La semana reciente marcó un hito concreto para Coyhaique: el arranque del estudio de prefactibilidad que determinará la viabilidad de una nueva cárcel. Este proceso, anunciado por las autoridades locales, busca evaluar aspectos clave como el presupuesto, el tamaño y ubicación de los terrenos, y el cumplimiento de estándares de seguridad y derechos humanos. Según se informó en Viento Patagón, el proyecto contempla un establecimiento con capacidad para 500 personas, incluyendo espacios diferenciados para hombres, mujeres, aislados y personas en tránsito, además de talleres laborales, escuela penal, enfermería y dependencias para gestión de casos. La elección del terreno será crucial, ya que se prioriza una ubicación accesible para visitas, tribunales y servicios de emergencia, evitando solapamientos con la dinámica del sistema penitenciario actual. El estudio analizará al menos nueve opciones de terrenos, con un plazo de un año para entregar el anteproyecto al Ministerio de Desarrollo Social, que será responsable del financiamiento. Sin embargo, la construcción de una cárcel no es un proceso rápido: se estima que pueda tomar hasta una década completarlo, dependiendo de resultados técnicos y recursos disponibles. Aunque el avance es positivo, quedan muchos pasos por dar, y la ciudadanía de Aysén y el país esperan que esta iniciativa responda a las demandas históricas de una infraestructura penitenciaria adecuada a las necesidades regionales., según se mencionó en El Divisadero.
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