El empresario Andrónico Luksic respondió a un usuario de redes sociales que, pese a la nueva exención de contribuciones para las personas mayores de 65 años, continuará pagándolas voluntariamente: “Voy a seguir pagando mis contribuciones hasta el día que me muera”. T13
Su decisión personal puede parecer generosa, pero también deja al descubierto el principal problema de la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast: el beneficio fue diseñado de manera universal, sin distinguir entre un pensionado de ingresos modestos y uno de los hombres más ricos de Chile.
La eliminación del impuesto territorial para la vivienda principal de los mayores de 65 años fue aprobada por el Congreso dentro de la llamada “megarreforma” gubernamental. Sin embargo, todavía debe completar su tramitación formal, ser promulgada y publicarse para entrar efectivamente en vigor. El País
Aquí aparece la contradicción: mientras innumerables trabajadores pagan durante 20, 30 o más años un crédito hipotecario para conseguir su única vivienda y llegan a la jubilación con pensiones insuficientes, la ley también exime automáticamente a quienes poseen enormes patrimonios y no necesitan ayuda estatal.
El propio Luksic afirma que continuará pagando. Pero la justicia tributaria no puede depender de la buena voluntad de un multimillonario. Una política pública responsable debería entregar el beneficio completo a quienes realmente lo necesitan y mantener la obligación para quienes cuentan con ingresos y patrimonios suficientes.
Además, las contribuciones financian directamente a las municipalidades y al Fondo Común Municipal. Si los propietarios más acomodados dejan de aportar, ese dinero tendrá que reponerse con recursos generales del Estado, provenientes de impuestos que pagan todos los chilenos, incluido el IVA que afecta por igual al pensionado, al trabajador y al multimillonario.
El Gobierno puede anotar esta iniciativa entre sus promesas cumplidas. No obstante, cumplir rápidamente una promesa no significa necesariamente haber construido una buena política pública. La verdadera evaluación debe considerar quién recibe el beneficio, quién termina financiándolo y cuánto dinero perderán las comunas más dependientes del Fondo Común Municipal.
El diagnóstico es sencillo: dejar de cobrar contribuciones a una persona mayor que sobrevive con una pensión baja es justicia social; eximir también a un multimillonario es un regalo tributario innecesario.
La respuesta de Luksic, quizás sin proponérselo, terminó demostrando precisamente aquello que el Gobierno se niega a reconocer: no todos los mayores de 65 años necesitan que el resto de Chile les pague las contribuciones.
