El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta la reactivación de la acusación por fraude al Fisco que lidera el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, y por la que arriesga una condena de hasta 12 años de cárcel. La Fiscalía Regional de Aysén determinó volver a cerrar la indagatoria y reingresar la acusación contra el congresista y otros siete imputados durante la tarde del viernes 4 de septiembre, además de requerir nuevamente el desafuero del parlamentario.
La ofensiva judicial de Calisto se concretó luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazara la solicitud de su defensa para ampliar la indagación y acceder a copias de antecedentes aportados por el coimputado Roland Cárcamo, exmano derecha del senador. Ante ese rechazo, el penalista Nelson Salas recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Aysén contra la resolución del magistrado Mario Devaud, en un intento por revertir el cierre de la causa y frenar el avance hacia el juicio oral.
En el escrito de amparo, la defensa acusa al juez de haber actuado “de manera ilegal y arbitraria” al negarse a conceder una prórroga de 120 días para revisar evidencia consistente en un pendrive, un disco duro, un teléfono celular y dos computadores portátiles. La estrategia apunta a dilatar la investigación y dejar sin efecto tanto el cierre de la causa como la acusación y la solicitud de desafuero ingresadas por el Ministerio Público.
La defensa sostiene que Cárcamo entregó esos soportes digitales tras declarar ante fiscales el 29 de abril de 2026, mientras se encontraba en prisión preventiva, en una instancia que originalmente estaba coordinada para que el imputado se entrevistara privadamente con su defensor penal público. Según el escrito, esa declaración significó un “cambio copernicano” respecto de las anteriores, porque Cárcamo imputó directamente hechos al senador Calisto.
Salas argumenta que días después de que Cárcamo ampliara su versión, el 23 de junio, se presentó por primera vez la acusación contra el parlamentario, y que el imputado cambió su cautelar por arresto domiciliario total tras colaborar con la Fiscalía. Para la defensa, es “imprescindible” conocer los antecedentes porque la nueva versión del coimputado permitió a la Fiscalía asentar su teoría del caso y cerrar la investigación.
La Fiscalía ha señalado que los insumos solicitados no serían sustanciales para la indagación, pero la defensa insiste en que dejar “exclusivamente al arbitrio del ente persecutor” la determinación de qué antecedentes puede conocer la defensa vulnera el derecho del senador.
La versión de la defensa del senador Calisto, encabezada por Nelson Salas, sostiene que el juez Devaud actuó ilegalmente, que los derechos de su representado se ven gravemente vulnerados y que tienen el “legítimo derecho a cuestionar la autenticidad de la información y evidencia aportada” por Cárcamo, a quien señalan como una persona que declaró hacer informes falsos a su pareja.
Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).