Cuando se trata de administrar los recursos de todos los chilenos, los antecedentes importan.
El actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó como accionista en Sierra Atacama, una empresa minera que terminó solicitando una reorganización judicial después de acumular pasivos cercanos a $70.000 millones, sufrir fuertes pérdidas y producir muy por debajo de las metas anunciadas. Finalmente, la compañía fue vendida a otro grupo empresarial.
No fue jurídicamente declarada en quiebra, pero el resultado económico del proyecto está lejos de poder presentarse como una experiencia exitosa.
Hoy ese mismo economista dirige las finanzas del Estado e impulsa la denominada megarreforma económica del Gobierno de José Antonio Kast.
Y entonces aparece una señal que no puede pasar inadvertida. Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, declaró que después de la megarreforma debería venir la privatización de Codelco o, al menos, la venta de una parte de su propiedad para permitir la entrada de capital privado.
Ante el rechazo ciudadano, el Gobierno negó estar preparando una privatización. Pero inmediatamente agregó que estudia asociaciones privadas y la venta de bienes considerados “prescindibles”.
Así comienza muchas veces el proceso: primero se niega la privatización total.
Después se habla de participación privada. Luego se venden activos “no esenciales”. Más tarde se entregan áreas de negocio, y cuando la ciudadanía reacciona, “el cerco” ya se ha desplazado varios metros.
Codelco no es solamente una empresa. Es parte del patrimonio económico y estratégico de Chile. Por eso la discusión no puede reducirse a una operación contable ni a la necesidad inmediata de conseguir caja.
La preocupación es aún mayor porque Chile no posee únicamente cobre. Nuestro país es líder mundial en exportaciones de cobre, carbonato de litio, yodo, molibdeno y nitratos. También destaca por sus cerezas, salmones, frutos secos, vinos, productos forestales, pesca, energía solar, potencial eólico, recursos hídricos y extensos territorios marítimos.
La pregunta que debe hacerse el país es inevitable: ¿La megarreforma termina con los impuestos y las contribuciones, o es solamente la primera etapa de un proyecto que después avanzará sobre Codelco, el litio, el agua, la energía y las demás riquezas que todavía permanecen bajo control público?
Kast llegó prometiendo un “gobierno de emergencia”, seguridad, eficiencia y decisiones firmes.
Sin embargo, en pocos meses hemos visto rectificaciones, cálculos políticos fallidos y medidas que parecen aplicarse mediante el método de prueba, error y corrección sobre la marcha. Incluso la megarreforma tuvo que retrasarse por no contar inicialmente con los votos que Hacienda daba prácticamente por asegurados.
El ejemplo más reciente está en los combustibles.
En marzo, el Gobierno permitió que un fuerte aumento internacional se traspasara directamente a las familias. Kast y Quiroz lo defendieron como una decisión impopular, pero supuestamente responsable. Ahora, ante una nueva alza, Hacienda vuelve a utilizar el MEPCO para amortiguar el golpe. Aun así, desde este jueves las bencinas subirán $32,9 por litro y el diésel $28,5.
Ayer el mecanismo parecía fiscalmente inconveniente.
Hoy vuelve a ser necesario. Eso no es una estrategia económica clara. Es gobernar corrigiendo sobre la marcha, mientras el costo de cada experimento termina pagándolo la ciudadanía.
Por eso, cuando quienes gobiernan hablan de vender activos, incorporar “oxígeno privado” o modernizar empresas estratégicas, Chile debe permanecer alerta.
Porque el patrimonio nacional puede venderse por partes, pero una vez entregado resulta casi imposible recuperarlo. Y tal vez el verdadero peligro no sea que anuncien de una vez la privatización de Codelco.
El peligro es que la ejecuten lentamente, activo por activo, mientras aseguran que nunca estuvo en sus planes.
