Categoría: Puerto Aysén

Un operativo focalizado llevado a cabo por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Aysén culminó con la detención de tres personas dedicadas al comercio de sustancias ilícitas mediante plataformas digitales en Puerto Aysén, según se mencionó en Diario Regional Aysén. La investigación, instructa por la Fiscalía Local, permitió el registro de un inmueble utilizado como centro de operaciones y la intervención de un punto de venta en la comuna. Las indagatorias, desarrolladas con técnicas de inteligencia policial, culminaron con una orden judicial que llevó a la incautación de 920 dosis de cannabis y clorhidrato de cocaína, valoradas en más de 5 millones de pesos. Los detenidos, de 27, 29 y 30 años, estaban coordinando entregas a través de redes sociales, un método que ha generado preocupación por su accesibilidad en barrios residenciales. El subprefecto Juan Pablo Arévalo destacó la coordinación con el Ministerio Público, señalando que el operativo neutralizó un esquema que operaba en pequeñas dosis para evadir controles. La incautación incluyó herramientas de fraccionamiento y dispositivos usados para gestionar transacciones, evidencia de una logística sofisticada que pone en riesgo la convivencia vecinal. Aunque las diligencias han formalizado a los imputados como autores del delito de microtráfico, la comunidad aún espera acciones concretas para reforzar la seguridad en zonas afectadas.

Un operativo focalizado llevado a cabo por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Aysén culminó con la detención de tres personas dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas bajo la modalidad de ‘delivery’ en Puerto Aysén. La diligencia permitió la intervención de un inmueble utilizado como centro de operaciones y la reducción de un punto de venta barrial activo. Las indagatorias, instruidas por la Fiscalía Local de Aysén, se extendieron durante varias semanas mediante técnicas analíticas de inteligencia policial orientadas a neutralizar el tráfico en pequeñas cantidades. Con los antecedentes reunidos, el Ministerio Público tramitó una orden judicial de entrada, registro e incautación para el domicilio blanco de la investigación, el que fue intervenido por los detectives, obteniendo como resultado la detención de tres sujetos adultos, de 27, 29 y 30 años de edad, sindicados como los responsables de la coordinación y entrega de las dosis. El jefe de la Bicrim Aysén, subprefecto Juan Pablo Arévalo, confirmó el resultado de las diligencias. ‘Luego de varias semanas de investigación, el equipo MT-0 de esta Brigada de Investigación Criminal Aysén, en plena coordinación con el Ministerio Público de esta ciudad, el día de ayer se pudo detener a tres personas adultas quienes ofrecían y vendían droga por redes sociales’. Durante el registro del inmueble, los efectivos policiales incautaron más de 920 dosis de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, avaluadas en un monto que supera los 5 millones de pesos. Cabe hacer presente que las sustancias se encontraban listas para su fraccionamiento y comercialización. Asimismo, la incautación incluyó tres balanzas digitales de precisión y tres teléfonos celulares utilizados para concertar las transacciones y puntos de encuentro con los consumidores. Los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén para su respectivo control de detención y formalización de la investigación como autores del delito de microtráfico. De acuerdo con lo informado por Diario Regional Aysén, este operativo forma parte de un esfuerzo por combatir el tráfico de drogas en la región, aunque aún quedan interrogantes sobre cómo se distribuyen y consumen estas sustancias en la comunidad. Según se mencionó en el medio, la coordinación entre la policía y el Ministerio Público ha sido clave para identificar y actuar contra estas redes clandestinas que operan bajo el radar de la vigilancia tradicional.

Conductores y representantes del gremio de la locomoción colectiva de Puerto Aysén realizaron este jueves una manifestación pacífica para visibilizar ante las autoridades la situación que enfrentarán cuando se concrete el próximo cierre del tránsito vehicular por el puente Presidente Ibáñez, según lo informado por El Divisadero. La medida obligará a los vehículos que hoy conectan la ribera norte y sur de Puerto Aysén a realizar un recorrido alternativo por el puente Dun, aumentando considerablemente los kilómetros de desplazamiento y, con ello, los costos asociados a la prestación del servicio.

El presidente del gremio de colectiveros, Jorge Lara, explicó que “estamos haciendo una manifestación pacífica, sin molestar a nuestra comunidad, pero es una forma de visibilizar a las autoridades de la región la situación que está pasando en el gremio de la locomoción colectiva a raíz del corte del puente”. Lara insistió en que, pese a las distintas mesas de trabajo que se han desarrollado en torno a la contingencia del puente, el gremio todavía no cuenta con una propuesta concreta de apoyo.

Uno de los principales planteamientos de los colectiveros es evitar que el mayor costo que significará el recorrido alternativo termine siendo traspasado directamente a los usuarios mediante un aumento de las tarifas. “Nosotros queremos un apoyo del Estado de la forma que a ellos les sea conveniente, cosa que nosotros no tengamos que traspasar los costos de dar la vuelta por Puente Dun a nuestros usuarios”, explicó el dirigente. Además, sostuvo que los colectiveros deben enfrentar diariamente los costos de combustible, neumáticos, lubricantes, mantenciones y mano de obra, en una actividad donde los ingresos dependen directamente de la cantidad de pasajeros transportados.

Según los trabajadores, esta contingencia debe ser abordada por el Estado y no por ellos. “El Estado falló, el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, no fue capaz de visibilizar y anteponerse al tema que está sufriendo el puente. La falta de mantención es un tema de responsabilidad del Estado, no de nosotros”, recalcó Lara. Recientemente, los colectiveros sostuvieron una reunión con la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña, en Coyhaique. “Ella quedó comprometida a buscar los canales con el Gobierno central en Santiago para poder visibilizar nuestra realidad y poder, de alguna manera, apoyarnos y no ser nosotros los que tengamos que castigar a nuestra propia comunidad”, aseguró.

Consultado por un eventual aumento de los pasajes producto del mayor recorrido que deberán realizar los vehículos una vez que se concrete el cierre del puente Ibáñez, el dirigente señaló que la decisión deberá ser analizada con los asociados del gremio. No obstante, planteó como posibilidad postergar cualquier incremento hasta después de las celebraciones de Navidad, aunque precisó que el eventual ajuste no está descartado. El dirigente explicó además que ya existe un acuerdo gremial respecto de las tarifas que se aplicarán en distintos sectores de Puerto Aysén, mientras que los recorridos que deban cruzar hacia la ribera opuesta y utilizar la ruta alternativa por el puente Dun enfrentarán un incremento asociado al tramo adicional.

De esta manera, los colectiveros buscan que antes de la entrada en vigencia de las restricciones de tránsito por el puente Presidente Ibáñez exista una respuesta de las autoridades que permita enfrentar el aumento de los costos operacionales sin que estos recaigan directamente sobre los usuarios. Hasta ahora, el gremio no cuenta con una propuesta concreta de apoyo estatal y el eventual incremento de las tarifas sigue sin definición.

Un operativo migratorio realizado este martes 6 de octubre, en sectores comerciales y arterias públicas de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, terminó con la detención de un ciudadano venezolano que mantenía una orden de detención vigente y la denuncia administrativa de otro por incumplimiento de la normativa migratoria. El trabajo en terreno estuvo encabezado por detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional (SEPI) en conjunto con personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puerto Aysén. En total, se controló a 43 personas de diferentes nacionalidades. Dentro del operativo y gracias al análisis de información contrastado con las bases de datos policiales, los detectives establecieron que un ciudadano venezolano de 31 años, con condición migratoria irregular, mantenía una orden de detención vigente por el delito de lesiones menos graves, emanada del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, siendo aprehendido en flagrancia y derivado de inmediato al Juzgado de Garantía de Puerto Aysén para su respectivo control judicial. En el mismo procedimiento, la policía civil detectó y denunció formalmente ante el Servicio Nacional de Migraciones a un ciudadano colombiano por vulnerar el artículo 137 de la Ley N° 21.325, tras constatar el abandono de la medida de sujeción periódica de firmas a la que se encontraba sujeto. “Se logró detectar a un ciudadano colombiano infringiendo la normativa vigente, al haber hecho abandono de la sujeción de firmas correspondiente, por lo cual fue denunciado por infringir el artículo 137 de la ley 21.325”, detalló el jefe subrogante de la Bicrim Aysén, subprefecto Marcelo Ladino. El operativo refleja el compromiso de las instituciones locales con la seguridad y el cumplimiento de la ley, aunque plantea preguntas sobre la coordinación interinstitucional y los recursos disponibles para abordar situaciones migratorias complejas en una región con baja densidad poblacional. De acuerdo con lo informado por Diario Regional Aysén, el caso resalta la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y asistencia para evitar que ciudadanos en situación irregular lleguen a situaciones de rieso o infracción penal.

La PDI realizó un operativo de fiscalización migratoria en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, controlando a 43 personas de distintas nacionalidades en sectores comerciales y vías públicas. Entre los detenidos estuvo un ciudadano venezolano de 31 años que mantenía una orden judicial de detención por lesiones menos graves emitida por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Fue trasladado al Juzgado de Garantía de Puerto Aysén para el control judicial correspondiente. En el mismo operativo, un colombiano fue denunciado por incumplir la normativa migratoria al abandonar la medida de sujeción periódica de firmas, según informó la PDI. El subprefecto Marcelo Ladino explicó que el procedimiento permitió detectar la infracción del artículo 137 de la Ley N°21.325. Estas fiscalizaciones son parte de las labores permanentes de control migratorio del Estado, tanto en fronteras como en el interior del territorio, con el objetivo de verificar la situación de los ciudadanos extranjeros y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Según se mencionó en Viento Patagón, la operación refleja el enfoque de la PDI en la seguridad y el cumplimiento de la ley en la Región de Aysén. Aunque el texto no especifica impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes locales, el operativo podría generar inseguridad en sectores comerciales y residenciales, especialmente en zonas turísticas como Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, donde la presencia de extranjeros es común. La PDI destacó la coordinación entre la Sección de Migraciones y Policía Internacional y la Brigada de Investigación Criminal, pero no aclaró si estas revisiones afectan el acceso a servicios públicos o el comercio en la región. La noticia no indica si se resolverán las casos en los próximos días ni si se ampliarán los controles a otras comunas de la Región de Aysén., según se mencionó en El Divisadero.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó este viernes 2 de octubre a la pena de presidio perpetuo simple a un sujeto mayor de edad como autor del delito de secuestro calificado con circunstancias de violación, cometido en contra de su expareja en Puerto Aysén. Los hechos ocurrieron en abril 2025. Según explicó el fiscal jefe de Puerto Aysén, Pedro Poblete, durante la investigación la Fiscalía realizó una serie de diligencias en conjunto con personal de Carabineros y funcionarios especializados de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI). A ello se sumó el trabajo de peritos del Servicio Médico Legal (SML) y de la Unidad Clínica Forense del Hospital Regional Coyhaique. La víctima contó con representación legal de abogados del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos, perteneciente al Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que participó como querellante y brindó orientación, acompañamiento y representación durante las distintas etapas del proceso penal. La abogada de Apoyo a Víctimas, Lidia Mayorga, destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía Local de Puerto Aysén y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional. “Desde nuestras respectivas funciones, mantuvimos una coordinación permanente durante la etapa investigativa y el desarrollo del juicio oral, aportando antecedentes y realizando las acciones tendientes a contribuir al esclarecimiento de los hechos, además de representar adecuadamente los intereses de la víctima”, subrayó Mayorga. El caso, informado por Diario Regional Aysén, resalta la importancia de la colaboración entre instituciones en la región para abordar delitos graves que afectan directamente a la seguridad y derechos de las personas. Sin embargo, aunque el fallo judicial ha sido emitido, aún quedan preguntas sobre cómo se garantizará la protección de la víctima y si se tomarán medidas preventivas para evitar repeticiones de este tipo de violencia en Puerto Aysén.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique dictó una sentencia de presidio perpetuo simple contra un hombre de Puerto Aysén por un delito de secuestro calificado y una agresión sexual contra su expareja. Según el fiscal jefe de Puerto Aysén-Cisnes, Pedro Poblete, las diligencias se desarrollaron en coordinación con Carabineros, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones y peritos del Servicio Médico Legal. La víctima fue atendida por la Unidad de Víctimas de Violencia Sexual del Hospital Regional de Coyhaique y representada por abogados del Centro de Atención a Víctimas de Delitos. Lidia Mayorga, abogada del programa, destacó el acompañamiento brindado y la coordinación entre instituciones, lo que permitió esclarecer los hechos ocurridos en un domicilio del sector Ribera Sur, camino a Puerto Chacabuco, en abril de 2025. El imputado, entonces de 26 años, fue formalizado por encerrar a la víctima, golpearla reiteradamente y violarla contra su voluntad. El tribunal ordenó su prisión preventiva al considerar su libertad un peligro para la sociedad y la víctima. La causa resalta la importancia de la intervención conjunta de Carabineros, PI, SML y el sistema de apoyo a víctimas, aunque también pone de relieve la necesidad de fortalecer servicios en zonas alejadas como Puerto Aysén. La sentencia, según se mencionó en El Tribunal de Juicio Oral, reafirma la relevancia de una justicia especializada, aunque persisten desafíos en la atención a casos de violencia en la región., según se mencionó en El Divisadero.

Durante la última sesión del Concejo Municipal de Aysén, las denuncias relacionadas con la extracción de áridos y las inquietudes de concejales sobre faenas irregulares dieron lugar a una explicación del profesional Víctor Morales Ibarra, jefe del Departamento de Recursos Hídricos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de la Región de Aysén. Según se informó en Viento Patagón, Morales destacó que las autoridades no son fiscalizadoras, sino reguladoras, y que derivan los casos a organismos especializados para sancionar irregularidades. La extracción de áridos requiere una tramitación que inicia en la municipalidad, donde se evalúan aspectos técnicos como el polígono autorizado, la disponibilidad de material y el riesgo para infraestructuras públicas o privadas. Si una empresa o persona no sigue este proceso, la actividad es ilegal y puede enfrentar sanciones, aunque la falta de autorización complica la identificación de responsables y el control de volúmenes extraídos. Morales también aclaró que las extracciones en terrenos privados, fuera de cauces naturales, deben cumplir normativas municipales específicas para pozos secos. La dificultad para rastrear a los responsables de actividades no autorizadas plantea desafíos para la seguridad ambiental y los derechos de los propietarios, quienes podrían verse afectados por la degradación del suelo o el uso indebido de recursos. La falta de una fiscalización efectiva podría generar conflictos entre comunidades y empresas, además de vulnerar estándares de protección del territorio. Aunque el procedimiento de denuncia está disponible a través de municipalidades, OIRS o Juzgado de Policía Local, la eficacia de estos mecanismos depende de la coordinación entre organismos y la voluntad política para actuar., según se mencionó en El Divisadero.

Una noche de martes en Puerto Aysén se vivió un episodio de violencia que sacudió a la comunidad: un hombre de 31 años fue atacado con un arma cortante en plena vía pública, sufriendo cinco estocadas en tórax, brazo y mano. El presunto autor, que compartía vivienda con la víctima en una pensión, fue detenido este miércoles tras presentarse voluntariamente al cuartel policial de la comuna, según se mencionó en Diario Regional Aysén.

El operativo de búsqueda fue llevado a cabo por la Brigada de Homicidios de Coyhaique y la Brigada de Investigación Criminal de Aysén, quienes lograron identificar al imputado tras recopilar declaraciones de testigos y realizar diligencias en el lugar del suceso. El subprefecto Ítalo Todaka, jefe de la BH Coyhaique, destacó el trabajo colaborativo entre ambas unidades, que permitió que el imputado se entregara una vez informado de la búsqueda.

Tras su detención, el fiscal de turno tomó declaración al imputado, quien reconoció su participación material en la agresión. La magistrada del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén emitió una orden verbal de detención y puso al imputado a disposición del tribunal para la audiencia de control de detención y formalización de cargos.

La víctima fue trasladada inicialmente al hospital local y luego derivada de urgencia al Hospital Regional Coyhaique. Tras recibir atención médica, fue dada de alta y se informó que se encuentra fuera de riesgo vital, aunque el caso sigue sin resolverse en términos de justicia comunitaria.

Mientras tanto, la PDI continúa con peritajes y recolección de pruebas para reconstruir la dinámica del ataque, especialmente en torno al origen de la discusión por celos que habría desencadenado la violencia. Estos antecedentes serán presentados al Ministerio Público durante la audiencia judicial.

El caso resalta la persistencia de conflictos de violencia intrafamiliar en la región, donde espacios como pensiones y viviendas compartidas se convierten en escenarios de tensión. Aunque la detención del presunto autor marca un avance, aún no se han esclarecido todos los detalles del hecho ni se han implementado medidas concretas para prevenir futuros episodios similares.

Cuatro personas fueron detenidas durante las últimas horas en distintos procedimientos desarrollados por Carabineros en la comuna de Aysén, según informó el mayor Patricio Parada. Los hechos corresponden a casos de amenazas, conducción en estado de ebriedad, violencia intrafamiliar y lesiones, entre otros delitos. El primero de los procedimientos se registró durante la mañana del miércoles, luego de que Carabineros recibiera una denuncia por amenazas protagonizadas por personas que se movilizaban en un vehículo de color negro. Personal policial logró ubicar el automóvil en calle Eusebio Ibar y, al intentar fiscalizarlo, el conductor hizo caso omiso a las instrucciones y huyó en dirección al sector céntrico, ingresando posteriormente contra el sentido del tránsito en calle Cereceda, donde finalmente pudo ser detenido. El mayor Parada explicó que “Se procedió a la detención de esta persona por el delito de amenazas y el personal se percata además que mantenía fuerte hálito alcohólico, por lo cual se le realiza la prueba respiratoria y, obviamente, se percatan que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad”. El segundo procedimiento ocurrió posteriormente en el sector camino a Lago Riesco, donde una persona habría amenazado y agredido a una pareja que se encontraba junto a su hijo menor de edad. Según el relato policial, la víctima habría recibido golpes de puño y lesiones de carácter leve. A estos procedimientos se suma un hecho ocurrido durante la noche del martes en calle Almirante Simpson, que está siendo investigado como homicidio frustrado. Según informó el mayor Parada, Carabineros recibió el procedimiento cerca de las 22:00 horas, luego de que un testigo escuchara fuertes ruidos y gritos en el exterior de su domicilio. Al salir junto a su pareja, encontró a una persona lesionada, quien señaló que momentos antes había sostenido un conflicto con otro individuo. La víctima habría recibido diversas heridas provocadas con un arma blanca, tanto cortantes como punzantes, mainmente en uno de sus brazos y en la zona del tórax. El lesionado recibió atención de personal SAMU y fue trasladado hasta el Hospital de Puerto Aysén, donde posteriormente se informó que se encontraba sin riesgo vital. El Ministerio Público instruyó el resguardo del sitio del suceso y dispuso que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Un tercer procedimiento se produjo alrededor de las 03:27 horas de este jueves, cuando personal policial realizaba un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la ruta 240, a la altura del kilómetro 2. Carabineros intentó controlar un vehículo cuyo conductor, al advertir la presencia policial, emprendió la huida en dirección al sur. La persecución se extendió hasta las cercanías del kilómetro 4,5, próximo a la rotonda Aysén-Coyhaique, donde la conductora perdió el control del móvil y chocó contra las barreras de contención. La mujer fue sometida a una prueba respiratoria, la que arrojó conducción en estado de ebriedad. En el vehículo viajaban además dos acompañantes: uno resultó sin lesiones, mientras que el segundo sufrió lesiones de carácter menos grave. De acuerdo con lo informado por El Divisadero, la investigación del homicidio frustrado avanza bajo la dirección de la Brigada de Homicidios de la PDI, quedando a la espera de nuevos antecedentes para identificar al presunto agresor. La falta de avances en el caso, sumada a la recurrente ola de delitos graves en la región, plantea interrogantes sobre la eficacia de las estrategias de seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales en la comuna.