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La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el senador Miguel Ángel Calisto (IND) para anular el desafuero en su contra, manteniendo la resolución del tribunal de Apelaciones de Coyhaique. El legislador, investigado por la Fiscalía Regional de Aysén, enfrenta cargos de fraude al Fisco reiterado, un delito que podría conllevar una condena de hasta 12 años de cárcel. La decisión del máximo tribunal, emitida por los ministros Manuel Valderrama, Cristina Gajardo, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y Dinko Franulic, confirma la sentencia de septiembre de 2026 dictada por la Corte de Apelaciones. Según la Fiscalía, el recurso de Calisto buscaba reabrir la investigación sin justificación, al no existir diligencias pendientes, y acceder a antecedentes de otro imputado no vinculados al caso. El 4 de septiembre, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, presentó acusación contra ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, con un perjuicio total para el Estado superior a los 100 millones de pesos. Calisto, quien ya fue desaforado como diputado, ahora enfrenta un proceso repetido al ser electo senador, ya que su estatus jurídico cambió. La Corte Suprema rechazó también la petición de audiencia para alegatos, argumentando que no existía fundamento para reabrir la investigación. La resolución del tribunal de Apelaciones, confirmada por la Corte Suprema, deja al parlamentario en una situación legal compleja, con altas probabilidades de ser formalizado. La defensa de Calisto había solicitado la reapertura de la investigación y el acceso a documentos de otro imputado, pero la Fiscalía señaló que dichos antecedentes correspondían a causas distintas. La Corte ha mantenido su postura de no permitir la reapertura de la investigación, considerando que no se acreditó la necesidad de una nueva audiencia. La resolución del tribunal de primera instancia y el de Apelaciones, ahora confirmada por la Corte Suprema, marca un avance en el proceso contra el senador, quien podría enfrentar próximamente una formalización judicial. La versión del parlamentario, aunque no se detalla en el texto, fue presentada como parte del recurso rechazado por el tribunal.

Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó este miércoles el recurso de amparo presentado por el senador Miguel Ángel Calisto Águila, quien enfrenta una imputación del Ministerio Público como autor del delito de fraude al Fisco. En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y Luis Aedo Mora— desestimó la acción constitucional interpuesta contra una resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique que había rechazado una solicitud de ampliación del plazo de investigación y una cautela de garantías planteadas por la defensa.

La Corte estableció que las controversias de la defensa sobre el acceso a antecedentes y el tiempo para examinarlos no constituyen una amenaza a la libertad personal o seguridad individual de Calisto. El tribunal añadió que no se acreditó que la decisión del Juzgado de Garantía genere una amenaza “ilegal, cierta y concreta” sobre la libertad del senador, requisito necesario para que proceda el amparo. Asimismo, el fallo precisó que tres antecedentes reclamados por la defensa (NUE 6146900, 6146901 y 6146902) no fueron incorporados por el Ministerio Público en su acusación, por lo que no podrían ser utilizados contra él en un eventual juicio.

La causa se remonta a hechos investigados desde 2021, ocurridos cuando Calisto se desempeñaba como diputado por Aysén. El Ministerio Público sostiene que existieron asesorías parlamentarias que no se habrían realizado efectivamente, ocasionando un perjuicio fiscal superior a $100 millones. El senador fue formalizado en enero de 2026 y la investigación quedó inicialmente con un plazo de 120 días.

En febrero, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó continuar el procedimiento tras acoger recursos de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado contra una resolución que había suspendido la tramitación. Luego de que el Ministerio Público cerrara la investigación y presentara una primera acusación, en julio el Juzgado de Garantía ordenó reabrirla por 60 días para diligencias solicitadas por las defensas, dejando sin efecto temporalmente el cierre y la acusación. A comienzos de septiembre, la Fiscalía volvió a cerrar la investigación y presentó una nueva acusación contra ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones; en el caso de Calisto, la imputación es por fraude al Fisco.

El Ministerio Público ha solicitado el desafuero del senador, trámite necesario para que el procedimiento penal pueda avanzar en su contra. La Fiscalía sostiene que las diligencias efectuadas durante la reapertura reforzaron su tesis respecto de asesorías que, según la acusación, no habrían sido realizadas.

Versión de la defensa: Calisto y su defensa han rechazado las imputaciones y controvertido la tesis de la Fiscalía, sosteniendo durante el proceso que se han afectado garantías procesales del parlamentario. El rechazo del amparo no implica una declaración de culpabilidad, cuestión que solo puede establecerse mediante una sentencia judicial.

Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).

La Fiscalía solicitó despojar nuevamente de su fuero al senador Miguel Ángel Calisto para someterlo a juicio oral por un presunto fraude al Fisco de $105 millones en asignaciones del Congreso. El pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó en estudio su pronunciamiento tras escuchar los alegatos, en un trámite que busca resolver la condición constitucional del legislador.

Según la tesis acusatoria expuesta por el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, el parlamentario se habría concertado con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para defraudar al Congreso Nacional. La investigación establece que Graf fue contratada mediante ocho convenios a honorarios con montos mensuales de entre $1,1 y $3,1 millones por falsas asesorías.

El Ministerio Público estableció que los informes de respaldo jamás existieron y que la profesional cobró las asignaciones de forma ininterrumpida, incluso durante cerca de dos años en que permaneció con licencia por embarazo y posnatal. De acuerdo con el expediente, la propia coimputada declaró ante los fiscales que nunca desempeñó funciones ni brindó asesorías para la Cámara de Diputados, asegurando que la contratación se ejecutó a instancias del congresista.

Informes de la PDI y antecedentes del Ministerio Público señalan que los fondos fiscales percibidos por Graf fueron transferidos directamente a cuentas personales de Calisto y a personas afines a su entorno político. La Fiscalía sostiene que los montos se destinaron a fines privados, como el pago de préstamos personales del parlamentario, la adquisición de una parcela, desembolsos para su jefe de campaña y el financiamiento de otros candidatos afines. Frente al estrado, Campos calificó los hechos como “una bofetada a la democracia”.

Esta es la segunda vez que el órgano persecutor busca retirar el fuero a Calisto, ya que anteriormente lo logró durante su gestión como diputado. La nueva presentación busca sortear eventuales maniobras dilatorias y despejar la discusión jurídica sobre el presunto “nuevo fuero” adquirido tras su elección como senador, abriendo paso a la etapa de preparación del juicio oral.

Por su parte, la defensa técnica del senador, ejercida por el abogado penalista José Pablo Gómez, solicitó al pleno rechazar de plano el requerimiento, sosteniendo la inocencia del congresista y afirmando que las imputaciones carecen de sustento. Gómez aseveró que Graf sí cumplió funciones como asesora política y cuestionó el origen de la investigación, argumentando que se inició por la extracción irregular de documentos desde el correo electrónico del parlamentario. Además, impugnó el cambio de declaración de un imputado días antes del cierre del sumario y desplegó acciones paralelas, como un recurso de amparo en Coyhaique y la recusación de dos ministros del tribunal de alzada de Los Lagos.

Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt escuchó este lunes los alegatos del Ministerio Público y de la defensa del senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía. La petición busca que el tribunal autorice el procesamiento del parlamentario por delitos reiterados de fraude al Fisco, luego de que la Fiscalía Local de Coyhaique cerrara la investigación y formalizara una segunda acusación en su contra.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, expuso ante el tribunal de alzada los antecedentes reunidos durante la indagatoria. Según el Ministerio Público, entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para recibir dineros del Congreso por falsas asesorías pagadas como asignaciones parlamentarias. El monto total defraudado asciende a $105 millones.

Campos detalló que Carla Graf, pareja de Cárcamo y educadora diferencial que era desconocida por la secretaria de Calisto en el Congreso, fue contratada por montos que fluctuaron entre $1,1 y $3,1 millones. Los pagos se realizaron incluso durante los cerca de dos años que Graf estuvo con licencia por embarazo y posnatal. El informe de la Policía de Investigaciones (PDI) citado por el fiscal señala que “todos los dineros recibidos por Carla Graf fueron transferidos al diputado Calisto y a personas cercanas al partido Demócrata Cristiano”.

La Fiscalía sostiene que fue el propio Calisto quien propuso a Graf como asesora parlamentaria pese a saber que su formación era como educadora diferencial, que existieron ocho contratos prácticamente idénticos entre 2018 y 2022, que los informes para pagar los honorarios nunca existieron y que dichos documentos se utilizaron para defraudar al Fisco. “Son delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública porque precisamente este funcionario público malogró los principios de objetividad, integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario”, afirmó Campos, quien calificó la situación como “una bofetada a la democracia”.

Cabe recordar que los persecutores ya habían conseguido desaforar a Calisto cuando ejercía como diputado, pero tras la reapertura de la investigación y el nuevo cierre, decidieron volver a ingresar la petición ante la posibilidad de que, al ser electo senador, el parlamentario hubiera adquirido un nuevo fuero.

Desde la defensa, el abogado José Pablo Gómez insistió en que Carla Graf sí prestó asesorías al legislador y que “cumplía efectivamente un rol de asesora política en línea directa con el hoy honorable senador”. El penalista señaló además que la indagatoria se originó a partir de documentos obtenidos irregularmente desde el correo electrónico del congresista, hecho que, según sostuvo, nunca fue cuestionado por el Ministerio Público.

Gómez informó que la defensa presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique que podría revertir eventualmente el cierre de la causa, argumentando que no han tenido acceso a todos los antecedentes recopilados. “Vía amparo solicitamos un plazo extraordinario para poder revisar los antecedentes, porque si Carla Graf no hizo los informes que ella dice que hizo, y los hizo su marido, tengo el legítimo derecho de desconfiar de la información aportada por este imputado”, recalcó el abogado, quien pidió al tribunal no dar lugar a la solicitud de desafuero.

Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).