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  • Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o gremio politizado?

    Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o gremio politizado?

    Camioneros y poder: ¿patriotismo sobre ruedas o un gremio históricamente politizado?
    Las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, merecen algo más que una lectura económica. Ante las fuertes alzas del diésel, destacó el “patriotismo” de los camioneros por no paralizar el país. El Gobierno de José Antonio Kast ha mantenido una relación cercana y un diálogo permanente con las organizaciones del transporte de carga.
    La expresión resulta especialmente interesante cuando se mira la historia.
    En octubre de 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, miles de camiones se movilizaron en las carreteras exigiendo, entre otras cosas, una fuerte reducción de los impuestos a los combustibles. Lagos adoptó una posición muy distinta: rechazó negociar mientras las rutas estuvieran ocupadas y sostuvo que ningún sector podía imponer sus demandas utilizando su capacidad de bloquear caminos.
    Su argumento sigue teniendo vigencia: una organización que dispone de miles de vehículos pesados posee una capacidad de presión que no tiene un trabajador, un jubilado o una familia común. Lagos planteó precisamente esa desigualdad y afirmó que una cosa era declararse en paro y otra apropiarse de caminos pertenecientes a toda la ciudadanía.

    Veinte años después, durante Piñera II, el escenario fue bastante diferente. En 2020 los camioneros protagonizaron varios días de movilizaciones y finalmente alcanzaron un acuerdo con el Gobierno.
    La propia administración de Sebastián Piñera informó que las organizaciones aceptaron su propuesta y depusieron la movilización; posteriormente se suscribió un protocolo relacionado con seguridad y reparación a víctimas de violencia.
    Con Gabriel Boric, nuevamente aparecieron movilizaciones. En noviembre de 2022, la Confederación Fuerza del Norte anunció un paro indefinido que incluía la inmovilización de carga y reclamaba, entre otras materias, por los combustibles.
    Y llegamos a 2026.
    El Gobierno de Kast enfrenta fuertes incrementos del diésel. Hacienda reconoció que todavía quedaban importantes aumentos por traspasar y este 9 de septiembre se confirmó otra subida de $89 por litro.
    Los camioneros calificaron la noticia como “menos mala de lo esperado” y expresaron preocupación, pero no anunciaron una paralización.
    Entonces surge una pregunta legítima.
    ¿Qué cambió?
    ¿Cambió la naturaleza del diésel? ¿Cambió el efecto que tiene su precio sobre los costos del transporte? ¿Dejó de afectar a los pequeños propietarios?
    ¿O cambió simplemente el Gobierno?
    No corresponde afirmar que todos los camioneros tengan una determinada posición política. El transporte de carga reúne organizaciones diferentes, pequeños propietarios, conductores y grandes empresarios con intereses que no necesariamente coinciden. Pero su historia obliga a distinguir entre los trabajadores que conducen camiones y las dirigencias empresariales capaces de utilizar miles de máquinas como instrumento de presión política.
    Por eso quizá la pregunta más interesante no sea si el gremio camionero se politizó.
    Tal vez sea otra:
    ¿Alguna vez dejó de estar politizado?
    Y aquí aparece la ironía final. Cuando un camión atravesado en una carretera presiona a un gobierno adversario puede llamarse movilización gremial. Cuando ese mismo camión permanece estacionado mientras gobiernan los cercanos, ahora resulta ser una demostración de “patriotismo”.
    Curiosa unidad de medida.
    Al parecer, en Chile hasta el patriotismo se calcula por litro de diésel… y según quién tenga las llaves de La Moneda.

  • ¿Plan Quiroz también viene por el patrimonio de Chile?

    ¿Plan Quiroz también viene por el patrimonio de Chile?

    Cuando se trata de administrar los recursos de todos los chilenos, los antecedentes importan.

    El actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó como accionista en Sierra Atacama, una empresa minera que terminó solicitando una reorganización judicial después de acumular pasivos cercanos a $70.000 millones, sufrir fuertes pérdidas y producir muy por debajo de las metas anunciadas. Finalmente, la compañía fue vendida a otro grupo empresarial.

    No fue jurídicamente declarada en quiebra, pero el resultado económico del proyecto está lejos de poder presentarse como una experiencia exitosa.

    Hoy ese mismo economista dirige las finanzas del Estado e impulsa la denominada megarreforma económica del Gobierno de José Antonio Kast.
    Y entonces aparece una señal que no puede pasar inadvertida. Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, declaró que después de la megarreforma debería venir la privatización de Codelco o, al menos, la venta de una parte de su propiedad para permitir la entrada de capital privado.
    Ante el rechazo ciudadano, el Gobierno negó estar preparando una privatización. Pero inmediatamente agregó que estudia asociaciones privadas y la venta de bienes considerados “prescindibles”.

    Así comienza muchas veces el proceso: primero se niega la privatización total.
    Después se habla de participación privada. Luego se venden activos “no esenciales”. Más tarde se entregan áreas de negocio, y cuando la ciudadanía reacciona, “el cerco” ya se ha desplazado varios metros.

    Codelco no es solamente una empresa. Es parte del patrimonio económico y estratégico de Chile. Por eso la discusión no puede reducirse a una operación contable ni a la necesidad inmediata de conseguir caja.

    La preocupación es aún mayor porque Chile no posee únicamente cobre. Nuestro país es líder mundial en exportaciones de cobre, carbonato de litio, yodo, molibdeno y nitratos. También destaca por sus cerezas, salmones, frutos secos, vinos, productos forestales, pesca, energía solar, potencial eólico, recursos hídricos y extensos territorios marítimos.

    La pregunta que debe hacerse el país es inevitable: ¿La megarreforma termina con los impuestos y las contribuciones, o es solamente la primera etapa de un proyecto que después avanzará sobre Codelco, el litio, el agua, la energía y las demás riquezas que todavía permanecen bajo control público?

    Kast llegó prometiendo un “gobierno de emergencia”, seguridad, eficiencia y decisiones firmes.
    Sin embargo, en pocos meses hemos visto rectificaciones, cálculos políticos fallidos y medidas que parecen aplicarse mediante el método de prueba, error y corrección sobre la marcha. Incluso la megarreforma tuvo que retrasarse por no contar inicialmente con los votos que Hacienda daba prácticamente por asegurados.
    El ejemplo más reciente está en los combustibles.
    En marzo, el Gobierno permitió que un fuerte aumento internacional se traspasara directamente a las familias. Kast y Quiroz lo defendieron como una decisión impopular, pero supuestamente responsable. Ahora, ante una nueva alza, Hacienda vuelve a utilizar el MEPCO para amortiguar el golpe. Aun así, desde este jueves las bencinas subirán $32,9 por litro y el diésel $28,5.

    Ayer el mecanismo parecía fiscalmente inconveniente.
    Hoy vuelve a ser necesario. Eso no es una estrategia económica clara. Es gobernar corrigiendo sobre la marcha, mientras el costo de cada experimento termina pagándolo la ciudadanía.
    Por eso, cuando quienes gobiernan hablan de vender activos, incorporar “oxígeno privado” o modernizar empresas estratégicas, Chile debe permanecer alerta.
    Porque el patrimonio nacional puede venderse por partes, pero una vez entregado resulta casi imposible recuperarlo. Y tal vez el verdadero peligro no sea que anuncien de una vez la privatización de Codelco.
    El peligro es que la ejecuten lentamente, activo por activo, mientras aseguran que nunca estuvo en sus planes.