Autor: Víctor Reyes

  • El silencio que encubre a los agresores: la realidad oculta de la violencia sexual infantil en Aysén

    El silencio que encubre a los agresores: la realidad oculta de la violencia sexual infantil en Aysén

    En la Región de Aysén, las noticias sobre delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes nos golpean con fuerza, pero la indignación dura poco. Como se mencionó en El Divisadero, estos casos aparecen en los medios, generan preocupación y comentarios, pero al cabo de unos días desaparecen de nuestras conversaciones cotidianas, dejando en evidencia una realidad que afecta directamente la seguridad y los derechos de nuestras infancias en el territorio.

    Hablar de esta violencia exige mucho más que referirnos a cifras o condenas; nos obliga a mirar lo que ocurre detrás de las puertas de nuestras propias familias. Con frecuencia, quien agrede pertenece al círculo cercano: un padre, un abuelo, un tío, un hermano o una pareja. Así, aquello que debiera ser una alarma se transforma en silencio, un silencio que se guarda para “proteger” a la familia y que hace casi imposible que una infancia pueda contar lo que está viviendo.

    Cuando una familia enseña que determinados temas no pueden ser nombrados, o que mantener la apariencia de normalidad es más importante que escuchar a un niño o niña, se construye un escenario donde la violencia permanece invisible. Esta omisión adulta es una responsabilidad concreta que deja desprotegidos a los más vulnerables en nuestra propia casa, vulnerando su derecho a vivir sin miedo y a que su cuerpo les pertenezca.

    Frente a esta realidad regional, la pregunta no debiera ser solo cuántos casos existen o cuántas condenas se han obtenido, sino cuántos niños y niñas están viviendo hoy situaciones que todavía nadie conoce. Y, sobre todo, qué estamos haciendo como actores de esta realidad para combatirlo. Es una pregunta incómoda que cuestiona nuestras propias acciones y la pasividad que permite que estos secretos sigan destruyendo vidas.

    No podemos esperar que sean siempre las infancias quienes encuentren las palabras para denunciar lo que los adultos no hemos querido mirar. Es nuestro deber como cuidadores garantizar sus derechos: educar para que sepan que pueden hablar, que su cuerpo es suyo, que ningún adulto puede pedirles guardar secretos que les causen miedo o vergüenza, y que pedir ayuda no significa destruir una familia.

    Sin embargo, hoy sigue faltando una responsabilidad activa de los adultos para aprender a escuchar y garantizar estos derechos. Mientras el silencio familiar siga siendo la norma y la apariencia valga más que la protección, la violencia sexual infantil seguirá siendo un secreto a voces en la Región de Aysén, sin que se concrete un compromiso real y efectivo para desarticularlo desde la raíz.

  • Bajo la lupa: Contraloría fiscaliza el ELEAM de Coyhaique tras denuncias de abandono y abuso

    Bajo la lupa: Contraloría fiscaliza el ELEAM de Coyhaique tras denuncias de abandono y abuso

    La vida y la dignidad de 70 adultos mayores con dependencia moderada a severa en la Región de Aysén están en entredicho. El ELEAM Eliana Contreras Monje de Coyhaique, parte de la Red Pública y del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, enfrenta graves acusaciones que afectan directamente a los residentes y sus familias.

    Los diputados Alejandra Valdebenito y René Alinco denunciaron el lunes irregularidades que atentan contra los derechos básicos de los usuarios: falta de servicios básicos, malas condiciones de atención, seguridad deficiente y, lo más grave, la eventual ocurrencia de delitos como abusos sexuales tanto contra los residentes como contra los funcionarios.

    Ante esta alarmante situación, el contralor regional Ricardo Hevia lideró una visita fiscalizadora al recinto. El equipo inspeccionó las condiciones generales de operación, revisando de manera detallada la infraestructura, los baños, las habitaciones y los espacios comunes para evaluar la calidad y pertinencia del servicio que se está entregando.

    La Contraloría no solo se limitó a la observación en terreno, sino que recopiló información de los distintos servicios públicos involucrados en la administración y financiamiento del ELEAM. Ahora, la institución examinará los documentos y protocolos de la Seremi de Salud, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Coyhaique, entidades responsables directas del funcionamiento del centro.

    Los antecedentes recopilados serán analizados para verificar el cumplimiento de la normativa y determinar acciones correctivas. Sin embargo, mientras se esperan resultados, la incertidumbre persiste: ¿quién responde por el abandono y los presuntos abusos en un espacio que debería garantizar un ambiente protegido? La ciudadanía y los trabajadores exigen respuestas concretas y urgentes, según se mencionó en El Divisadero.

    Cabe recordar que los parlamentarios aseguraron que en el ELEAM existe falta de servicios básicos, malas condiciones de atención y seguridad, además de la eventual ocurrencia de delitos, según lo informado por el medio original.

  • Puerto Aysén: tras las barras agresor por femicidio tentado; Fiscalía tendrá 60 días para investigar

    Puerto Aysén: tras las barras agresor por femicidio tentado; Fiscalía tendrá 60 días para investigar

    La seguridad de las mujeres en Puerto Aysén vuelve a estar en el centro del debate tras la audiencia de control de detención del pasado 18 de septiembre, donde un sujeto de 29 años fue formalizado por femicidio tentado. De acuerdo con lo informado por El Divisadero, el Tribunal de Garantía de la ciudad porteña acogió los antecedentes presentados por el Ministerio Público, dejando al imputado tras las barras mientras se esclarece el hecho.

    Este tipo de violencia no solo atenta contra la vida e integridad de las mujeres, sino que profundiza el clima de inseguridad en los barrios de la comuna, donde la confianza vecinal se ve quebrada por la actuación de agresores que permanecen en libertad hasta que la justicia actúa. La medida cautelar de prisión preventiva responde a la urgencia de resguardar a la víctima y a la comunidad, reconociendo el peligro real que representa el imputado en el territorio.

    El abogado de la Fiscalía Local de Puerto Aysén, Jorge Carrasco, fue claro al exponer los fundamentos de la solicitud: existían antecedentes suficientes para establecer los presupuestos materiales del delito y la necesidad de cautela. “El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva logrando acreditar ante el tribunal los presupuestos materiales y necesidad de cautela para efectos de resguardar también la seguridad de la víctima y de la sociedad”, indicó el representante del Ministerio Público.

    La decisión del tribunal se basó en pruebas documentales y declaraciones de testigos que motivaron la detención inicial. “En dicha audiencia se expusieron los antecedentes que motivaron la detención de un sujeto de sexo masculino, así como también las pruebas documentales y declaraciones de testigos”, señaló Carrasco, dejando en evidencia la gravedad de los hechos que se investigan en la región.

    Sin embargo, la justicia otorga un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias investigativas. Este tiempo es crucial para la Fiscalía, que deberá reunir los antecedentes necesarios para llevar a juicio a un agresor que ya demostró ser un peligro. Queda en duda si las instituciones y los servicios de protección en Aysén están actuando con la rapidez suficiente para prevenir que estos hechos terminen en tragedias mayores, mientras la comunidad espera respuestas concretas y no solo medidas reactivas.

  • Diputados recurren a Contraloría por el ELEAM: fiscalización tardía y sin propuestas para los 62 adultos mayores abandonados en Coyhaique

    Diputados recurren a Contraloría por el ELEAM: fiscalización tardía y sin propuestas para los 62 adultos mayores abandonados en Coyhaique

    Los diputados Alejandra Valdebenito (UDI) y René Alinco (Ind.) llegaron a la Contraloría General de la República con un arsenal de denuncias sobre el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de Coyhaique. Según se mencionó en El Divisadero, el recinto alberga a 62 personas mayores que estarían expuestas a condiciones de atención cuestionables, falta de servicios básicos y, según los propios parlamentarios, posibles delitos sexuales al interior del establecimiento. La pregunta que queda en el aire es: ¿dónde estaban estas autoridades cuando la situación se venía gestando desde 2025?

    Valdebenito, diputada de la UDI —partido de gobierno—, reconoció que este es “un problema que se arrastra desde el año 2025”, pero no explicó por qué recién ahora, desde su rol oficialista, decide “poner las cartas sobre la mesa”. Su discurso de que “el queque va a resultar igual de malo” suena más a justificación que a propuesta concreta. ¿Qué medidas inmediatas están tomando más allá de recurrir a la Contraloría? ¿Por qué no se activaron los mecanismos de fiscalización parlamentaria antes?

    El diputado Alinco fue más lejos y denunció “delitos gravísimos de índole sexual” contra usuarios e incluso funcionarios, además de la presencia de una persona con antecedentes por “hechos de sangre” dentro del recinto. “No puede ser eso”, dijo el parlamentario, sin embargo, no detalló qué acciones legales concretas están impulsando más allá de la denuncia en Contraloría. Tampoco explicó por qué, habiendo realizado la visita hace 15 días, recién ahora se hace público el caso.

    Ambos diputados señalaron que la persona acusada de delitos sexuales fue “encerrada en una oficina” y luego sacada del establecimiento, sugiriendo que hubo un encubrimiento o al menos una maniobra para ocultar la situación antes de su visita. “Yo tengo certeza firme de que los sacaron”, afirmó Alinco, responsabilizando directamente a la directora del SENAMA y a la Seremi de Desarrollo Social. Pero más allá de señalar culpables, no hay un plan concreto para resguardar a los 62 adultos mayores que siguen en el lugar.

    La falta de personal es otro punto crítico que los propios parlamentarios reconocen. “Falta personal, falta preocupación del Servicio de Salud o del sistema de salud regional. El personal que tiene que prestar servicio no está completo”, afirmó Alinco. Sin embargo, no se menciona cuántos funcionarios faltan, cuál es el presupuesto asignado ni qué gestión están haciendo para que se complete la dotación. La denuncia queda en el aire sin números ni plazos.

    Valdebenito invitó al gobierno a “ser parte de la solución definitiva” y reconoció que “esto es un problema que se hereda de la administración anterior”, pero no detalla qué está haciendo el Ejecutivo actual para encauzar la situación. La diputada oficialista parece olvidar que su coalición lleva meses en el poder y que la inacción también es una forma de administrar el problema.

    Los parlamentarios anunciaron que pedirán una audiencia con la ministra de Desarrollo Social y Familia después del 18 de septiembre. Mientras tanto, los 62 adultos mayores del ELEAM de Coyhaique siguen esperando respuestas concretas, no más promesas ni declaraciones que, aunque suenan contundentes, no se traducen en soluciones inmediatas para quienes viven en un lugar que, según los propios diputados, se ha convertido en un espacio de vulneración de derechos.

  • El patriotismo de papel: silencio de Kast frente a la pérdida de soberanía y los insultos extranjeros

    El patriotismo de papel: silencio de Kast frente a la pérdida de soberanía y los insultos extranjeros

    Cada año se aclara qué se celebra el 18 de septiembre en Chile y, aunque pareciera quedar bien establecido el hecho histórico, la realidad indica que siguen las confusiones. No se conmemora la Independencia de Chile ni mucho menos, se recuerda la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno que declaraba su fidelidad al depuesto rey español Fernando VII, apresado por el emperador Bonaparte, y juraba defender sus dominios en esta lejana colonia. En ese hecho no hay “independencia”, aunque marcó el inicio del proceso de independencia definitiva que culminaría en 1818.

    La historia recuerda a los hombres y mujeres que por diferentes medios lograron el objetivo de convertir a Chile en una república independiente y, con diferentes cuestionamientos al rol que cada uno jugó en el proceso, hay acuerdo en que los héroes y heroínas de la independencia son Bernardo O’Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, Javiera Carrera, Fray Camilo Henríquez y muchos otros/as que entregaron su vida por la naciente patria. Son los Patriotas de la Patria fundacional que nos dieron Libertad y Soberanía.

    Han transcurrido más de 200 años de la mencionada Independencia y estas “Fiestas Patrias” celebradas con empanadas, chicha, cueca o cumbia, debieran ser el momento para preguntarnos si somos realmente un país libre, independiente, soberano. Cuando el suelo patrio es explotado por empresas transnacionales que se llevan las riquezas a otros países y no quedan para beneficio de los chilenos; cuando el agua, elemento vital para la vida, es de privados que la operan en el mercado, como el grupo español Agbar, la soberanía se resiente.

    La contradicción se agrava con las omisiones del gobierno de turno. Cuando un presidente de otro país viene al suelo patrio e insulta a millones de chilenos tratándolos de “zurdos mugrosos” y celebra la llegada de una dictadura militar el ’73, Kast solo sonríe. A esto se suma que cuando el embajador de EEUU dice que es fácil aplicar la doctrina Monroe en nuestro país, el Canciller chileno NADA responde, y cuando autoridades argentinas ponen en duda nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, Kast nada dice.

    Estos hechos evidencian una pérdida concreta de libertad y soberanía. Hemos perdido la libertad de decidir sobre nuestras riquezas como el cobre o sobre el agua, hemos perdido soberanía sobre el territorio, y los supuestos “patriotas” no nos aseguran independencia ni soberanía. ¿Conservaremos los símbolos patrios y algunas tradiciones cuando el imperio yanqui nos gobierne con el beneplácito de los llamados defensores de la libertad, la patria, la familia?

    Ahora es cuando recordamos a aquellos, de este siglo, que no se nombraban a sí mismos “patriotas”, pero lo eran en los hechos, anteponiendo los intereses del pueblo por sobre la riqueza propia, nacionalizando el cobre, construyendo viviendas, asegurando empleo y sueldos justos, defendiendo Chile y su soberanía frente al gran imperio del norte. Ahora, mucho llenarse la boca de Patria, Libertad y en el momento en que deben demostrarlo no lo hacen. Seguramente eran metáforas, según se mencionó en El Divisadero.

  • CRITERIA: KAST CAE A SU MENOR APROBACIÓN DESDE MARZO Y LA DESAPROBACIÓN LLEGA AL 59%

    CRITERIA: KAST CAE A SU MENOR APROBACIÓN DESDE MARZO Y LA DESAPROBACIÓN LLEGA AL 59%

    La última Agenda Criteria confirma una tendencia que se ha ido consolidando durante los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast.

    La medición publicada este 20 de septiembre sitúa su aprobación en 29% y su desaprobación en 59%.

    Es decir, existe actualmente una diferencia de 30 puntos porcentuales entre quienes aprueban y quienes desaprueban la conducción presidencial.

    La comparación con marzo es significativa. El 22 de marzo, Criteria registraba un 50% de aprobación frente a un 37% de desaprobación. El 29 de marzo las curvas ya se habían invertido —43% versus 47%— y desde entonces la aprobación no ha vuelto a superar la desaprobación en esta serie.

    En septiembre la secuencia también es clara: 30%-58% el día 6; 31%-55% el día 13; y 29%-59% el día 20. Son datos de una encuesta, no una elección ni una sentencia definitiva sobre el gobierno, pero muestran el estado de la evaluación presidencial captado por Criteria en este momento.

    La encuesta fue levantada el 16 de septiembre mediante un panel online de 802 personas y utiliza una metodología no probabilística.

  • Consensos coyunturales y sin mayoría estable: la frágil victoria legislativa de Paz en Bolivia

    Consensos coyunturales y sin mayoría estable: la frágil victoria legislativa de Paz en Bolivia

    Con la aprobación de la ampliación del estado de excepción y del crédito del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Rodrigo Paz logró un respaldo legislativo clave. Sin embargo, según analistas consultados por el medio boliviano La Razón, no se trata de una mayoría oficialista estable, sino de consensos coyunturales que reflejan la profunda fragmentación de la Asamblea.

    El analista Andrés Gómez fue enfático al distinguir entre conseguir votos y construir consenso. “Una cosa es tener consensos y otra, muy distinta, tener votos. Los 100 votos para ampliar el estado de excepción muestran que Paz puede construir mayorías, pero no necesariamente un consenso legislativo estable”, señaló. Para Gómez, la Asamblea está fragmentada y muchos parlamentarios privilegian sus intereses particulares por encima de la disciplina partidaria.

    Entre las hipótesis que explican este fenómeno, Gómez mencionó las denuncias de la abogada Nadia Beller sobre supuestos pagos a legisladores, y las de la senadora Ana María Crispín sobre beneficios o cargos para familiares. Si se comprobaran, estaríamos ante una construcción de lealtades basada en intereses particulares. A esto se suma un cálculo político simple: algunos legisladores temen que si cae Paz, también caiga el espacio de poder que acaban de conquistar.

    El analista advierte que una mayoría coyuntural no es lo mismo que una mayoría reformista. “La Asamblea es muy volátil y cada proyecto puede modificar el mapa de alianzas. El Gobierno tendrá que negociar reforma por reforma, voto por voto”, explicó. Alertó sobre el riesgo de acostumbrar a los parlamentarios a recibir pequeños “shutes de dopamina política” cada vez que respaldan una medida, lo que exigiría dosis mayores de incentivos para mantenerlos motivados, algo insostenible para una reforma de Estado.

    Por su parte, la analista Susana Bejarano sostuvo que el Gobierno realizó una “operación político parlamentaria” para romper las bancadas, configurando un posible “transfugio”. “De otra manera no explicas que jefes de bancada anuncien una votación y sus parlamentarios hagan lo contrario; evidentemente hay acuerdos personales con miembros del Gobierno”, indicó. Reconoció la fuerza del Ejecutivo, pero advirtió que mientras la Asamblea responde, “la calle se está crespando” y sectores que apoyaban la salida del MAS hoy están de espaldas.

    Otros analistas coinciden en la fragilidad de estos apoyos. Ricardo Paz destacó que el respaldo se dio por temas de interés general, pero no habrá una mayoría de “levanta manos”. Reymi Ferreira vio una coincidencia programática con partidos como Libre y Unidad Nacional, mientras que Carlos Saavedra calificó la política actual como “líquida”, sin consistencia de bancadas ni liderazgos claros, donde los consensos deben renovarse permanentemente.

    En este escenario, el desafío para el Gobierno boliviano es determinar si esta capacidad de negociación circunstancial puede extenderse a su agenda de reformas. Por ahora, Paz no tiene una mayoría propia, sino una frágil alianza construida sobre la volatilidad y los intereses particulares de una Asamblea multifragmentada.

  • Detienen al ex asesor de Milei en Bolivia: lo acusan de autor intelectual de un ataque armado contra una abogada

    Detienen al ex asesor de Milei en Bolivia: lo acusan de autor intelectual de un ataque armado contra una abogada

    Fernando Cerimedo, ex asesor de la campaña de Javier Milei y actual consultor del presidente boliviano Rodrigo Paz, fue arrestado en la madrugada en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando se preparaba para volar a Buenos Aires. La detención se produce horas después del ataque armado contra la abogada Nadia Beller, quien recibió cuatro balazos en la puerta de un hotel de manos de dos sicarios disfrazados de repartidores.

    Beller, quien se fingió muerta para salvar su vida, fue dada de alta y trasladada a su domicilio con custodia policial. Desde allí, denunció que Cerimedo le mintió al decirle que le había mandado escoltas. La Fiscalía de Bolivia lo imputó por femicidio en grado de tentativa y solicitó la detención preventiva por riesgo de fuga, lo que se tradujo en 180 días de prisión preventiva, según informó el Fiscal General Roger Mariaca Montenegro.

    La investigación apunta a que Cerimedo habría participado como presunto autor intelectual del atentado, contactando a los dos hombres que efectuaron los disparos y que hoy están prófugos. Además, se baraja la hipótesis de un vínculo sentimental previo y una discusión entre ambos. Ante los periodistas en el Palacio de Justicia, Cerimedo rompió en llanto y ocultó el rostro.

    La defensa del consultor rechaza las acusaciones: su abogada, Margarita Arce, calificó el proceso de un “show político” y aseguró que no existen pruebas. Sin embargo, Beller difundió en sus redes fotos donde se ven fajos de billetes y una condecoración que señala a Cerimedo como asesor personal de SE, exigiendo que el caso no sea declarado en reserva.

    Cerimedo, quien se presentó como jefe de comunicación de la campaña de Milei en 2023, ya era conocido en la región por su trabajo con Jair Bolsonaro. En 2021 creó el portal La Derecha Diario, señalado por difundir desinformación. De acuerdo con lo informado por Chequeado, su historial laboral real es más terrenal de lo que aparenta: antes de fundar su agencia, trabajó en una empresa de taxis en Mar del Plata, en una aseguradora y en una fábrica de plásticos.

    Las sombras sobre Cerimedo se profundizan con la investigación de la Policía Federal de Brasil. Según el reporte policial, el consultor integró el centro de desinformación y ataques al sistema electoral que buscó incentivar un golpe de Estado tras la victoria de Lula en 2022. Aunque Cerimedo alegó inocencia y la Fiscalía brasileña lo eximió de cargos en febrero de 2025, su nombre sigue ligado a las tramas de la derecha trumpista sudamericana.

  • De Aysén al Biobío: Cinco jóvenes promesas del fútbol regional buscarán su sueño en Huachipato

    De Aysén al Biobío: Cinco jóvenes promesas del fútbol regional buscarán su sueño en Huachipato

    Cinco jóvenes promesas de la Región de Aysén viajarán en octubre hasta Talcahuano, en la Región del Biobío, para vivir una experiencia única y probar sus condiciones en las divisiones del fútbol joven del club deportivo Huachipato. Se trata de Sofía Ojeda, volante de 15 años, y Maximiliano Becerra, volante creativo de 15 años, ambos de Puerto Aysén; Vicente Mansilla, delantero y volante de 15 años, y Joaquín Rogel, centrodelantero de 14 años, de Coyhaique; y Ezequiel Catelican, delantero de ocho años, de Balmaceda.

    Entre los seleccionados destaca el caso de Sofía Ojeda, quien tendrá una oportunidad distinta a la de sus compañeros. La joven no será evaluada para la categoría Sub-17, sino que será observada con miras a una eventual incorporación al plantel profesional femenino de Huachipato, abriendo una puerta histórica para el fútbol femenino de la zona.

    El director de la filial de Huachipato en Coyhaique, José Miranda, detalló que la escuela comenzó sus actividades hace aproximadamente un mes, luego de conversaciones con la institución y con el director técnico del plantel profesional, Jaime García. “Nos instalamos y ahora tenemos más de 60 alumnos y dentro de ellos pude captar a varios niños que tienen condiciones para que los podamos enviar. Dentro de esos niños están ellos”, destacó Miranda.

    Este proceso forma parte de los objetivos de la escuela, siendo los cinco jóvenes los primeros alumnos enviados a probarse al club “Acerero”. La idea es desarrollar nuevos procesos que permitan que más talentos de la región puedan tener esta oportunidad. Para ello, es necesario trabajar distintos aspectos de su preparación, tanto en el ámbito físico y técnico como psicológico. “Estamos contentos de poder llevar niños. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, porque allá se entrena todos los días. Además tenemos la misma exigencia, la idea es que vayan con la mejor preparación”, afirmó Miranda.

    Los jóvenes viajarán desde el lunes 5 hasta el jueves 15 de octubre. Durante su estadía, entrenarán de lunes a viernes junto a los cadetes de las distintas categorías del fútbol joven de Huachipato y disputarán un partido durante el fin de semana. Posteriormente, continuarán con los entrenamientos y serán los propios técnicos del club quienes evaluarán sus condiciones y determinarán si reúnen los requisitos para permanecer en la institución.

    Actualmente, la filial de Huachipato en Coyhaique todavía cuenta con cupos para quienes quieran incorporarse, manejando las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13 y Sub-15. Si bien la escuela está conformada mayoritariamente por varones, próximamente esperan incorporar una entrenadora para iniciar el trabajo con una categoría femenina, debido al potencial que existe en el fútbol femenino regional. Para conocer más sobre la escuela y sus actividades, se puede visitar sus cuentas de Instagram @huachipato.coyhaique y Facebook Huachipato Coyhaique, de acuerdo con lo informado por Diario Regional Aysén.

  • Corte de Coyhaique desestima amparo de Calisto y mantiene acusación por fraude al Fisco

    Corte de Coyhaique desestima amparo de Calisto y mantiene acusación por fraude al Fisco

    La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó este miércoles el recurso de amparo presentado por el senador Miguel Ángel Calisto Águila, quien enfrenta una imputación del Ministerio Público como autor del delito de fraude al Fisco. En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y Luis Aedo Mora— desestimó la acción constitucional interpuesta contra una resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique que había rechazado una solicitud de ampliación del plazo de investigación y una cautela de garantías planteadas por la defensa.

    La Corte estableció que las controversias de la defensa sobre el acceso a antecedentes y el tiempo para examinarlos no constituyen una amenaza a la libertad personal o seguridad individual de Calisto. El tribunal añadió que no se acreditó que la decisión del Juzgado de Garantía genere una amenaza “ilegal, cierta y concreta” sobre la libertad del senador, requisito necesario para que proceda el amparo. Asimismo, el fallo precisó que tres antecedentes reclamados por la defensa (NUE 6146900, 6146901 y 6146902) no fueron incorporados por el Ministerio Público en su acusación, por lo que no podrían ser utilizados contra él en un eventual juicio.

    La causa se remonta a hechos investigados desde 2021, ocurridos cuando Calisto se desempeñaba como diputado por Aysén. El Ministerio Público sostiene que existieron asesorías parlamentarias que no se habrían realizado efectivamente, ocasionando un perjuicio fiscal superior a $100 millones. El senador fue formalizado en enero de 2026 y la investigación quedó inicialmente con un plazo de 120 días.

    En febrero, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó continuar el procedimiento tras acoger recursos de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado contra una resolución que había suspendido la tramitación. Luego de que el Ministerio Público cerrara la investigación y presentara una primera acusación, en julio el Juzgado de Garantía ordenó reabrirla por 60 días para diligencias solicitadas por las defensas, dejando sin efecto temporalmente el cierre y la acusación. A comienzos de septiembre, la Fiscalía volvió a cerrar la investigación y presentó una nueva acusación contra ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones; en el caso de Calisto, la imputación es por fraude al Fisco.

    El Ministerio Público ha solicitado el desafuero del senador, trámite necesario para que el procedimiento penal pueda avanzar en su contra. La Fiscalía sostiene que las diligencias efectuadas durante la reapertura reforzaron su tesis respecto de asesorías que, según la acusación, no habrían sido realizadas.

    Versión de la defensa: Calisto y su defensa han rechazado las imputaciones y controvertido la tesis de la Fiscalía, sosteniendo durante el proceso que se han afectado garantías procesales del parlamentario. El rechazo del amparo no implica una declaración de culpabilidad, cuestión que solo puede establecerse mediante una sentencia judicial.

    Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).