Etiqueta: Fiscalía

  • Vuelan causas del Senador Miguel Ángel CALISTO a Puerto Montt y Temu

    Vuelan causas del Senador Miguel Ángel CALISTO a Puerto Montt y Temu

    La revisión de su desafuero por la investigación de un presunto fraude al Fisco quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que los l
    involucrados man

  • CALISTO ENCONTRÓ EL BOTÓN DE PAUSA, PERO NO EL DE “CASO CERRADO”

    CALISTO ENCONTRÓ EL BOTÓN DE PAUSA, PERO NO EL DE “CASO CERRADO”

    Pero cuidado con los titulares triunfalistas: el TC no declaró inocente al senador, no acogió el fondo de su reclamo y tampoco estableció que se haya vulnerado su derecho a defensa. Por ahora, solo apretó el botón de pausa mientras decide si el requerimiento cumple siquiera con los requisitos para ser admitido. En otras palabras: no hubo absolución, sino una escala técnica en el largo itinerario judicial del parlamentario.

    La maniobra dejó sin efecto la audiencia programada para este lunes 27 de julio en Coyhaique, donde se discutirían nuevas diligencias solicitadas por la defensa, luego de que la investigación fuera reabierta por 60 días. Así funciona la política cuando los problemas llegan a tribunales: primero se habla de transparencia, después se presentan recursos, y finalmente se celebra una suspensión provisional como si fuera una sentencia absolutoria. Mientras tanto, la acusación de la Fiscalía por un presunto fraude al fisco superior a los $100 millones y la petición de 12 años de presidio siguen formando parte del proceso.

    Calisto conserva, como toda persona, su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva. Por ahora, el senador no salió del laberinto judicial: simplemente consiguió que apagaran el cronómetro por un momento.

  • EL VOTO “NO BARATO” DE KUSANOVIC TERMINA BAJO PERITAJE

    EL VOTO “NO BARATO” DE KUSANOVIC TERMINA BAJO PERITAJE

    A pocos días de haber entregado su voto a la megarreforma económica del Gobierno, el senador de derecha Alejandro Kusanovic aparece ahora en el centro de una investigación mucho menos favorable para su imagen política. El parlamentario que en mayo advirtió públicamente que su voto “no será barato”, que acusó deslealtades y exigió compensaciones para Magallanes, terminó respaldando las normas esenciales de una reforma que rebaja impuestos a las grandes empresas y asegura condiciones tributarias especiales para los grandes inversionistas. Su voto finalmente tuvo destino: terminó dentro de los 26 apoyos que permitieron al Gobierno aprobar en el Senado el corazón de la megarreforma.

    Pero mientras el oficialismo celebraba aquel voto decisivo, la Fiscalía Regional de Magallanes ya investigaba una denuncia por presuntas devoluciones forzadas de sueldo de un antiguo funcionario parlamentario. Este viernes, la investigación dio un paso de alto impacto: con autorización judicial, la PDI ingresó a las oficinas y al domicilio del senador e incautó teléfonos celulares y computadores, tanto de Kusanovic como de su jefe de gabinete. La denuncia sostiene que un trabajador habría debido devolver mensualmente $500.000 de su remuneración y solventar gastos de la oficina parlamentaria.

    El denunciante calcula las entregas en cerca de $23 millones y asegura haber aportado transferencias, depósitos y conversaciones de WhatsApp. Kusanovic debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia judicial. Sin embargo, políticamente la contradicción es evidente: quien proclamaba que su voto no era barato deberá explicar ahora por qué la Fiscalía investiga si parte del sueldo de un trabajador habría regresado, presuntamente, al entorno de su propia oficina.

    La megarreforma aún espera superar su último escollo legislativo. Mientras tanto, uno de los votos que ayudó a sostenerla quedó rodeado de computadores incautados, teléfonos bajo peritaje y preguntas que ya no pueden responderse con negociaciones políticas. El senador puso precio político a su voto.

    Ahora será la justicia la que deberá determinar si en su oficina también existieron otras cuotas. Nota: La existencia de diligencias e incautaciones no acredita responsabilidad penal. Los hechos denunciados están siendo investigados y pueden ser descartados por el Ministerio Público o los tribunales.

  • Aysén en la cancha: Megarreforma 3, rechazo 2

    Aysén en la cancha: Megarreforma 3, rechazo 2

    La denominada Megarreforma dejó al descubierto una profunda división entre los representantes de la Región de Aysén. En el marcador legislativo regional, tres parlamentarios respaldaron la iniciativa y dos se opusieron: en el Senado, Ximena Órdenes Neira votó en contra, mientras Miguel Ángel Calisto la apoyó; en la Cámara, René Alinco y Alejandra Valdebenito votaron a favor, y Andrea Macías Palma lo hizo en contra.

    El voto de Ximena Órdenes aparece como uno de los rechazos más fundamentados. La senadora cuestionó que un proyecto presentado originalmente para la reconstrucción nacional terminara transformándose en una reforma tributaria, laboral, ambiental y económica de enorme alcance, discutida en plazos que calificó como insuficientes. Advirtió, además, que una modificación estructural de esta magnitud no debiera imponerse mediante una mayoría circunstancial ni sin evaluar seriamente sus consecuencias fiscales y territoriales. Órdenes representa a la 14.ª Circunscripción Senatorial, correspondiente a toda la Región de Aysén.

    En la vereda contraria se ubicó el también senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto. Su respaldo político a la reforma resulta, cuando menos, controvertido, considerando que enfrenta un proceso penal que compromete gravemente su situación pública. La Fiscalía Regional de Aysén presentó acusación en su contra por presunto fraude al Fisco reiterado, dentro de una causa que involucra a ocho imputados.

    Es indispensable precisar que una acusación no equivale a una condena y que rige la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme. La información oficial consultada menciona fraude al Fisco y fraude de subvenciones; por ello, no corresponde afirmar como hecho comprobado que haya sido condenado por uso malicioso de instrumento público.

    Fiscalía de Chile En la Cámara Baja, el respaldo de la diputada UDI Alejandra Valdebenito resulta coherente con la posición del oficialismo y de la derecha. Más difícil de explicar políticamente es el voto favorable de René Alinco, quien durante años ha cultivado la imagen del “diputado obrero”, pero esta vez terminó acompañando una reforma cuestionada precisamente por reducir gradualmente el impuesto a las grandes empresas, desde el 27 % hasta el 23 %.

    Senado Chile El contraste lo marcó la diputada socialista Andrea Macías Palma, quien rechazó la iniciativa y se alineó con las advertencias sobre sus posibles consecuencias fiscales y sociales. Los tres diputados representan el Distrito 27, que comprende la totalidad de la Región de Aysén.

    En esta votación, el senador CALISTO y el diputado ALINCO terminaron coincidiendo con la derecha y con el Gobierno. Y así concluye una votación, reñida con la historia Tributaria en Aysén:con el senador CALISTO en calidad de préstamo permanente que logra a la Megarreforma ganar 3 a 2 y el “diputado obrero” juega para la bancada de la derecha…

  • CASO FRAUDE AL FISCO: La compleja trama judicial que acorrala al senador Miguel Ángel Calisto

    CASO FRAUDE AL FISCO: La compleja trama judicial que acorrala al senador Miguel Ángel Calisto

    ​Un verdadero remezón político e investigativo sacude al Congreso y a la Región de Aysén. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantienen en la mira al hoy senador independiente Miguel Ángel Calisto, imputado por el delito de fraude al Fisco por un monto cercano a los $105 millones de pesos. ​A continuación, los puntos clave de la causa, las diligencias policiales y las profundas contradicciones entre el discurso público del parlamentario y su estrategia de defensa.

    ​1. El peritaje clave de la PDI: Documentos falsos y peritajes caligráficos ​Según el informe de 26 páginas despachado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Coyhaique, la tesis de la defensa sufrió un golpe contundente: ​Informes extemporáneos: Los documentos presentados para intentar demostrar que la asesora Carla Graf realizó labores parlamentarias entre 2018 y 2022 fueron elaborados recién en 2023, cuando la relación laboral ya había culminado. ​Firma e identidad en duda: El peritaje documental de la PDI determinó que ni la tipografía, ni la letra, ni las firmas contenidas en dichos documentos corresponden a Carla Graf.

    ​Nueva arista penal: Por esta razón, el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, mantiene abierto un cuaderno investigativo paralelo por uso malicioso de instrumento público. ​2. Las contradicciones del Senador: Discurso de inocencia vs.

    Muro de fueros y maniobras ​El desarrollo del caso ha dejado al descubierto severas inconsistencias en la postura pública de Calisto: ​¿Disposición a colaborar o parapeto legal? Aunque desde un principio el senador afirmó públicamente tener el “mayor interés” en aclarar la causa, demostrar su inocencia e incluso sostuvo estar dispuesto a renunciar a su fuero, la realidad en los tribunales ha sido distinta. Desde el CDE y los querellantes se ha apuntado a una falta de colaboración efectiva con la investigación.

    ​El blindaje del fuero parlamentario: Lejos de renunciar a sus prerrogativas, Calisto se parapetó legalmente tras ser electo y, mediante tecnicismos jurídicos, logró mantener o recuperar el fuero parlamentario tras asumir su escaño en el Senado (luego de haber obtenido la segunda mayoría de votación a nivel nacional). ​La coartada del WhatsApp desmentida: Frente a la reapertura del plazo de investigación por 60 días solicitado fuera de plazo por su defensa, los abogados del senador insistieron en que Carla Graf sí había realizado asesorías vía WhatsApp. Sin embargo, la Fiscalía desestimó este argumento, catalogando la estructura como una “maquinación fraudulenta” para simular contrataciones y apropiarse de fondos del Congreso.

    ​3. Excolaboradores “rompen el silencio” y cooperan con la Fiscalía ​El escenario judicial para el senador se volvió aún más crítico a partir del mes de abril, cuando excolaboradores —también imputados por fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público— decidieron iniciar un proceso de colaboración sustancial con el Ministerio Público. Sus declaraciones y antecedentes aportaron información estratégica clave que se mantuvo bajo reserva y que terminó por desmantelar la coartada de las asesorías fantasma.

    ​4. Fiscalía va por juicio oral y descartó salidas alternativas ​El Fiscal Regional Hernán Libedinsky fue categórico respecto al futuro de la causa: ​”No vamos a aceptar ni permitir que esta causa termine con una firma o con clases de ética”. ​El Ministerio Público ya confirmó que cuenta con pruebas sólidas para acusar formalmente al parlamentario, llevar el caso a juicio oral y solicitar una pena de 12 años de cárcel.

  • Senador Calisto bajo la lupa por millonario negocio de camioneta con exasesor parlamentario

    Senador Calisto bajo la lupa por millonario negocio de camioneta con exasesor parlamentario

    Se trata de un mecanismo que se ideó cuando Miguel Ángel Calisto partió su primer período en 2018. En esa época, el diputado arrendó un vehículo cuatro por cuatro a una empresa creada por Américo Soto, quien integraba su círculo de amistad y confianza. A los cuatro meses la ecuación de dinero y vínculos se enredó aún más: mientras Soto acordaba vender la camioneta en cuotas al parlamentario, éste determinó contratarlo como su asesor territorial. Todo este esquema fue denunciado por el imputado Roland Cárcamo–en su última declaración en junio pasado–, lo que derivó en una nueva investigación reservada.
    El 23 de junio pasado, Roland Cárcamo–exasesor de Miguel Ángel Calisto–decidió decir toda la verdad. No había espacios para seguir ocultando las supuestas maniobras de corrupción, las cuales ya habían sido acreditadas por peritajes de la PDI.

    Así, a las 9.05 de ese martes, detalló al fiscal Luis Contreras todos los secretos que guardaba sobre su vínculo con el entonces diputado Miguel Ángel Calisto.

    A la confesión sobre asesorías fantasmas y la creación de una “caja pagadora” por intermedio de su señora Carla Graf, el cerebro detrás de la candidatura reveló nuevas irregularidades que habrían ocurrido durante su primer período como diputado.

    En ese contexto, Roland Cárcamo relató al Ministerio Público supuestas transacciones sospechosas por el arriendo y compra de una camioneta marca Mitsubishi modelo L-200 que el parlamentario usaba para trasladarse por la Región de Aysén.
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  • SOY DESORDENADO CON LAS PLATAS”: LA EXPLICACIÓN DEL SENADOR CALISTO ANTE LAS GRAVES ACUSACIONES

    SOY DESORDENADO CON LAS PLATAS”: LA EXPLICACIÓN DEL SENADOR CALISTO ANTE LAS GRAVES ACUSACIONES

    “SOY DESORDENADO CON LAS PLATAS”: LA EXPLICACIÓN DEL SENADOR CALISTO ANTE LAS GRAVES ACUSACIONES

    En su entrevista con Reportajes de Teletrece, el senador Miguel Ángel Calisto reconoció haber sido “desordenado con las platas” y tener deudas de campaña, compromisos por bingos, rifas y otras actividades políticas. Sin embargo, esa explicación parece insuficiente frente a la gravedad y precisión de los antecedentes expuestos por la Fiscalía.

    El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostiene que la investigación reveló un “esquema sistemático de defraudación de recursos públicos”, mediante asesorías que habrían sido ficticias. Según el Ministerio Público, los honorarios pagados por el Congreso a Carla Graf fueron posteriormente transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto y a Roland Cárcamo, para su presunto beneficio personal. La Fiscalía calificó este mecanismo como “asesorías fantasmas” y una “caja pagadora”.

    Entre los movimientos bancarios conocidos públicamente figura un pago de $2.801.025 recibido por la asesora el 30 de abril de 2021. Ese mismo día, $2.800.000 habrían sido transferidos a la cuenta de Calisto. No se trata, por tanto, únicamente de un relato general sobre desorden financiero, sino de operaciones concretas que deberán ser examinadas y resueltas por los tribunales.

    El Consejo de Defensa del Estado también fue categórico: presentó una acción civil para recuperar más de $105 millones y señaló que, a juicio del organismo, “no ha existido colaboración” del senador con la investigación.

    La entrevista deja además asuntos relevantes tratados superficialmente o sin respuestas suficientemente profundas: los recursos provenientes de Taiwán, por más de US$20 mil, destinados presuntamente a un proyecto social para adultos mayores; y las denuncias formuladas por su exasesor sobre proyectos y aportes relacionados con Israel, antecedentes que permanecen bajo investigación y que Calisto niega.

    En definitiva, la ciudadanía esperaba respuestas claras sobre transferencias, asesorías, rendiciones y destino de fondos. En cambio, recibió explicaciones generales sobre confianza, amistades, deudas y desorden personal.

    Ser desordenado con el dinero propio puede ser una irresponsabilidad. Cuando se investigan más de $100 millones de recursos fiscales, la obligación de responder es mucho mayor.

    Calisto niega haber cometido fraude y mantiene su derecho a la presunción de inocencia. Será la justicia la que determine las responsabilidades penales. Pero el escrutinio público y las explicaciones completas son indispensables cuando se trata de un senador de la República.

  • Olof Palme: el crimen que todavía interroga a Suecia y al mundo

    Olof Palme: el crimen que todavía interroga a Suecia y al mundo

    El 28 de febrero de 1986, a las 23:21 horas, el primer ministro sueco Olof Palme fue asesinado a tiros en pleno centro de Estocolmo. Regresaba caminando junto a su esposa, Lisbeth Palme, después de asistir al cine. La pareja se desplazaba sin escolta por la avenida Sveavägen cuando un hombre se aproximó por detrás, disparó contra el jefe de Gobierno e hirió levemente a su esposa antes de escapar.

    Durante cuatro décadas circularon hipótesis relacionadas con extremistas anticomunistas, sectores de la policía sueca, el régimen sudafricano del apartheid, organizaciones extranjeras y personas que manifestaban un profundo rechazo hacia Palme.

    Uno de los primeros detenidos fue Viktor Gunnarsson, ciudadano sueco y anticomunista radical que había tenido vínculos con una organización de extrema derecha. Fue liberado por falta de pruebas y nunca llegó a ser acusado formalmente. Probablemente, los recuerdos de la época sobre “un alemán” se relacionen con informaciones publicadas posteriormente por medios alemanes o con teorías sobre grupos extremistas europeos, pero no existe una resolución judicial que identifique a un ciudadano alemán como responsable del magnicidio.

    En 2020, la Fiscalía sueca cerró la investigación señalando como principal sospechoso a Stig Engström, un diseñador gráfico sueco conocido como “el hombre de Skandia”, quien había muerto en el año 2000. Sin embargo, aquella conclusión se sustentaba fundamentalmente en indicios circunstanciales y fue duramente cuestionada. En diciembre de 2025, después de revisar nuevamente los antecedentes, la propia Fiscalía determinó que las pruebas no eran suficientes para identificarlo como autor. El expediente permanece cerrado porque, con el material disponible, no es posible probar quién cometió el crimen ni se considera que nuevas diligencias puedan conducir actualmente a una condena. El asesinato de Olof Palme continúa, por tanto, sin resolución definitiva.

    Un dirigente incómodo para las dictaduras

    Palme no era solamente el gobernante de un pequeño país europeo. Fue una de las voces internacionales más firmes contra la guerra de Vietnam, el apartheid sudafricano, el colonialismo y las dictaduras militares. También defendió públicamente al Gobierno de Salvador Allende y condenó el golpe de Estado de 1973 en Chile.

    Durante aquellos años, Suecia se transformó en un lugar de refugio para miles de latinoamericanos perseguidos por razones políticas. La labor desarrollada por el Gobierno sueco y por su embajador en Chile, Harald Edelstam, permitió proteger y facilitar la salida de numerosos perseguidos después del golpe militar. Décadas más tarde, la expresidenta Michelle Bachelet agradeció oficialmente a Suecia la ayuda proporcionada a los chilenos que escaparon de la persecución de la dictadura.

    Esta política humanitaria coincidía con el periodo más violento de la llamada Operación Cóndor. La coordinación represiva fue fundada en 1975 por los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Brasil se incorporó formalmente durante 1976, mientras Perú y Ecuador se sumaron posteriormente.

    Cóndor no fue una simple alianza diplomática. Fue una estructura clandestina destinada a intercambiar información, localizar opositores, realizar secuestros y coordinar operaciones represivas entre las dictaduras sudamericanas. Documentos desclasificados muestran que también se planificaron acciones fuera de América Latina, particularmente en Europa. En 1976, informes de inteligencia ya registraban preparativos para enviar equipos a Francia con la misión de perseguir y “liquidar” dirigentes exiliados.

    Por esa razón, no resulta extraño que la muerte de Palme haya dado origen a sospechas sobre intereses internacionales, regímenes autoritarios y redes de extrema derecha. Sin embargo, debe distinguirse entre un contexto político comprobado y una responsabilidad criminal que nunca ha podido demostrarse. Lo que sí puede afirmarse es que Palme representaba exactamente aquello que las dictaduras y los movimientos autoritarios combatían: la solidaridad internacional, el derecho de asilo, la defensa de los perseguidos políticos y la idea de que un país podía enriquecerse mediante la convivencia de personas provenientes de distintas culturas.

    La construcción de una sociedad multicultural

    La Suecia de Palme avanzó hacia una política que reconocía a los inmigrantes el derecho a participar en igualdad de condiciones y, al mismo tiempo, conservar aspectos de sus propias identidades culturales. En 1975, el Parlamento sueco adoptó una política de integración basada en los principios de igualdad, libertad de elección cultural y cooperación.

    No se trataba simplemente de tolerar la presencia de extranjeros. La propuesta suponía que quienes llegaban podían contribuir activamente a la sociedad mediante sus experiencias, tradiciones, lenguas, expresiones artísticas, conocimientos profesionales, gastronomías y diferentes maneras de comprender el mundo.

    Palme también sostenía que la inmigración debía organizarse responsablemente, asegurando empleo, vivienda y protección social en condiciones equivalentes a las de la población sueca. Su visión no era la de una migración abandonada a las fuerzas del mercado, sino la de una sociedad capaz de recibir e integrar con derechos y responsabilidades compartidas.

    Esa concepción ayudó a transformar a Suecia en uno de los principales destinos de los exiliados latinoamericanos. Chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños, bolivianos y paraguayos encontraron allí una oportunidad para reconstruir sus vidas cuando en sus propios países eran perseguidos, encarcelados, torturados o forzados a abandonar sus hogares.

    Cuarenta años de una herida abierta

    En 2026 se cumplen 40 años del asesinato de Olof Palme. La fecha permite recordar no solo un crimen sin resolver, sino también la fragilidad de las instituciones cuando una investigación comete errores, pierde oportunidades decisivas y permite que las sospechas sustituyan durante décadas a las certezas.

    El magnicidio golpeó profundamente a una nación que se consideraba segura, democrática y políticamente estable. También destruyó la imagen de un gobernante que podía caminar por su ciudad sin guardaespaldas y conversar directamente con la ciudadanía.

    Cuatro décadas después, la pregunta sobre quién asesinó a Palme sigue abierta. Pero existe otra interrogante igualmente importante: ¿por qué las ideas de solidaridad, diversidad, justicia social y protección de quienes escapan de la persecución pueden provocar tanto rechazo en quienes construyen su poder sobre el miedo al extranjero y la división de las sociedades?

    Desde Estocolmo hasta la Patagonia

    La memoria de Palme también permite observar una tensión institucional que golpea directamente a la ciudadanía, más allá de una coyuntura específica y de las explicaciones oficiales.

    Las distancias históricas y geográficas son evidentes, pero la pregunta sobre la centralización del poder continúa vigente. Tanto en la Europa de Palme como en la Patagonia chilena, las decisiones adoptadas lejos de la vida cotidiana de las comunidades pueden terminar ignorando sus necesidades, experiencias e identidades.

    Recordar a Olof Palme no significa forzar una comparación ni convertir una hipótesis en una verdad histórica. Significa recuperar la memoria de un dirigente que comprendió que la democracia no se limita a celebrar elecciones. También exige escuchar a las comunidades, proteger al perseguido, integrar al diferente y asegurar que ningún territorio ni grupo humano sea considerados como delincuentes, operando la xenofobia para justificar “centros de detención transitorios de 3 a 6 meses, sin que sean delincuentes porque sino estarían en la cárcel pública y sin custodia de gendarmería” , proyecto presentado por el subsecretario de justicia Silva en medios televisivos. www.vientopatagon.com vientopatagon

  • Cuestionan titular de Aysén Conectado sobre caso Calisto: investigación sigue abierta

    Cuestionan titular de Aysén Conectado sobre caso Calisto: investigación sigue abierta

    Un titular publicado por el medio digital Aysén Conectado, y replicado por otros medios regionales, generó controversia en las últimas horas al afirmar que el Tribunal de Coyhaique “dejó sin efecto” la acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto. La información, sin embargo, no se ajusta a lo comunicado oficialmente por el Ministerio Público.

    Según fuentes oficiales, el Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió una solicitud de reapertura de investigación por un plazo de 60 días, para realizar diligencias puntuales solicitadas tanto por la defensa de un imputado como por la defensa del propio senador Calisto. Además, se fijó una nueva audiencia para debatir la viabilidad de otras diligencias específicas.

    Desde la Fiscalía de Chile se ha señalado que la causa no ha terminado, que la investigación no ha desaparecido y que las imputaciones no han sido borradas. El caso sigue vivo, y la cobertura nacional ha indicado que la Fiscalía ya había presentado acusación y solicitado nuevamente el desafuero del parlamentario, estando ahora la discusión jurídica vinculada al efecto procesal de la reapertura sobre esa solicitud.

    El cuestionamiento principal apunta a que el titular de Aysén Conectado podría haber generado en la ciudadanía la sensación de un triunfo judicial definitivo para Calisto, cuando en realidad se trata de una reapertura acotada de la investigación. Se plantea que no es efectivo sostener que el tribunal haya “dejado sin efecto” la acusación como si aquello significara absolución o caída definitiva de la persecución penal.

    A esto se suma que Aysén Conectado no sería un actor aislado en el ecosistema comunicacional regional. Existen antecedentes públicos que vinculan este medio con Patagonia Media Studio, una agencia que aparece asociada al desarrollo del sitio y que registra contrataciones con la Municipalidad de Coyhaique. En el portal Mercado Público consta una orden de compra municipal a la Agencia Publicitaria Patagonia Media Studio Limitada por $5.920.249, correspondiente al programa “Diseña Tu Imagen 2024”.

    Estos antecedentes han llevado a preguntarse si se trata de un medio independiente que informa con rigor o de una plataforma comunicacional inserta en una red de intereses municipales, comerciales y políticos. En el caso Calisto, la interrogante se vuelve aún más delicada: ¿se está informando a la ciudadanía o se está construyendo un relato favorable para confundir el estado real de una causa penal que sigue abierta?

    Desde diversos sectores se exige transparencia: que se aclare quién financia Aysén Conectado, su vínculo con Patagonia Media Studio, las contrataciones municipales en comunicaciones, y si existen pagos, convenios, asesorías o servicios cruzados. Se pide que se deje de presentar como “revés definitivo” o “caída de acusación” lo que jurídicamente es una reapertura acotada de investigación.

    “En Aysén la ciudadanía merece información, no titulares diseñados para instalar confusión. El caso Calisto no está cerrado. La investigación no desapareció. Y la pregunta sobre quién comunica, para quién comunica y con qué intereses recién comienza”, señala el análisis que circula en la región.