habrían ocurrido durante su primer período como diputado.

    En ese contexto, Roland Cárcamo relató al Ministerio Público supuestas transacciones sospechosas por el arriendo y compra de una camioneta marca Mitsubishi modelo L-200 que el parlamentario usaba para trasladarse por la Región de Aysén.
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  • PDI : la contradicción que golpea a la ciudadanía

    PDI : la contradicción que golpea a la ciudadanía

    La institución que comenzó a investigarse a sí misma

    Condenas por corrupción, disparos entre compañeros, muertes rodeadas de versiones contradictorias, remociones inexplicadas y un subcomisario que pidió protección de otra policía forman una secuencia demasiado grave para ser tratada como una suma de episodios aislados. Durante muchos años, la Policía de Investigaciones construyó su prestigio sobre una frase silenciosa: ellos eran quienes llegaban cuando los demás no podían explicar lo ocurrido.

    El caso vuelve a poner en discusión una tensión institucional que golpea directamente a la ciudadanía, más allá de la coyuntura puntual y de las explicaciones oficiales.

    No se trata solo de un problema administrativo. Cuando una comunidad denuncia abandono, la discusión deja de ser técnica y se convierte en política: quién responde, quién prioriza y quién queda esperando.

  • Gobierno de emergencia: la seguridad pública en entredicho tras vínculos de la ANI con Hermosilla

    Gobierno de emergencia: la seguridad pública en entredicho tras vínculos de la ANI con Hermosilla

    La renuncia de Paulo Contreras, jefe de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), ha sacudido al gobierno tras revelarse sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y la presunta entrega de información reservada desde la Policía de Investigaciones (PDI). Este hecho se suma a las críticas contra la exministra Trinidad Steinert, cuestionada por exceder sus atribuciones frente a la PDI en nombre del orden y la seguridad.

    Según fuentes, Contreras habría facilitado datos sensibles a Hermosilla, quien opera en redes privadas de poder, lo que ha generado dudas sobre el uso de la inteligencia del Estado. La situación ha sido calificada como un reflejo de un poder que observa, clasifica y disciplina sin control, recordando las descripciones de Michel Foucault en “Vigilar y castigar”.

    El problema no se limita a las renuncias individuales, sino que plantea una interrogante profunda: ¿qué ocurre cuando quienes deben custodiar la inteligencia del Estado aparecen vinculados a filtraciones y decisiones tomadas desde la sombra? La seguridad pública, advierten analistas, no puede convertirse en vigilancia privada, ni la inteligencia estatal estar al servicio de abogados influyentes o grupos de poder económico.

    El discurso de “mano dura” en seguridad, promovido por el gobierno, agota la paciencia ciudadana, que exige instituciones limpias, con límites claros y responsabilidad política real. La falta de transparencia en el manejo de la información reservada y los vínculos con operadores privados erosionan la confianza en el Estado.

    Desde el Ejecutivo, que ha definido su gestión como un gobierno de emergencia con prioridad en seguridad, no ha habido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, la crisis institucional se profundiza cuando el poder vigila sin control, castiga sin transparencia y se protege a sí mismo, transformando la democracia en un expediente.