La tranquilidad de las familias de Puerto Aysén se volvió a romper esta semana cuando la violencia irrumpió dentro de un colegio. El Juzgado de Garantía de la ciudad formalizó este martes 22 de septiembre a S.A.U.T., una adolescente de 14 años, como autora de lesiones menos graves y porte de arma cortopunzante sin justificación, delitos cometidos la mañana del lunes 21 al interior del colegio Sagrada Familia.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la audiencia de formalización (causa rol 1.351-2026), alrededor de las 10:37 horas la imputada portaba un arma cortopunzante sin justificación dentro del establecimiento y agredió con ella a una estudiante de 15 años, propinándole diversas estocadas que la alcanzaron en muslo y glúteo. Las heridas fueron calificadas como menos graves, pero el impacto en la comunidad escolar y en la víctima trasciende cualquier calificación penal.
La estudiante agredida fue atendida inicialmente por personal docente en el lugar y luego trasladada por SAMU hasta el Hospital de Puerto Aysén. Que la primera respuesta de auxilio haya dependido del personal escolar —y no de un protocolo institucional robusto— plantea interrogantes sobre las capacidades reales de los establecimientos educacionales de la región para enfrentar situaciones de violencia extrema.
El magistrado Rodrigo Grez decretó como medidas cautelares la prohibición de acercamiento de la imputada a la víctima, su domicilio y los lugares que frecuente, además de la prohibición de ingreso al colegio Sagrada Familia y la sujeción a la vigilancia de la corporación Opción. El tribunal fijó 45 días de plazo para la investigación.
Estas medidas, si bien buscan resguardar a la víctima y a la comunidad escolar, dejan al descubierto una falla previa: ¿cómo llegó un arma cortopunzante al interior de un colegio? La formalización sanciona el hecho consumado, pero no responde por las omisiones que permitieron que una adolescente de 14 años ingresara con un elemento letal a un espacio donde cientos de estudiantes desarrollan su vida cotidiana.
En una región como Aysén, donde las distancias son largas y los recursos escasos, la escuela suele ser también un espacio de contención social. Cuando la violencia irrumpe allí, se fractura no solo la seguridad de una víctima, sino la confianza de toda una comunidad que deposita a sus hijos en el sistema educativo público. Las medidas cautelares son necesarias, pero insuficientes si no vienen acompañadas de una revisión profunda de los protocolos de ingreso, detección de armas y prevención de la violencia escolar en los establecimientos de la región.
De acuerdo con lo informado por Diario Regional Aysén, la causa sigue en investigación y el plazo de 45 días deberá arrojar nuevas luces sobre las circunstancias que rodearon el hecho. Mientras tanto, la comunidad del Sagrada Familia y las familias de Puerto Aysén se quedan con una pregunta abierta: ¿qué falló para que esto ocurriera y qué se está haciendo para que no vuelva a pasar?
