La madrugada del martes 11 de agosto dejó un nuevo golpe al sistema educativo público de la región. Carabineros de la Primera Comisaría de Coyhaique detuvo a tres menores de edad, de entre 16 y 17 años, después de que ingresaran por la fuerza al liceo Josefina Aguirre Montenegro, ubicado en calle José Miguel Carrera. El aviso de un vecino, que vio a personas saliendo del recinto con especies, fue clave para que la Central de Comunicaciones activara el procedimiento.
Según el reporte policial, los jóvenes forzaron puertas y ventanas para entrar, y luego se movieron por distintos sectores, entre ellos la sala de informática y la cocina. Al verse descubiertos intentaron darse a la fuga, pero fueron capturados en un patrullaje por las inmediaciones. Entre los objetos recuperados figuran seis notebooks, tres iPads, cuatro tablets, un parlante, audífonos, cargadores, un teclado y alimentos. También se les incautaron tres cuchillos, y uno de los detenidos registra antecedentes por hurto y porte de arma blanca.
El Ministerio Público ordenó que las diligencias quedaran a cargo del Labocar de Carabineros, mientras los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique para el control de detención. La dirección del establecimiento suspendió las clases de la jornada. El director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aysén, Sebastián González, informó que los equipos de mantenimiento evalúan los daños y realizan un inventario. Aseguró que la mayor parte de lo robado fue recuperado gracias a la detención, descartó que los responsables sean estudiantes del liceo y estimó que las actividades se retomarían este miércoles 12.
González calificó el episodio como de extrema gravedad, al tratarse de un establecimiento educacional público, y llamó a las familias a la calma, comprometiendo que se trabajará para dejar el recinto en condiciones óptimas. Pero este hecho vuelve a mostrar la fragilidad de los espacios escolares de la Patagonia, donde la comunidad debe estar alerta ante la ausencia del Estado. Más allá de la recuperación de especies, la suspensión de clases golpea a estudiantes y familias. En Viento Patagón insistimos: cuidar la educación pública es una obligación, no un favor.
