Categoría: Regional

  • CASO FRAUDE AL FISCO: La compleja trama judicial que acorrala al senador Miguel Ángel Calisto

    CASO FRAUDE AL FISCO: La compleja trama judicial que acorrala al senador Miguel Ángel Calisto

    ​Un verdadero remezón político e investigativo sacude al Congreso y a la Región de Aysén. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantienen en la mira al hoy senador independiente Miguel Ángel Calisto, imputado por el delito de fraude al Fisco por un monto cercano a los $105 millones de pesos. ​A continuación, los puntos clave de la causa, las diligencias policiales y las profundas contradicciones entre el discurso público del parlamentario y su estrategia de defensa.

    ​1. El peritaje clave de la PDI: Documentos falsos y peritajes caligráficos ​Según el informe de 26 páginas despachado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Coyhaique, la tesis de la defensa sufrió un golpe contundente: ​Informes extemporáneos: Los documentos presentados para intentar demostrar que la asesora Carla Graf realizó labores parlamentarias entre 2018 y 2022 fueron elaborados recién en 2023, cuando la relación laboral ya había culminado. ​Firma e identidad en duda: El peritaje documental de la PDI determinó que ni la tipografía, ni la letra, ni las firmas contenidas en dichos documentos corresponden a Carla Graf.

    ​Nueva arista penal: Por esta razón, el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, mantiene abierto un cuaderno investigativo paralelo por uso malicioso de instrumento público. ​2. Las contradicciones del Senador: Discurso de inocencia vs.

    Muro de fueros y maniobras ​El desarrollo del caso ha dejado al descubierto severas inconsistencias en la postura pública de Calisto: ​¿Disposición a colaborar o parapeto legal? Aunque desde un principio el senador afirmó públicamente tener el “mayor interés” en aclarar la causa, demostrar su inocencia e incluso sostuvo estar dispuesto a renunciar a su fuero, la realidad en los tribunales ha sido distinta. Desde el CDE y los querellantes se ha apuntado a una falta de colaboración efectiva con la investigación.

    ​El blindaje del fuero parlamentario: Lejos de renunciar a sus prerrogativas, Calisto se parapetó legalmente tras ser electo y, mediante tecnicismos jurídicos, logró mantener o recuperar el fuero parlamentario tras asumir su escaño en el Senado (luego de haber obtenido la segunda mayoría de votación a nivel nacional). ​La coartada del WhatsApp desmentida: Frente a la reapertura del plazo de investigación por 60 días solicitado fuera de plazo por su defensa, los abogados del senador insistieron en que Carla Graf sí había realizado asesorías vía WhatsApp. Sin embargo, la Fiscalía desestimó este argumento, catalogando la estructura como una “maquinación fraudulenta” para simular contrataciones y apropiarse de fondos del Congreso.

    ​3. Excolaboradores “rompen el silencio” y cooperan con la Fiscalía ​El escenario judicial para el senador se volvió aún más crítico a partir del mes de abril, cuando excolaboradores —también imputados por fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público— decidieron iniciar un proceso de colaboración sustancial con el Ministerio Público. Sus declaraciones y antecedentes aportaron información estratégica clave que se mantuvo bajo reserva y que terminó por desmantelar la coartada de las asesorías fantasma.

    ​4. Fiscalía va por juicio oral y descartó salidas alternativas ​El Fiscal Regional Hernán Libedinsky fue categórico respecto al futuro de la causa: ​”No vamos a aceptar ni permitir que esta causa termine con una firma o con clases de ética”. ​El Ministerio Público ya confirmó que cuenta con pruebas sólidas para acusar formalmente al parlamentario, llevar el caso a juicio oral y solicitar una pena de 12 años de cárcel.

  • AYSÉN: ENTRE JAUJA, SODOMA Y EL PROCESO

    AYSÉN: ENTRE JAUJA, SODOMA Y EL PROCESO

    En la antigua literatura española se hablaba de la tierra de Jauja como un lugar extraordinario: allí abundaba todo, nadie necesitaba esforzarse y las consecuencias parecían no existir. Con el tiempo, la expresión “esto es Jauja” comenzó a utilizarse para describir aquellos espacios donde algunos actúan como si todo estuviera permitido, los recursos fueran inagotables y nadie tuviera que rendir cuentas.

    A veces, al observar lo que ocurre en Aysén, pareciera que determinados círculos de poder hubieran convertido la región en su propia Jauja.

    Se acumulan denuncias, investigaciones, sospechas sobre el uso de recursos públicos, cuestionamientos a autoridades y procedimientos que se prolongan durante años. Algunas personas abandonan sus cargos; otras continúan ejerciéndolos. Unos aparecen reiteradamente mencionados en causas y controversias, mientras la ciudadanía espera explicaciones comprensibles y resultados concluyentes.

    No corresponde declarar culpable a quien no ha sido condenado. Pero la presunción de inocencia tampoco puede utilizarse como una orden de silencio ni como una excusa para evitar el escrutinio público. Una democracia responsable debe investigar, informar y resolver dentro de plazos razonables.

    Cuando la supuesta Jauja deja de ser solamente el territorio de los privilegios y comienza a instalarse la indiferencia frente al daño causado, aparece una segunda imagen: Sodoma y Gomorra.

    Estas ciudades bíblicas no representan únicamente el libertinaje con el que habitualmente se las relaciona. También simbolizan la soberbia, el abuso, la despreocupación y la incapacidad de escuchar el clamor de quienes exigen justicia. El problema no consiste solamente en que ocurran hechos graves, sino en que una comunidad termine acostumbrándose a ellos.

    Cada nuevo escándalo provoca indignación durante algunos días. Luego llega otro. Las investigaciones se fragmentan, los expedientes crecen y las responsabilidades se diluyen. Lo extraordinario se vuelve cotidiano. La pregunta deja de ser “¿cómo pudo ocurrir esto?” y se transforma resignadamente en “¿qué ocurrió ahora?”.

    Y entonces Aysén deja de parecerse a Jauja o a Sodoma y comienza a adquirir la forma inquietante del mundo de Franz Kafka.

    En El proceso, Josef K. queda atrapado en una maquinaria judicial que no comprende. Desconoce claramente la acusación, no sabe quién toma las decisiones y nunca consigue acceder a una explicación completa. El procedimiento avanza, pero la verdad parece alejarse. La burocracia no conduce necesariamente a la justicia: termina reemplazándola.

    Algo semejante siente una parte de la ciudadanía cuando una denuncia presentada en 2018 sigue generando interrogantes en 2026. Ocho años pueden ser explicados mediante recursos, diligencias, competencias, reaperturas y nuevas aristas. Sin embargo, para la comunidad, ocho años continúan siendo ocho años.

    Lo más perturbador del universo kafkiano es que la severidad no siempre cae sobre quienes poseen mayor poder. La maquinaria puede mostrarse implacable con el ciudadano común y extraordinariamente lenta ante quienes cuentan con influencias, recursos o redes de protección.

    Allí aparece la historia que debe investigarse y documentarse rigurosamente: la de un mecánico que habría terminado privado de libertad porque era necesario encontrar rápidamente a un responsable. Según ese relato, habría sido arrastrado por un procedimiento que apenas comprendía, mientras personas con mayores responsabilidades permanecían fuera del alcance de una sanción o enfrentaban procesos interminables.

    No se debe presentar esa historia como un hecho probado sin revisar el expediente, las resoluciones y la sentencia correspondiente. Pero, de confirmarse, constituiría una imagen profundamente kafkiana: el hombre común aplastado por una justicia que necesita mostrar eficiencia, mientras los poderosos disponen de tiempo, contactos y defensas para prolongar indefinidamente sus causas.

    La verdadera pregunta, por tanto, no es si en Aysén existe justicia. Tribunales, fiscales, defensores y procedimientos existen. La pregunta es otra:

    ¿La justicia actúa de la misma manera, con la misma rapidez y con el mismo rigor frente a todas las personas?

    Porque la justicia que tarda demasiado puede terminar perdiendo su significado social. Una investigación eterna no absuelve ni condena, pero desgasta la confianza pública, debilita la memoria y favorece a quienes esperan que el paso del tiempo convierta el escándalo en olvido.

    Aysén no necesita condenas anticipadas ni acusaciones sin pruebas. Necesita investigaciones independientes, plazos razonables, transparencia y responsabilidades claramente establecidas.

    De lo contrario, seguiremos transitando desde Jauja —donde algunos parecen actuar sin consecuencias— hacia Sodoma —donde la comunidad se acostumbra a la indiferencia— para terminar finalmente en Kafka: atrapados dentro de un proceso interminable, esperando una explicación que nunca parece llegar.
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  • Aysén: El pobre derechista en la Patagonia aisenina

    Aysén: El pobre derechista en la Patagonia aisenina

    El pobre derechista en la Patagonia aisenina

    En la Patagonia uno conoce bien esa historia. El hombre que se levanta antes que el sol, que pelea con la escarcha, que arregla el cerco con las manos partidas, que junta peso a peso para comprarse su camioneta para desplazarse por caminos sinuosos y peligrosos, que tiene unas hectáreas heredadas o ganadas a puro sacrificio, y de pronto empieza a sentirse más patrón que trabajador y se deja cautivar por una derecha populista los hace sentirse parte de la mesa grande cuando en realidad solo le deja las migajas…

    En Aysén, el caso vuelve a mostrar una tensión conocida en Aysén: comunidades que empujan soluciones desde el territorio mientras la respuesta institucional llega tarde, incompleta o simplemente no llega porque nuestra región representa un porcentaje bajísimo del electorado nacional con campañas pagadas por las empresarios salmoneros a candidatos y candidatas afines más a los intereses económicos que políticos.

    El fondo del caso apunta a una pregunta mayor: cuánto pesan realmente las necesidades de nuestra Patagonia, cuando las decisiones se toman lejos de la vida cotidiana de sus comunidades, y ahí los políticos hacen de “puentes” con los comités de viviendas, becas, centros oncológicos y otras yerbas..

    En una Patagonia acostumbrada a resolver con esfuerzo lo que muchas veces el Estado posterga, este tipo de situaciones vuelve a recordar que vivir lejos no puede seguir significando quedar al final de la fila, culpando al gobierno de turno y admirando a los políticos populistas que se aprovechan del desconocimiento y refuerzan la idea que la izquierda es empobrecedora y la derecha con nombres y apellidos archi repetidos en los cargos públicos designados, reapareciendo como los salvadores de una postergación calculada, mientras su economía crece cargo tras cargo y su adherentes son fieles cautivos cual ovejas del pastor que las cuida y alimenta, para después venderlas a un mejor precio!
    No hay peor ciego que el no quiere ver!

  • Ex colaborador de Calisto declara que Embajada de Israel aportó $10 millones y se compraron tablets con su logo

    Ex colaborador de Calisto declara que Embajada de Israel aportó $10 millones y se compraron tablets con su logo

    La declaración judicial de Roland Cárcamo, ex colaborador del diputado Miguel Ángel Calisto y representante legal de la Fundación Proyecto Futuro, ha abierto una serie de interrogantes en la Región de Aysén sobre el destino de una donación de la Embajada de Israel.

    Según lo publicado por medios nacionales, Cárcamo declaró ante la Fiscalía que la Embajada de Israel habría aportado alrededor de $10 millones para un proyecto de “conectividad digital”. De ese monto, afirmó, se habrían comprado cerca de $5 millones en tablets, mientras que el resto, según su versión, habría terminado en gastos personales del entonces parlamentario.

    Cárcamo también señaló que esas tablets, que llevaban el logo de Israel, fueron entregadas a adultos mayores en las localidades de Puyuhuapi y Cisnes. Sin embargo, la donación israelí conocida en Aysén fue presentada originalmente como una ayuda para que niños y niñas rurales pudieran conectarse a sus clases online durante la pandemia.

    Esta discrepancia entre el destino declarado y el original de la donación ha generado dudas públicas. Entre las preguntas que surgen están: ¿La donación fue en dinero o en especies? ¿Cuál fue el monto real? ¿Cuántas tablets se compraron? ¿A quiénes se entregaron finalmente? ¿Dónde están las facturas, actas de entrega y la rendición aceptada por la Embajada de Israel? ¿Por qué una fundación ligada a cercanos de Calisto canalizaba este tipo de aportes?

    Nadie está condenado por esta arista y debe respetarse el principio de inocencia. Pero en una región donde tantas organizaciones sociales esperan años por apoyo real, la transparencia no puede ser opcional. Si todo fue correcto, que aparezcan los documentos. Si la rendición existe, que se publique. Si las tablets llegaron a quienes correspondía, que se demuestre.

    Porque cuando se mezclan fundaciones, embajadas, donaciones, adultos mayores, niños rurales y operadores políticos, la ciudadanía tiene derecho a preguntar: ¿Fue ayuda social o fue otra caja oscura de la política regional? Que se publique la rendición completa: monto recibido, facturas de compra, número de tablets y actas de entrega.

  • Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilita en nuevo desafuero del senador Calisto

    Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilita en nuevo desafuero del senador Calisto

    Los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaron para revisar el nuevo desafuero del senador Miguel Ángel Calisto. La decisión implica que el caso deberá ser conocido por otro tribunal fuera de la región, en un hecho que según fuentes judiciales no es habitual.

    A la acusación por fraude al Fisco que enfrenta el parlamentario se suma ahora una nueva arista: la investigación por presuntos pagos al exfiscal Carlos Palma. Estos pagos, según antecedentes de la causa, estarían destinados a cerrar, enfriar o desviar causas vinculadas al entonces diputado Calisto.

    Desde el Poder Judicial no se han entregado mayores detalles sobre los motivos específicos de la inhibición, pero fuentes cercanas al caso indican que la medida busca garantizar la imparcialidad del proceso. La inhabilitación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique ocurre en un contexto de alta exposición pública del caso.

    La presunción de inocencia del senador Calisto debe respetarse, según establece el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de una investigación que involucra a una de las figuras políticas más relevantes de la Región de Aysén.

    El caso ha generado preocupación en diversos sectores locales, que consideran que Aysén no puede ser tratada como un territorio lejano donde las responsabilidades se diluyen. La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de apartarse de la causa refuerza la percepción de que se trata de un proceso judicial de alta complejidad.

    La investigación por fraude al Fisco y los presuntos pagos al exfiscal Palma han puesto en el centro del debate público el funcionamiento del sistema de justicia en la región. Organizaciones sociales y políticas han solicitado transparencia y celeridad en las indagatorias.

  • Seremi de Desarrollo Social de Aysén es cuestionada por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    Seremi de Desarrollo Social de Aysén es cuestionada por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    La recién asumida seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, Luz Valeria Villegas, es cuestionada por haber salido del país mientras se encontraba con licencia médica. Según información entregada por fuentes, la autoridad habría viajado al extranjero durante el período en que debía estar en reposo por razones de salud. La explicación entregada por la seremi habría sido que se trató de un error, que no hubo mala intención y que ocurrió por desconocimiento de la normativa.

    El hecho ha generado críticas debido a que una autoridad pública no puede llegar al cargo cargando una inhabilidad que debió advertir antes de asumir funciones. Quien asume una seremía está asumiendo una función pública que exige probidad, criterio y responsabilidad administrativa. Una licencia médica no es un pasaporte turístico ni una pausa conveniente entre nombramientos, sino un acto médico destinado al reposo y recuperación de la salud, como establece el sentido básico del régimen de licencias en el Estatuto Administrativo.

    Este no es un hecho aislado en la Región de Aysén. Anteriormente, la seremi de Culturas duró apenas unos días en el cargo. Luego, la seremi de Transportes dejó el cargo en medio de una polémica pública. Ahora, la nueva seremi de Desarrollo Social aparece marcada por un antecedente que, de haber sido conocido y ponderado oportunamente, debió encender todas las alarmas antes de su nombramiento.

    A nivel nacional, los medios ya han contabilizado entre 18 y 21 seremis fuera del gobierno en apenas meses. Esto no es una anécdota, sino una señal política. No es mala suerte, sino falta de conducción, según las críticas que han surgido desde diversos sectores.

    La ciudadanía de Aysén vuelve a ver pasar autoridades que llegan con discurso solemne y se van antes de calentar la silla. Se trata de un desfile de nombramientos, renuncias, excusas y comunicados, mientras la ciudadanía mira desde la vereda preguntándose quién gobierna realmente y quién revisa los antecedentes antes de firmar los decretos.

    Esto no es una falta de prioridad, sino irresponsabilidad administrativa, descuido político y una falta ética de quien acepta un cargo sabiendo que carga con un problema que compromete la confianza pública. En el Estado no basta con decir “no fue mi intención”, porque hay deberes, probidad y responsabilidad, y una ciudadanía que merece algo más que explicaciones tardías.