La Ilustre Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisará este viernes 10 de julio de 2026 la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto Águila, parlamentario imputado en una investigación por presunto fraude al Fisco. El caso involucra recursos públicos y ha generado expectación en la Región de Aysén, de donde es oriundo el legislador.
Según fuentes del caso, la solicitud de desafuero busca que el senador pierda su fuero parlamentario, permitiendo que la justicia avance sin los privilegios que otorga su cargo. El desafuero no implica una condena, sino que habilita a los tribunales a continuar con el proceso judicial sin blindajes institucionales.
En los últimos días, diversos medios electrónicos han cubierto la causa, aunque de manera confusa según algunas críticas. Se ha puesto el acento en maniobras procesales, declaraciones cruzadas y supuestas lecturas políticas, lo que podría generar dudas en la ciudadanía sobre la gravedad del caso.
Desde la perspectiva institucional, el desafuero es un mecanismo legal que permite que una autoridad pública sea procesada penalmente sin que su cargo le otorgue inmunidad. En este contexto, la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt será clave para definir si el senador Calisto Águila enfrenta la investigación sin privilegios.
El senador Calisto Águila ha sido vinculado a una investigación por presunto fraude al Fisco, un delito que involucra el uso indebido de recursos públicos. La causa ha generado indignación en algunos sectores, que consideran que las autoridades deben rendir cuentas con total transparencia.
La fecha del 10 de julio de 2026 no es menor, ya que representa una oportunidad para que las instituciones demuestren su capacidad de actuar sin distinciones. La ciudadanía espera que nadie esté por sobre la ley, especialmente quienes fueron elegidos para representar al pueblo.
El caso ha sido seguido de cerca por medios locales y nacionales, y se espera que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt emita un fallo que podría tener implicancias políticas y judiciales significativas. La decisión podría sentar un precedente sobre el tratamiento de causas que involucran a altas autoridades.
