Categoría: Medio Ambiente

  • Brote de virus ISA en un centro de Salmones Camanchaca: la industria invoca transparencia, pero la fiscalización sigue siendo la deuda en Aysén

    Brote de virus ISA en un centro de Salmones Camanchaca: la industria invoca transparencia, pero la fiscalización sigue siendo la deuda en Aysén

    Un nuevo brote infeccioso de virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón) fue detectado en una jaula del centro de cultivo Izaza de Salmones Camanchaca, en el sector Barrio 20 de la Región de Aysén, según se informó en BioBioChile. La propia compañía confirmó el hallazgo mediante un comunicado y aseguró haber activado el protocolo sanitario que corresponde a estos casos, el que contempla el muestreo de todas las jaulas del centro durante las próximas 48 horas.

    Desde la firma destacaron que el 100% de los peces de este y de todos sus centros fueron vacunados antes de su ingreso al mar. Sin embargo, admitieron que «la vacunación no previene totalmente el desarrollo de la enfermedad», una frase que en la industria se repite como resguardo técnico, pero que leída desde el territorio deja al descubierto lo esencial: el riesgo sanitario no desaparece con la vacuna y depende, en definitiva, de la vigilancia y de la capacidad de reacción.

    Según lo señalado por la empresa, y dependiendo de la evaluación que establece la normativa, se considerará la cosecha temprana de todo el centro. «Desde el inicio de la contingencia, Salmones Camanchaca ha mantenido informadas a las autoridades correspondientes, y se activaron todos los protocolos exigidos», recalcaron desde la compañía, que detalló refuerzos en logística y desplazamiento de personas, transporte y distribución de alimento de peces, cabotajes, embarcaciones, equipos y materiales. Cerraron apelando a su compromiso con «el cumplimiento normativo, la transparencia operativa y la protección del entorno sanitario de la región».

    De acuerdo con lo expuesto por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la ISA es una enfermedad viral de los animales acuáticos que provoca un cuadro sistémico y potencialmente letal, con anemia severa, hemorragias y lesiones necróticas en distintos órganos, capaz de ocasionar mortalidades significativas y consecuencias sanitarias y productivas para la salmonicultura. El servicio insiste en que no constituye un riesgo para la salud pública, porque el virus no es considerado un agente zoonótico.

    Que el virus no llegue al plato, sin embargo, no agota el problema. La mortalidad de biomasa, el retiro de los peces muertos, su disposición final y la carga que todo eso deja en el agua son parte de la misma cadena, y son justamente los datos que la ciudadanía no recibió: el comunicado de la empresa no detalla cuántos ejemplares se han visto afectados ni cómo se manejarán los residuos del centro. En un territorio donde el mar es despensa, camino y paisaje, esa omisión no es un detalle técnico.

    La pregunta que Aysén vuelve a hacerse tampoco es si la empresa cumplió con avisar, porque lo hizo, sino quién verifica que lo informado sea exactamente lo que ocurre. Cuántas inspecciones en terreno se realizan, con cuántos profesionales y laboratorios independientes, y si el Estado cuenta con la dotación necesaria para fiscalizar a una industria que no deja de expandirse en canales y fiordos. La fiscalización no puede depender de la buena voluntad del informante.

    La salmonicultura es una actividad central en la economía del sur austral y, a la vez, una fuente permanente de tensión con la pesca artesanal, el turismo y las comunidades que viven del mismo mar. Cada brote, cada mortalidad masiva y cada centro en operación reabre la misma discusión sobre el modelo: cuánto se puede intensificar el cultivo en ecosistemas frágiles y quién asume el costo cuando algo falla.

    La transparencia declarativa no es lo mismo que la trazabilidad verificable. Mientras no existan informes públicos, auditables y oportunos sobre lo que ocurre dentro de las jaulas de Aysén, la región seguirá enterándose de los riesgos de su propio mar a través de comunicados empresariales y notas de prensa. Exigir control, datos y responsabilidad no es obstruir a una industria: es la condición mínima para que una actividad de esta escala pueda convivir con el territorio que la aloja.

  • La expansión de la industria salmonera amenaza el sur de Chile

    La expansión de la industria salmonera amenaza el sur de Chile

    Chile se ha convertido en el segundo productor global de salmón. El rápido crecimiento de esta industria, con cientos de centros de cría intensiva en el sur del país, amenaza territorios ricos en biodiversidad como el río San Pedro, considerado el río más biodiverso del país.

    Ornella De Pablo, de 29 años, es portavoz del movimiento ciudadano Río San Pedro sin salmoneras, que desde noviembre de 2024 lucha contra la instalación de un centro de cría intensiva de salmón que podría contaminar todo el área. "Todo esto podría convertirse en una zona de sacrificio. Yo soy joven, puedo irme. Pero, ¿qué pasaría con todos aquellos que no pueden trasladarse? Vivirían en un vertedero", advierte.

    El salmón es un negocio muy importante para el país sudamericano: Chile es actualmente el segundo productor mundial, después de Noruega, y el pescado es el segundo producto más exportado del país, solo por detrás del cobre. En 2024, la exportación de salmón chileno generó más de 6.300 millones de dólares de ingresos.

    Sin embargo, el salmón no es un pez autóctono del mar chileno: los primeros ejemplares fueron importados en los años 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet, desde Noruega. Desde hace años, la industria es objeto de enormes problemas ambientales y sociales en Chile, con activistas amenazados de muerte, pueblos originarios cuyas tierras están siendo contaminadas y toneladas de antibióticos y productos químicos que cada año se vierten al mar.

    Mientras que en 2024 Noruega declaró no haber utilizado prácticamente ningún antibiótico en sus establecimientos, en los chilenos se utilizaron más de 351 toneladas. La cifra representa una mejora con respecto a 2014, cuando se utilizaron 563 toneladas, pero sigue siendo muy alta si se tiene en cuenta que entre el 70 % y el 80 % de los antibióticos administrados al salmón pueden acabar en el medio ambiente.

    La empresa que se ha instalado cerca del río San Pedro es Salmones Antártica SA, de capital japonés, que está construyendo un centro de agua dulce donde desarrollar los huevos y criar los peces hasta que puedan ser trasladados al agua salada. Se trata de una piscicultura instalada en tierra, junto al río, compuesta por más de 300 tanques, en lo que califican como la más grande piscicultura terrestre construida hasta ahora en Chile.

    En la carretera que bordea la piscicultura hay muchos carteles en los que se lee "No a la salmonera" y "Río sin salmonera". El movimiento Río San Pedro sin salmoneras, representado legalmente por los abogados de la ONG chilena Defensoría Ambiental, está compuesto por más de 100 personas. A ellos se unió en los tribunales el municipio de Valdivia, la ciudad más grande de la región.

    Hoy en día, Chile controla el 38% del mercado mundial del salmón, y cada año se crían en el país más de un millón de toneladas de este pescado.

  • ONGs rechazan flexibilización de estándares ambientales para la industria salmonera

    ONGs rechazan flexibilización de estándares ambientales para la industria salmonera

    Un grupo de más de veinte organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, Oceana, Fundación Terram, la campaña Salvemos la Patagonia y la Agrupación Aisén Reserva de Vida, rechazó la flexibilización de estándares ambientales para la industria salmonera contenida en el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional (Boletín N°18.216-05).

    La declaración, difundida por la vocera de Salvemos la Patagonia, Javiera Valencia, advierte que la mega reforma impulsada por el Gobierno permite la expansión de la industria salmonera en los mares australes sin contrapesos, en un sector que históricamente presenta incumplimientos ambientales con impactos ampliamente documentados sobre los ecosistemas marinos.

    Uno de los puntos más críticos es la figura de las “micro-relocalizaciones”: la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la propuesta del Gobierno —liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz— que permitiría a las concesiones acuícolas moverse 350 metros fuera del área autorizada sin evaluación ambiental, en busca de lugares no saturados por la contaminación del fondo marino.

    Las organizaciones subrayan que el 79% de las concesiones que buscan relocalizarse fueron entregadas a perpetuidad, y que las micro-relocalizaciones podrían incluso darse al interior de áreas protegidas sin planes de manejo, lo que está prohibido por la Ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

    “Hoy, con el beneplácito del Senado, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está regalando nuestro mar a una industria con graves impactos ambientales”, advierten los firmantes, quienes además recuerdan que la Región de Aysén concentra cientos de concesiones salmoneras, muchas de ellas en zonas de alto valor ecológico de la Patagonia.

    Firman la declaración: Greenpeace, Oceana, Fundación Terram, Campaña Salvemos la Patagonia, Observatorio Ciudadano, ONG FIMA, Chile Sustentable, ONG Pesca Sustentable, ONG Ecosistemas, ONG Yaqu Pacha Chile, Centro Ballena Azul, Fundación Centinela Patagonia, Fundación Lenga, Agrupación Aisén Reserva de Vida, Uno Punto Cinco, Fundación Oceanósfera, Fundación Relaves, Fundación Basura y Codeff, entre otras.